https://revistalex.org/
Volumen 7, No. 24,
abril-junio 2024
ISSN: 2631-2735
Páginas 333 - 348
Derechos de los Pueblos Indígenas en la
Historia Constitucional de Bolivia
Rights of
Indigenous Peoples in the Constitutional History of Bolivia
Direitos
dos Povos Indígenas na História Constitucional da Bolívia
Rubén Ángel Zegarra Argandoña
rubenzegarra79@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-5026-6219
Universidad
Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia
Artículo recibido
20 de febrero 2024 | Aceptado 28 de marzo 2024 | Publicado 26 de abril 2024
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https://doi.org/10.33996/revistalex.v7i24.187
RESUMEN
La historia constitucional de Bolivia ha
estado marcada por una lucha constante por el reconocimiento y la protección de
los derechos de los pueblos indígenas. El objetivo del estudio es dilucidar los
Derechos de los Pueblos Indígenas en la Historia Constitucional de Bolivia. El
estudio se sustenta en una metodología jurídica de tipo documental, empleando
un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo, hermenéutico. Esta
metodología permite analizar en profundidad los documentos legales que
fundamentan los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia. A través de los
resultados se obtuvo que la nueva constitución, promulgada en 2008, establece
un Estado Plurinacional que reconoce y valora la diversidad cultural,
cosmovisiones y formas de organización social de los pueblos indígenas. Las
conclusiones muestran el período comprendido entre 1990 y 2015 en la historia
constitucional de Bolivia, destaca un recorrido trascendental que va desde la
formalización del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas hasta
los esfuerzos por llevarlos a la práctica.
Palabras clave: Derechos; Indígenas;
Constitución; Pueblos
ABSTRACT
The constitutional history of Bolivia has
been marked by a constant struggle for the recognition and protection of the
rights of indigenous peoples. The objective of the study is to elucidate the
Rights of Indigenous Peoples in the Constitutional History of Bolivia. The
study is based on a documentary-type legal methodology, using a qualitative
approach and an interpretive, hermeneutical paradigm. This methodology allows
for an in-depth analysis of the legal documents that support the rights of
indigenous peoples in Bolivia. Through the results, it was obtained that the
new constitution, promulgated in 2008, establishes a Plurinational State that
recognizes and values the cultural diversity, worldviews and forms of social
organization of indigenous peoples. The conclusions show the period between
1990 and 2015 in the constitutional history of Bolivia, highlighting a
transcendental journey that goes from the formalization of the recognition of
the rights of indigenous peoples to the efforts to put them into practice.
Key words: Rights; Natives;
Constitution; Towns
A
história constitucional da Bolívia tem sido marcada por uma luta constante pelo
reconhecimento e proteção dos direitos dos povos indígenas. O objetivo do
estudo é elucidar os Direitos dos Povos Indígenas na História Constitucional da
Bolívia. O estudo baseia-se numa metodologia jurídica do tipo documental,
utilizando uma abordagem qualitativa e um paradigma interpretativo e
hermenêutico. Esta metodologia permite uma análise aprofundada dos documentos
legais que apoiam os direitos dos povos indígenas na Bolívia. Através dos
resultados obteve-se que a nova constituição, promulgada em 2008, institui um
Estado Plurinacional que reconhece e valoriza a diversidade cultural, as visões
de mundo e as formas de organização social dos povos indígenas. As conclusões
mostram o período entre 1990 e 2015 na história constitucional da Bolívia,
destacando um percurso transcendental que vai desde a formalização do
reconhecimento dos direitos dos povos indígenas até os esforços para colocá-los
em prática.
Palavras-chave: Direitos; Nativos; Constituição; Cidades
INTRODUCCIÓN
Los pueblos originarios, históricamente
marginados y silenciados, libraron una batalla infatigable por el
reconocimiento de sus derechos humanos más fundamentales. Su perenne
resistencia, a pesar de la invisibilización y la discriminación sistemática,
los llevó a trascender el anonimato y convertirse en actores centrales del
sistema interamericano de derechos humanos. En un pasado marcado por la
exclusión y la negación de su identidad, los pueblos originarios se vieron
relegados a un segundo plano, sus voces ignoradas y sus reclamos desoídos. Sin
embargo, su espíritu combativo y su determinación por la justicia los
impulsaron a alzar su voz y exigir el respeto a sus derechos inalienables. Su
lucha incansable los llevó a transitar un camino arduo, desde la invisibilidad
absoluta hasta la conquista de un lugar protagónico en el sistema
interamericano. A través de pronunciamientos históricos y resoluciones
trascendentales, se abