https://revistalex.org/
Volumen
7, No. 24, abril-junio 2024
ISSN: 2631-2735
Páginas 302 - 322
La
justicia constitucional especializada en Perú y la doble competencia de jueces
ordinarios-constitucionales en Ecuador
Specialized
constitutional justice in Peru and the dual competence of
ordinary-constitutional judges in Ecuador
Justiça
constitucional especializada no Peru e a dupla competência dos juízes
constitucionais ordinários no Equador
Alisson
Nicole Solórzano Véliz
svan.1315802171@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-9108-3513
María
Yokir Reyna Zambrano
yokirreyna@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0524-0399
Universidad
San Gregorio de Portoviejo. Portoviejo, Ecuador
Artículo recibido
28 de febrero 2024 | Aceptado 28 de marzo 2024 | Publicado 26 de abril 2024
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https://doi.org/10.33996/revistalex.v7i24.185
RESUMEN
En el ámbito del derecho constitucional, la
protección de la Carta Magna y la tutela de los derechos fundamentales son
pilares fundamentales para el Estado de Derecho. El objetivo es analizar la
justicia constitucional especializada en Perú y la doble competencia de jueces
ordinarios-constitucionales en Ecuador. De enfoque cualitativo, de análisis
jurídico, tipo jurídico-documental. El paradigma interpretativo y el método
hermenéutico, la técnica fue revisión bibliográfica documental, la muestra
documentos de los sistemas judiciales de Ecuador y Perú. Los resultados revelan
un punto significativo es la eficacia del sistema y la aplicación del debido
proceso tanto en Ecuador como en Perú. En Ecuador, la doble competencia de
jueces ordinarios, evidencias inconformidades. En Perú, la justicia
especializada surgió debido a la desconfianza del sistema de justicia
ordinaria. Se concluye que la implementación de un sistema de justicia
especializada en materia constitucional es una necesidad imperante para
fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la tutela efectiva de los derechos
fundamentales.
Palabras
clave:
Constitucional; Competencia; Justicia; Proceso
ABSTRACT
In the field of constitutional law, the
protection of the Magna Carta and the protection of fundamental rights are
fundamental pillars for the Rule of Law. The objective is to analyze
specialized constitutional justice in Peru and the dual competence of
ordinary-constitutional judges in Ecuador. Qualitative approach, legal
analysis, legal-documentary type. The interpretive paradigm and the
hermeneutical method, the technique was a documentary bibliographic review, the
sample documents from the judicial systems of Ecuador and Peru. The results
reveal a significant point is the effectiveness of the system and the
application of due process in both Ecuador and Peru. In Ecuador, the double
jurisdiction of ordinary judges evidences disagreements. In Peru, specialized
justice emerged due to distrust of the ordinary justice system. It is concluded
that the implementation of a specialized justice system in constitutional
matters is a prevailing need to strengthen the rule of law and guarantee the
effective protection of fundamental rights.
Key
words:
Constitutional; Competence; Justice; Process
RESUMO
No domínio do direito constitucional, a
protecção da Carta Magna e a protecção dos direitos fundamentais são pilares
fundamentais para o Estado de Direito. O objetivo é analisar a justiça
constitucional especializada no Peru e a dupla competência dos juízes
constitucionais ordinários no Equador. Abordagem qualitativa, análise jurídica,
tipo jurídico-documental. No paradigma interpretativo e no método hermenêutico,
a técnica foi uma revisão bibliográfica documental, a partir de documentos
exemplares dos sistemas judiciais do Equador e do Peru. Os resultados revelam
que um ponto significativo é a eficácia do sistema e a aplicação do devido
processo legal tanto no Equador quanto no Peru. No Equador, a dupla jurisdição
dos juízes ordinários evidencia divergências. No Peru, a justiça especializada
surgiu devido à desconfiança no sistema de justiça comum. Conclui-se que a
implementação de um sistema de justiça especializado em questões
constitucionais é uma necessidade predominante para fortalecer o Estado de
direito e garantir a proteção efetiva dos direitos fundamentais.
Palavras-chave:
Constitucional;
Competência; Justiça; Processo
INTRODUCCIÓN
La justicia constitucional, entendida como el
órgano encargado de interpretar y velar por la supremacía de la Constitución,
desempeña un papel crucial en la salvaguarda de los derechos y libertades
fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, la generalización de su
competencia puede conducir a una falta de especialización que afecta la calidad
y eficiencia de su labor. En este sentido, surge la necesidad de evaluar si una
justicia constitucional especializada podría ser la respuesta a los desafíos
particulares que enfrentan Ecuador y Perú en el ámbito judicial.
En palabras de Sira (2021) la justicia
constitucional es la actividad desarrollada por un órgano jurisdiccional, que
actúa como tercero imparcial, confrontando normas jurídicas y actos con la
Constitución en sentido formal y material, determinando la posible
inconstitucionalidad de dichas normas o actos, determinando su inaplicación, su
anulación o su nulidad.
En este aspecto, la investigación realizada
por Sarmiento, et. al., (2023), con el objetivo de analizar la creación de
Jueces especializados en Justicia Constitucional en Ecuador. Este estudio se
diseñó según el paradigma positivista, siguiendo los lineamientos basados en
una investigación descriptiva desde un punto de vista cuantitativo, brindando
datos descriptivos sustentados en una investigación documental-bibliográfica,
análisis de doctrinas, cuerpos normativos, documentos jurídicos, bibliografías
y trabajos arbitrados. Se concluye que, la justicia constitucional es la
encargada de conocer la garantía de la pura jurisdicción, y debe ser entendida
no sólo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista
práctico, y sean conocidos por la ciudadanía. Es necesario crear jueces
especialistas en la Corte Constitucional para que los jueces ordinarios, no se
sobre carguen de trabajo, lo que ocasiona retraso en los procesos ordinarios,
ya que se dedican a lo Constitucional, por ser de mayor peso, vulnerando los
derechos humanos de los ciudadanos.
El trabajo de Sarmiento, et. al. (2023) es
una valiosa contribución al artículo, ya que proporciona evidencia empírica,
amplía la perspectiva y enriquece la discusión sobre la especialización
judicial en justicia constitucional. La investigación documental y
bibliográfica brinda un panorama completo del tema, incluyendo diferentes
perspectivas y análisis. El estudio no se limita a analizar la situación en
Ecuador, sino que también aborda la importancia de la justicia constitucional
en general.
De esta manera, la presente investigación se
sumerge en las perspectivas jurídicas de dos naciones sudamericanas, Ecuador y
Perú, con el objetivo de analizar la imperiosa necesidad de una justicia
constitucional especializada. Este artículo científico tiene como objetivo
analizar la justicia constitucional especializada en Perú y la doble
competencia de jueces ordinarios-constitucionales en Ecuador. Bajo este
escenario la pregunta central que guiará la investigación es la siguiente:
¿Cuáles son las diferencias en la implementación de justicia constitucional
especializada en Ecuador y Perú?
En este contexto y para ampliar la idea del
tema en cuestión, los investigadores Bermeo y Guerra (2021), realizaron la
investigación Competencia constitucional especializada de jueces de primer
nivel, donde mencionan que con la Constitución de la República del año 2008, en
Ecuador se instauró la competencia constitucional en materia de garantías
jurisdiccionales a todos los jueces de primer nivel sin distinción de materia,
han transcurrido más de doce años desde la vigencia de la Carta Fundamental y
no se ha llegado a perfeccionar esta competencia en relación con la protección
eficaz e inmediata de los derechos fundamentales. Sin duda, se especuló en su
momento que la apuesta era mala a corto plazo y se consideró que, a largo plazo
sería adecuado que todos los jueces tengan una capacidad operativa instalada,
conformándose con la participación de jueces en programas de capacitación. Este
artículo abordó las problemáticas más relevantes que han sido notorias por la
falta de justicia constitucional especializada de primer nivel, desde
circunstancias mínimas, pero que han venido lesionando los derechos de tutela
judicial efectiva y la seguridad jurídica. Se aplicó la investigación con
enfoque mixto: cualitativo, se realizó un análisis crítico de doctrina, leyes,
jurisprudencia; y, cuantitativo mediante una encuesta dirigida a jueces de
primer nivel y a abogados constitucionalistas. Se utilizó el muestreo no
probabilístico por conveniencia, con criterios en la profesión de los
encuestados, accesibilidad y tiempo.
El estudio confirma que la competencia
constitucional general otorgada a todos los jueces de primer nivel en Ecuador
no ha logrado garantizar una protección eficaz e inmediata de los derechos
fundamentales. El estudio de Bermeo y Guerra (2021) enriquece la discusión
sobre la especialización judicial en justicia constitucional en Ecuador.
Para abordar este análisis comparativo, es
fundamental comprender el contexto histórico y legal de cada nación. Ecuador,
como Estado, ha experimentado diversas transformaciones políticas y sociales a
lo largo de su historia. Su sistema judicial, si bien ha evolucionado, enfrenta
desafíos importantes, como la congestión de casos, la necesidad de una justicia
constitucional especializada y el fortalecimiento de la protección de los
derechos constitucionales. En contraste, Perú, con una historia igualmente
compleja, ha implementado reformas significativas en su sistema judicial en los
últimos tiempos.
De igual forma, el presente análisis
comparativo se adentra en el estudio de los sistemas de justicia constitucional
de Ecuador y Perú, con el objetivo de comprender sus características
distintivas, valorar su eficacia en la protección de los derechos fundamentales
y explorar las ventajas y desventajas de la especialización judicial en materia
constitucional. A través del examen de casos emblemáticos que han marcado la
jurisprudencia constitucional en ambos países, se busca identificar los
desafíos y oportunidades que enfrentan sus sistemas judiciales. Adicionalmente, se analizaron las estrategias
adoptadas por Ecuador y Perú para abordar las demandas de una sociedad en
constante cambio, con el fin de identificar posibles soluciones que contribuyan
a fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una protección efectiva de los
derechos fundamentales de sus ciudadanos.
En este contexto, en el panorama de la
evolución judicial en América Latina, emerge un problema jurídico de gran
relevancia que involucra a dos países específicos: Perú y Ecuador. La
disyuntiva radica en la existencia de una justicia constitucional especializada
en Perú, en contraste con la atribución dual de jueces
ordinarios-constitucionales en Ecuador. Este contraste plantea interrogantes
sobre la eficacia de cada modelo en la protección de los derechos fundamentales
y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En Perú, la justicia constitucional se ha
especializado para abordar cuestiones relacionadas con la interpretación y
aplicación de la Constitución. Sin embargo, surge un dilema cuando se analiza
cómo se relaciona esta especialización con la doble competencia de jueces
ordinarios-constitucionales en Ecuador. La doble función de estos jueces,
quienes tienen la responsabilidad tanto de casos ordinarios como de aquellos
que involucran la interpretación de la Constitución, plantea desafíos en la
definición clara de competencias y la aplicación coherente de la norma suprema.
De lo que se ha venido estableciendo, las
dificultades específicas que emergen incluyen la posibilidad de conflictos de
competencia entre distintos jueces, la falta de claridad en los criterios para
determinar qué casos deben ser tratados por jueces ordinarios o
constitucionales, y la necesidad de establecer mecanismos efectivos para
garantizar una distribución equitativa de la carga judicial. Por lo cual se
plantea el siguiente problema jurídico tomando como referencia a la justicia
constitucional especializada en Perú: ¿La doble competencia de jueces
ordinarios en Ecuador es suficiente para asegurar una administración de
justicia coherente, efectiva y que responda a las demandas de protección de
derechos fundamentales en el marco del Estado de Derecho?
En cuanto a lo se ha venido estableciendo, hace
referencia a que la doble competencia de jueces ordinarios y constitucionales
en Ecuador presenta desafíos específicos que impactan la eficacia del sistema
judicial. En primer lugar, existe la posibilidad de conflictos de competencia
entre distintos jueces. La falta de delimitación clara entre las competencias
de cada tipo de juez puede generar disputas sobre la jurisdicción de casos
específicos, retrasando la resolución de conflictos y afectando la seguridad
jurídica. En segundo lugar, se observa una falta de claridad en los criterios
para determinar qué casos deben ser tratados por jueces ordinarios o
constitucionales. La ausencia de criterios definidos puede ocasionar
confusiones entre los operadores jurídicos y generar inconsistencias en la
aplicación del derecho. En tercer lugar, surge la necesidad de establecer
mecanismos efectivos para garantizar una distribución equitativa de la carga
judicial. La dualidad de competencias puede sobrecargar a los jueces
ordinarios, afectando su eficiencia y la calidad de la justicia ordinaria.
Para responder a lo anterior, la
investigación tiene como objetivo analizar la justicia constitucional
especializada en Perú y la doble competencia de jueces
ordinarios-constitucionales en Ecuador. El análisis comparativo permitirá
identificar las fortalezas y debilidades de cada modelo, y contribuir a la
búsqueda de soluciones que fortalezcan la justicia constitucional en Ecuador.
MÉTODO
Se trata de una investigación de enfoque
cualitativo, que busca analizar desde el análisis jurídico, con énfasis en
dogmática jurídica, los sistemas de justicia constitucional de Perú y Ecuador
en profundidad. Esto significa que se basará en el estudio de las normas
jurídicas y la doctrina para analizar los modelos de justicia constitucional.
De igual forma, el paradigma de la
investigación es interpretativo ya que el investigador busca comprender el
significado de los textos jurídicos y las prácticas judiciales desde la
perspectiva de los actores involucrados. El método utilizado es hermenéutico
utilizada como técnica de interpretación de textos que busca comprender el
significado profundo de los mismos. La técnica de recolección de datos es la
revisión bibliográfica documental, el investigador analizará documentos
jurídicos, como constituciones, leyes, jurisprudencia y doctrina, para obtener
información sobre los modelos de justicia constitucional. La muestra está
constituida por los documentos que integran los sistemas judiciales de Ecuador
y Perú. Esto incluye constituciones, leyes, jurisprudencia y doctrina.
Este artículo es resultado del proceso de
Movilidad Académica (estudiantil-docente) realizado entre la Universidad San
Gregorio de Portoviejo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el
marco del Primer Curso Internacional de Derecho Constitucional llevado a cabo
en Portoviejo-Ecuador y Lima-Perú en el año 2023.
RESULTADO
Y DISCUSIÓN
El desarrollo del artículo debe profundizó en
el análisis comparativo de los sistemas de justicia constitucional de Ecuador y
Perú, abordando los siguientes aspectos
Análisis
comparativo de los sistemas de justicia constitucional de Ecuador y Perú
La justicia constitucional desempeña un papel
fundamental en la garantía del derecho de acceso a la justicia, como se
evidencia en la siguiente argumentación:
Protección
de los derechos fundamentales:
La justicia constitucional, a través de
mecanismos como el control de constitucionalidad, garantiza la supremacía de la
Constitución y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al revisar
las leyes y actos del Estado, los tribunales constitucionales se aseguran de
que no vulneren los derechos fundamentales, permitiendo a las personas acudir a
la justicia para reclamar su protección.
Revisión
de actos arbitrarios o ilegales:
La justicia constitucional permite a las
personas impugnar actos arbitrarios o ilegales del Estado, incluso cuando estos
no hayan sido objeto de un proceso judicial previo. Esto amplía el acceso a la
justicia, permitiendo a las personas defender sus derechos incluso cuando no han
agotado todas las instancias ordinarias.
Interpretación
de la Constitución:
Los tribunales constitucionales juegan un
papel crucial en la interpretación de la Constitución, brindando claridad y
certeza jurídica sobre el alcance y contenido de los derechos fundamentales.
Esta interpretación contribuye a la aplicación uniforme de la ley y facilita el
acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Análisis
comparativo en Ecuador y Perú:
Ecuador:
La Constitución de Ecuador (2009) establece el
derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental (Art. 75).
La Corte Constitucional ecuatoriana ha
emitido sentencias importantes que han ampliado el acceso a la justicia, como
la que reconoció el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con
discapacidad (Caso No. 0038-10-CN/18). Sin embargo, persisten desafíos en el
acceso a la justicia en Ecuador, como la falta de recursos en el sistema
judicial, la complejidad de los procedimientos y la desigualdad en el acceso a
la defensa legal.
Perú:
La Constitución peruana (1993) también
reconoce el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental (Art.
13). El Tribunal Constitucional peruano ha emitido pronunciamientos relevantes
sobre el acceso a la justicia, como la que estableció la obligación del Estado
de garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial (Exp. N.°
00006-2013-HC/TC). No obstante, existen retos en el acceso a la justicia en
Perú, como la demora en la resolución de los casos, la carga excesiva de trabajo
de los jueces y la falta de acceso a la justicia en zonas rurales.
Ante esto, la idea de acceder a la justicia
comienza con el concepto de un proceso justo y luego se amplía para incluir
aspectos que pueden no estar claramente definidos en las garantías procesales.
Aunque estas garantías son importantes para acceder a la justicia, no son todo
lo que se necesita. Inicialmente, acceder a la justicia significa simplemente
tener la oportunidad de presentarse ante los tribunales y obtener una audiencia
justa. Con el tiempo, esto se convierte en un proceso que también implica
asegurar que se respeten ciertas garantías procesales y que las decisiones
judiciales se implementen correctamente. (Bernales, 2019)
En otro aspecto, hablar de la administración
de justicia constitucional en países como Ecuador y Perú significa referirse a
un importante ámbito del derecho, donde se defienden los derechos
constitucionales de las personas. Por ende, la actuación de los jueces es
fundamental para una correcta administración de la justicia en los dos países
mencionados anteriormente. Es así que, durante el desarrollo del presente
artículo se destacarán las principales características vinculadas a la doble
competencia de los jueces ordinarios en Ecuador y la constitucional especializada
en Perú.
La Justicia Constitucional y el derecho de
acceso a la justicia van de la mano, trabajando juntos para garantizar vivir en
una sociedad donde se respeten los derechos de todos y donde la justicia esté
al alcance de cada persona, sin importar su condición o posición en la
sociedad, donde se debe entender que la constitución es derecho significa
aceptar que los jueces deberán aplicarla, pues no hay derecho sin la garantía
judicial de su cumplimiento, y eso exige, necesariamente, atribuir esa garantía
a órganos de naturaleza jurisdiccional (Reyes, 2019).
Al interpretar estos resultados, (Duarte,
2020) sugiere que la justicia constitucional en sus diversos modelos ha ido
asumiendo un papel cada vez más preponderante, desarrollando su actividad en
dos grandes áreas: declarar la inconstitucionalidad de las normas contrarias a
la Constitución; y la protección y desarrollo de derechos constitucionales. Por
lo tanto, el derecho de acceso a la justicia es básicamente la garantía de que
todos tengamos la oportunidad de defendernos ante un tribunal si sentimos que
nuestros derechos han sido vulnerados. Pero esto no sería posible si no
existiera una instancia que velara por el cumplimiento de la Constitución.
A partir de aquí, cobra importancia el conocido
"principio de especialidad" en cuanto al manejo y proceso de las
garantías jurisdiccionales, el cual establece que la labor de administrar
justicia será llevada a cabo de forma especializada por los jueces, abordando
áreas particulares del derecho como civil, penal, laboral y de tránsito, según
sus habilidades y competencias. Esta situación, lamentablemente, no se refleja
claramente en el ámbito constitucional, lo que pone en riesgo la seguridad
jurídica. (Díaz, 2022)
Es destacable afirmar que, los jueces al
ejercer la jurisdicción constitucional, ya sea evaluando el respeto a los
derechos establecidos en la Constitución en casos específicos o declarando la
inconstitucionalidad de disposiciones legales denunciadas, cumplen el papel de
garantes de la supremacía constitucional y los derechos consagrados. En ambos
escenarios, su función es asegurar el respeto a la norma suprema. (Santos,
2022).
Así, se demuestra que, la importancia de la
justicia aplicada por los jueces radica en su capacidad para garantizar que
todas las personas sean tratadas de manera justa y equitativa ante la ley (sin
distinción alguna). Los jueces tienen la responsabilidad de interpretar y
aplicar las leyes de manera imparcial, considerando las circunstancias
individuales de cada caso. Por ello se analizará la competencia de los jueces
constitucionales y su rol dentro de la justicia constitucional, en el punto que
sigue.
El rol de
los jueces: competencia jurisdiccional en el marco de la justicia
constitucional
En el marco de la justicia constitucional,
los jueces asumen un papel fundamental en la defensa y protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. Su función va más allá de la simple
aplicación de la ley, convirtiéndolos en garantes del Estado de Derecho y la
supremacía de la Constitución.
Evolución
del rol judicial en la justicia constitucional:
Es preciso comprender la evolución del rol
judicial en la justicia constitucional para apreciar la importancia que ha
adquirido en la actualidad. Como bien señala Salinas (2020), en el pasado, los
jueces no ejercían un poder significativo en este ámbito. Sin embargo, tras la
Revolución Francesa, surgió la necesidad de establecer un mecanismo para
vigilar el ejercicio del poder y evitar la concentración excesiva en un solo órgano
del Estado.
En este contexto, la función de control de
constitucionalidad no se asignó inicialmente a los jueces, debido a las
tensiones existentes entre los poderes ejecutivo y legislativo. La desconfianza
no recaía en la capacidad de los jueces, sino en la posibilidad de que se
convirtieran en un factor de desequilibrio en la separación de poderes.
En el caso de Ecuador, la independencia de
los jueces constitucionales se ve reforzada por la consagración de cinco
funciones del Estado, lo que garantiza un proceso de selección más transparente
y autónomo.
La confianza en el sistema judicial y la
autoridad de la ley dependen en gran medida de la integridad, competencia y
especialización de los jueces. Su labor es fundamental para mantener la
estabilidad y la armonía en la sociedad, y para garantizar que todos puedan
acceder a un juicio justo cuando lo necesiten.
En este sentido, la especialización judicial
en materia constitucional resulta clave para fortalecer la justicia
constitucionalizada, como bien lo señalan Plaza y Zamora (2020). Un juez
especializado en este campo posee un conocimiento profundo de la Constitución,
la normativa legal y la jurisprudencia constitucional, lo que le permite
ofrecer una perspectiva más informada y equilibrada al resolver casos
relacionados con la protección de los derechos fundamentales. La
especialización también contribuye a agilizar el proceso judicial, ya que el
juez familiarizado con la materia puede identificar rápidamente los puntos
clave del caso y tomar decisiones más acertadas.
Sin embargo, como expone Quintana (2019),
surgen interrogantes sobre la práctica de asignar a jueces ordinarios, sin
especialización en materia constitucional, la responsabilidad de desempeñar
funciones en este ámbito. Esta falta de especialización puede generar
incertidumbre jurídica y afectar la calidad de las decisiones judiciales,
poniendo en riesgo la protección efectiva de los derechos fundamentales.
En el análisis comparativo de los sistemas de
justicia constitucional de Ecuador y Perú, se observa que ambos países han
optado por diferentes modelos de especialización judicial. En Ecuador, los
jueces de la Corte Constitucional son seleccionados por la Asamblea Nacional a
partir de una lista de candidatos preseleccionados por el Consejo de la
Judicatura.
En Perú, por su parte, los magistrados del
Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República a partir
de una lista de candidatos preseleccionados por una comisión especial.
Si bien ambos modelos buscan garantizar la
independencia e imparcialidad de los jueces constitucionales, la
especialización judicial en materia constitucional en Ecuador se presenta como
un factor clave para fortalecer la justicia constitucionalizada y garantizar la
protección efectiva de los derechos fundamentales.
La comparación de los modelos de
especialización judicial en Ecuador y Perú permite identificar las ventajas y
desventajas de cada enfoque, y aportar insumos para la discusión sobre la
necesidad de fortalecer la especialización judicial en materia constitucional
en ambos países.
Como bien lo señalan Almeida y Morales
(2021), la formación de los jueces de primer nivel en materia constitucional no
siempre es suficiente para garantizar la aplicación efectiva de la Constitución
y la protección de los derechos fundamentales. Si bien estos jueces se someten
a procesos de concurso para determinadas materias, la adquisición de
conocimientos en materia constitucional no siempre se cumple en su totalidad.
Aunado a ello, esta falta de especialización
puede generar inconsistencias y falta de coherencia en la aplicación de la ley,
poniendo en riesgo la seguridad jurídica y la protección de los derechos
fundamentales.
En el análisis comparativo de los sistemas de
justicia constitucional de Ecuador y Perú, se observa que ambos países han
optado por diferentes modelos de especialización judicial.
En Ecuador, los jueces de la Corte
Constitucional son seleccionados por la Asamblea Nacional a partir de una lista
de candidatos preseleccionados por el Consejo de la Judicatura. En Perú, por su
parte, los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso
de la República a partir de una lista de candidatos preseleccionados por una comisión
especial.
En cuanto al poder judicial ecuatoriano,
presenta la siguiente estructura y funciones según Zari y Fuentes (2023) El
poder judicial ecuatoriano, pilar fundamental del Estado de derecho, se compone
de tres niveles jerárquicos:
Juzgados de primer nivel: Conocen en primera
instancia las causas civiles, penales y contencioso-administrativas.
Cortes provinciales de justicia: Actúan como
tribunales de segunda instancia, revisando las decisiones de los juzgados de
primer nivel. Corte Nacional de Justicia: Máximo órgano judicial del país,
encargado de resolver casos de casación, revisión y nulidad.
La Corte Nacional de Justicia está integrada
por juezas y jueces titulares, y conjueces. Estos últimos deben actuar de
acuerdo a los principios y disposiciones constitucionales, garantizando los
derechos de los ciudadanos dentro de sus competencias. Para evaluar el
desempeño de las juezas y jueces, se realizan procesos de evaluación.
Por otra parte, los procesos de evaluación
del desempeño judicial en Ecuador se enfocan en analizar la calidad y la
técnica utilizadas en las sentencias emitidas, sin entrar a examinar la
decisión adoptada por el juzgador. Este enfoque busca evaluar la claridad, la
coherencia, la fundamentación jurídica y la aplicación del derecho en las
sentencias, sin cuestionar la independencia judicial o la discrecionalidad del
juez en la toma de decisiones.
Es de resaltar que, el sistema judicial
ecuatoriano estructurado en diferentes niveles y compuesto por jueces y
conjueces comprometidos con los principios constitucionales, busca garantizar
la administración de justicia y la protección de los derechos de los
ciudadanos. Las evaluaciones del desempeño judicial son una herramienta para
mejorar la calidad y la imparcialidad del sistema, asegurando que las
sentencias emitidas sean técnicamente sólidas y se ajusten a la normativa
legal.
Es importante destacar que este enfoque no
exime al sistema judicial de críticas. La lentitud de los procesos judiciales,
la falta de independencia judicial y la corrupción son algunos de los desafíos
que el poder judicial ecuatoriano debe enfrentar para cumplir con su mandato de
manera efectiva y transparente. En el siguiente punto, se analizó la forma en
que se lleva a cabo la justicia constitucional en Ecuador y Perú, comparando
sus modelos y resultados.
Justicia
constitucional: Derecho comparado entre Perú y Ecuador
Tanto Ecuador como Perú establecen en sus
respectivas constituciones una clara distinción entre la justicia ordinaria y
la justicia constitucional (Vivar y Coronel, 2021). Esta distinción se refleja
no solo en las normativas que rigen cada una, sino también en las autoridades
judiciales responsables de su aplicación. En la justicia ordinaria, tanto en
Ecuador como en Perú, se observa una tendencia hacia la especialización
judicial. Los jueces son expertos en áreas específicas del derecho, lo que les
permite ofrecer una mayor calidad y eficiencia en la resolución de casos.
Sin embargo, en la justicia constitucional,
la situación es diferente:
En Ecuador: No existen "jueces
constitucionales especializados". La Corte Constitucional está integrada
por jueces con experiencia en diversas áreas del derecho, pero no hay una
especialización específica en materia constitucional (Vivar y Coronel, 2021).
En Perú: El Tribunal Constitucional está
compuesto por magistrados especializados en diferentes materias, incluyendo el
derecho constitucional.
En este aspecto, es esencial comprender que
las garantías jurisdiccionales tienen su origen en el reconocimiento de los
derechos fundamentales. Los derechos constitucionales son como los pilares
fundamentales que sostienen nuestro sistema legal. Son como las reglas básicas
del juego que todos debemos seguir para garantizar que la sociedad funcione de
manera justa y equitativa, por ende, a raíz de la importancia de estas
garantias implementadas en el ambito constitucional, vemos la vitalidad de las
mismas, donde se afirma que “a pesar, de que la administración de justicia en
el Ecuador siempre ha contado con los instrumentos para garantizar los derechos
de los ciudadanos; se ha reconocido que éstas vías ordinarias no son
suficientes” (Fuentes, et. al., 2023).
Así, a medida que pasa el tiempo la
Constitución ecuatoriana ha ganado una posición de gran importancia en la
jerarquía de las normativas legales y requiere de ciertas garantías para
asegurar que sus disposiciones y los derechos que establece sean aplicados de
manera efectiva. Uno de los desafíos al implementar un sistema de
procedimientos legales para proteger los derechos fundamentales, además de
definir la naturaleza jurídica de cada uno de ellos, fue justificar la
necesidad de contar con jueces especializados en esta área.
Parafraseando a (Jiménez y Castro, 2021), en
Ecuador, está presente la Corte Constitucional, misma encargada de asegurar la
primacía de la Constitución sobre normativas de menor jerarquía. Sus
atribuciones le facultan o permiten eliminar del ordenamiento jurídico normas o
actos administrativos mediante las acciones conocidas generalmente como
acciones de inconstitucionalidad. Por lo tanto, los derechos constitucionales
son esenciales para garantizar que vivamos en una sociedad justa y democrática,
donde todos tengamos igualdad de oportunidades y protección frente a posibles
abusos. Las garantías jurisdiccionales son la herramienta que nos permite hacer
valer esos derechos y asegurar que se haga justicia en cada caso.
En Ecuador, existe una ley integral que
abarca todos los aspectos relacionados con las garantías del ámbito
constitucional. Se trata de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional (2009), la cual, en su artículo 6, establece:
Art.
6.-Finalidad de las garantías. – Las garantías jurisdiccionales tienen como
finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la
declaración de la violación de uno o varios derechos, así́ como la reparación
integral de los daños causados por su violación.
Frente a esto, Sarmiento, et. al., (2023)
sostienen que la Justicia Constitucional debe enfocarse en las garantías
netamente jurisdiccionales, tomando en cuenta tanto el aspecto técnico como
fáctico. De esta manera, la justicia constitucional y la especialización de
jueces se convierten en elementos esenciales para garantizar una justicia
efectiva y equitativa en la sociedad. La especialización de jueces en materia
constitucional permite un conocimiento profundo de la normativa y
jurisprudencia constitucional, lo que se traduce en decisiones más coherentes,
predecibles y fundamentadas.
En conjunto, la justicia constitucional y la
especialización judicial conforman un sistema firme que vela por la protección
de los derechos fundamentales y la aplicación efectiva de la Constitución. La
justicia constitucional, como un "guardián" de la carta magna, vela
por la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos
fundamentales. Es una brújula que nos guía hacia la legalidad y la justicia,
asegurando que todas las leyes y acciones del gobierno estén en conformidad con
los principios y derechos establecidos en la Constitución.
En este contexto, la especialización de
jueces en materia constitucional es fundamental. Son como los maestros de la
ley fundamental, expertos dedicados exclusivamente a entender y aplicar las
complejidades de la Constitución. Su capacitación y experiencia les permiten
interpretar cada palabra y garantizar que se respeten los derechos de todos los
ciudadanos.
Es de reconocer que, la combinación de la
justicia constitucional y la especialización judicial resulta en un sistema
judicial más robusto y confiable. Los jueces especializados tienen las
herramientas necesarias para abordar los casos de manera precisa y justa,
protegiendo los derechos fundamentales y manteniendo el estado de derecho.
Sin embargo, en Ecuador, a pesar de la
importancia de la justicia constitucional, no se ha establecido unidades
judiciales ni tribunales de apelación especializados en esta materia, que
conozcan y resuelvan sobre vulneración de derechos constitucionales (Díaz,
2022). Esta falta de especialización judicial representa un obstáculo para la
plena efectividad de la justicia constitucional en el país.
En este mismo punto, para fortalecer la
justicia constitucional en Ecuador, es necesario implementar un sistema de
especialización judicial que permita a los jueces profundizar en su
conocimiento y experiencia en materia constitucional. Esto garantizará una
mejor protección de los derechos fundamentales y una mayor confianza en el
sistema judicial por parte de la ciudadanía. En definitiva, la justicia
constitucional y la especialización judicial son dos elementos indispensables
para una democracia sólida y justa. La implementación de un sistema de
especialización judicial en Ecuador es un paso necesario para fortalecer la
protección de los derechos fundamentales y consolidar el estado de derecho.
Luego de resaltar los puntos primordiales de
la doble competencia de los jueces ordinarios en Ecuador, es momento de
explicar los aspectos destacados de la justicia constitucional especializada en
Perú. Destacando que, a diferencia de Ecuador, en el Estado Peruano está
presente el Tribunal Constitucional, que en palabras de Arroyo (2020) la
entidad es el ente supervisor de la Constitución, actuando con autonomía e
independencia del Poder Judicial y otros poderes públicos. A pesar de esto,
opera como un órgano jurisdiccional colegiado compuesto por siete jueces que
ostentan el título de magistrados durante un quinquenio, quedando vedada su
reelección de manera inmediata, conforme al artículo 201 de la Constitución.
Y en otro punto, la justicia constitucional
en Perú se configura como el guardián de su Constitución, asegurando que todas
las leyes y acciones del gobierno estén en línea con los principios y derechos
establecidos en la Carta Magna del país. Este sistema judicial especializado se
encarga de interpretar y aplicar la Constitución en casos concretos,
garantizando que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y que
se mantenga el orden constitucional, contando con el tribunal Constitucional.
En palabras de (Roel y Renzo, 2022):
En el
Perú, el TC fue creado con la Constitución vigente de 1993. Sin embargo, recién
en 1996 empezó su funcionamiento con la elección de sus siete magistrados por
parte del Congreso de la República. Su antecesor directo fue el Tribunal de
Garantías Constitucionales, creado por la Constitución Política de 1979, el
cual tuvo un breve período de funcionamiento. Por tanto, se puede decir que
esta Constitución de 1979 dio apertura a una nueva era, un nuevo capítulo de
tutela de derechos en la historia peruana.
Conviene mencionar que, una de las
instituciones clave en la justicia constitucional peruana es el Tribunal
Constitucional, que actúa como la máxima autoridad en la interpretación de la
Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Este tribunal tiene
la importante tarea de resolver casos relacionados con la constitucionalidad de
leyes y actos del gobierno, así como de garantizar el respeto de los derechos
humanos en el país.
Por lo tanto, se puede deducir que la
inclusión de la justicia constitucional en la Constitución de 1979, a través
del Tribunal de Garantías Constitucionales, surgió debido a la falta de
confianza de los constituyentes en la administración de justicia ordinaria y al
problemático papel que esta desempeñó en la defensa del Estado de Derecho
durante los gobiernos de facto. En consecuencia, su incorporación no resultó de
una reflexión más profunda sobre la función de la justicia constitucional en la
actividad política, que hubiera requerido reconsiderar la teoría de la
separación de poderes (Landa, 2011).
Por ello, el mismo autor asegura que, cada
decisión tomada por el Tribunal Constitucional es como una historia única que
refleja los valores y principios fundamentales de la sociedad peruana. Estas
decisiones no solo tienen un impacto inmediato en los casos individuales que se
presentan ante el tribunal, sino que también establecen precedentes que guían
futuros casos similares, así, “se ha aceptado, casi mayoritariamente, que la
jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional del Perú constituye
parte del sistema de las fuentes de Derecho. Se señala casi mayoritariamente,
dado que este tema ha generado polémica a nivel jurídico como político (Landa
2010).
Además, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional también es una herramienta importante para la educación legal y
la formación de abogados y jueces. Estudiar y analizar las decisiones del
tribunal ayuda a comprender mejor los principios constitucionales y fortalece
el conocimiento jurídico en la sociedad peruana. Demostrándose además que, en
Perú podrá ser juez constitucional tanto un magistrado del Poder Judicial,
siempre que vea y resuelva asuntos constitucionales, como uno que integre el
Tribunal Constitucional, lo cual responde a una extensión del sistema dual de
control de la constitucionalidad. (Bardelli,2008)
El Tribunal Constitucional Peruano (TC) ostenta
legitimidad jurídica en virtud del artículo 201 de la Constitución Política del
Perú, que lo establece como máximo intérprete de la Carta Magna. Sin embargo,
desde una perspectiva de legitimidad política, surgen cuestionamientos. El
artículo 138 de la Constitución señala que la potestad de administrar justicia
emana del pueblo, pero los magistrados del TC no son elegidos por voto popular,
lo que limita su legitimidad política directa ante la ciudadanía (De la Cruz,
2021).
La jurisdicción constitucional peruana se
divide en dos áreas principales según Figueroa, (2016):
Control
de constitucionalidad
Los jueces del Poder Judicial desempeñan un
rol fundamental en la protección de los derechos fundamentales al resolver
expedientes de habeas corpus y acción de amparo.
Control
normativo
Los jueces del TC manejan procesos de control
normativo, como casos de inconstitucionalidad y competencia, velando por la
supremacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas.
Esta declaración primero, subraya el papel
crucial de los jueces del Poder Judicial en la defensa de los derechos
fundamentales, actuando como primeros y segundos defensores en diferentes
instancias judiciales. Esto sugiere que estos jueces son pilares en la
protección de los derechos básicos de los ciudadanos y en la garantía de un
sistema legal justo y equitativo. Además, menciona que estos mismos jueces
están encargados de los procesos de control normativo. Esto implica que no solo
defienden los derechos fundamentales, sino que también tienen un papel activo
en garantizar que las leyes y acciones gubernamentales estén en línea con la
Constitución.
Por último, según Miranda (2018), el origen
del Tribunal Constitucional (TC) en Perú se enraíza en la incapacidad del Poder
Judicial para garantizar una justicia constitucional efectiva. Esta realidad
histórica, que evidenció la necesidad de una justicia constitucional autónoma e
independiente, encuentra su legitimidad en el ejercicio mismo del TC.
En esencia, la explicación resalta el
surgimiento del TC como respuesta a las deficiencias del Poder Judicial en la
impartición de justicia constitucional. Esto sugiere que, en algún momento del
pasado, el sistema judicial ordinario no lograba garantizar de manera efectiva
el cumplimiento de la Constitución y la protección de los derechos
fundamentales. Como consecuencia, surgió la necesidad de establecer un órgano
judicial autónomo e independiente, específicamente dedicado a abordar
cuestiones constitucionales.
La creación del TC representó un paso crucial
para fortalecer el Estado de Derecho en Perú, al establecer un mecanismo
institucional encargado de velar por la supremacía de la Constitución y la
protección de los derechos fundamentales.
DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación realizada
revelan una profunda e importante reflexión sobre el acceso a la justicia
constitucional en Ecuador y Perú, centrándose de manera vital y requerida en la
evolución del debido proceso. Donde se destaca la importancia de no solo llegar
a los tribunales, sino también ejecutar decisiones, subrayando que el acceso a
la justicia va más allá de simples vías de entrada.
Es en este contexto, que es posible
identificar las semejanzas y diferencias entre la adminsitracion de justicia
constitucional entre los dos paises. Un punto significativo de discusión es la
eficacia del sistema y la aplicación del debido proceso tanto en Ecuador como
en Perú. En Ecuador, desde la implementación de la doble competencia de jueces
ordinarios, se ha podido evidenciar muchas inconformidades por parte de quienes
acuden a esta justicia constitucional para reclamar la vulneracion de sus
derechos fundamentales, esto es debido a que, los jueces de la justicia
ordinaria al no contar con una especialización en este ambito pueden llegar a
omitir ciertos puntos o requisitos vitales de las garantías jurisdiccionales;
provocando así la desnaturalizacion de las mismas. En Perú, por el contrario,
la justicia especializada surgió debido a la desconfianza del sistema de justicia
ordinaria.
Cabe destacar que, el tema de justicia
constitucional puede considerarse una novedad actual, donde su tramitacion y
procedimiento se va perfeccionando o evolucionando con el pasar del tiempo. Por
tal motivo, debe de tomarse en cuenta en Ecuador la necesidad de contar con
jueces especializados en materia constitucional
para asegurar un optimo acceso a la justicia con proteccion de los
derechos constitucionales de los ciudadanos.
En Ecuador, el extracto de la Sentencia No.
2231-22-JP/23 (2023) de la Corte advierte que la desnaturalización de estas
garantías constituye un claro abuso y un fraude a la confianza depositada en
los jueces como guardianes de la garantía jurisdiccional. La consideración de
las garantías jurisdiccionales como desnaturalizadas refleja una preocupación
creciente dentro del sistema judicial, donde diversos factores contribuyen a
este fenómeno. Es relevante destacar que esta desnaturalización suele estar
relacionada principalmente con los operadores de justicia. Este fenómeno
ilustra las repercusiones de la falta de especialización por parte de los
jueces, lo cual puede comprometer la efectividad y la legitimidad del sistema
judicial.
En el ámbito de la jurisdicción
constitucional en Perú, el Tribunal Constitucional (TC) es el organismo
responsable de llevar a cabo el control constitucional. En este sentido,
facilita la aplicación de una serie de procedimientos destinados a garantizar
el total cumplimiento y respeto del orden establecido en la Constitución. Esto
implica que toda legislación emitida por los poderes establecidos y la conducta
de quienes ejercen cargos políticos están sujetas a este control, asegurando
así la coherencia y la validez de las normas dentro del marco constitucional.
(García, 2016)
En el contexto de la administración de
justicia constitucional en Ecuador, se evidencia una distinción clara entre la
justicia ordinaria y la constitucional, con énfasis en la doble competencia de
los jueces ordinarios. Se menciona además, la presencia de cinco funciones del
Estado en Ecuador, lo que podría reforzar la independencia en la designación de
jueces constitucionales. Se resalta la responsabilidad de los jueces en la
aplicación de la Constitución y la importancia de contar con jueces
especializados. Por ende, la investigación enfoca la atención en el desafío de
incorporar mecanismos procesales para proteger los derechos fundamentales,
justificando la necesidad de jueces especializados en esta área.
En cuanto a la situación en Perú, se destaca
la presencia del Tribunal Constitucional como un ente supervisor de la
Constitución, actuando con autonomía y la valiosa justicia constitucional
especializada. Se hace referencia junto a aquello que, la historia del Tribunal
Constitucional en Perú, desde su institución en 1993, destaca su papel en la
protección de derechos y su legitimidad jurídica según la Constitución. La
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en Perú se posiciona como esencial
en el sistema legal, generando debates sobre su obligatoriedad y desafíos en términos
legales y políticos.
En resumen, los resultados de la
investigación subrayan la importancia de la justicia constitucional, la
especialización de jueces constitucionales y la necesidad de mecanismos
procesales para proteger los derechos fundamentales. Se evidencian diferencias
significativas entre Ecuador y Perú en cuanto a la organización y
funcionamiento de la justicia constitucional. A partir de esto, es importante
mencionar la investigación y el aporte de Sarmiento et. al. (2023) quienes
ofrecen valiosas contribuciones al debate sobre el rol de la justicia
constitucional en la protección de los derechos fundamentales y el Estado de
Derecho.
Ha quedado demostrado que, Ecuador y Perú
comparten similitudes, donde es crucial la justicia constitucional que defiende
los derechos fundamentales, y la actuación de los jueces. Ecuador distingue
entre justicia ordinaria y constitucional, mientras que Perú cuenta con el
Tribunal Constitucional, destacado por su autonomía. Ambos países enfrentan
retos en la implementación de mecanismos procesales y la designación de jueces
especializados. Las garantías jurisdiccionales en Ecuador han evolucionado para
fortalecer la justicia. La Constitución ha adquirido prominencia, exigiendo
jueces especializados para proteger los derechos fundamentales.
La Función Judicial del Ecuador, a través de
su órgano administrativo, es responsable de preservar una justicia basada en la
Constitución, asegurando acceso gratuito y tutela efectiva. En Perú, el
Tribunal Constitucional, creado en 1993, actúa como supervisor de la
Constitución. Su legitimidad, tanto jurídica como política, es fundamental,
así, el surgimiento del Tribunal Constitucional en Perú se debe a la falta de
confianza en la justicia ordinaria. Su ejercicio ha evidenciado la desconfianza
ciudadana en otros poderes. Lo que nos permite demostrar que, en ambos países,
la justicia constitucional ha adquirido un papel preponderante, abordando áreas
claves y desafiando la interpretación y aplicación de la Constitución.
CONCLUSIÓN
Los resultados concluyen que, la
implementación de un sistema de justicia especializada en materia
constitucional se presenta como una necesidad imperante para fortalecer el
Estado de Derecho y garantizar la tutela efectiva de los derechos
fundamentales. Esta especialización permite un enfoque más profundo y
específico en la interpretación y aplicación de los principios
constitucionales, lo que se traduce en una mayor coherencia y consistencia en
las decisiones judiciales.
También, se resalta que la justicia
constitucional en América Latina presenta un panorama diverso en cuanto a los
enfoques para la protección de la Carta Magna. Perú y Ecuador ejemplifican esta
variedad con sus respectivos modelos: la justicia constitucional especializada
peruana y la doble competencia de jueces ordinarios-constitucionales
ecuatoriana.
Se destaca también que, el modelo peruano
asigna a jueces especializados la responsabilidad de salvaguardar la
constitucionalidad, buscando un enfoque más profundo y específico en la interpretación
y aplicación de los principios constitucionales. Esta especialización persigue
garantizar una mayor coherencia y consistencia en las decisiones judiciales,
fortaleciendo el Estado de Derecho y la tutela efectiva de los derechos
fundamentales.
Mientras que en Ecuador opta por la doble
competencia, donde los jueces ordinarios asumen, además de sus funciones
habituales, la tarea de resolver asuntos constitucionales. Este enfoque, si
bien busca integrar la protección constitucional en la rutina jurídica
ordinaria, presenta un desafío importante: lograr un equilibrio entre ambas
competencias y evitar que la carga adicional afecte la calidad y eficiencia del
sistema judicial en su conjunto.
Finalmente, se concluye que, en Ecuador, se
reconoce que la falta de especialización por parte de los operadores de
justicia puede comprometer la efectividad y la legitimidad del sistema
judicial, lo que sugiere la necesidad de una mayor capacitación y formación e
incluso aplicación total del principio de especialidad. A diferencia del ámbito
de la jurisdicción constitucional en Perú, se observa un enfoque claro y
estructurado a través del TC, que se encarga de supervisar el cumplimiento y el
respeto del orden constitucional, el cual proporciona una base sólida para
asegurar la coherencia y validez de normas dentro del marco constitucional, sin
embargo, puede haber desafíos relacionados con la implementación efectiva de
estas normas y procedimientos.
CONFLICTO DE INTERESES.
Los autores declaran que no existe conflicto
de intereses para la publicación del presente artículo científico.
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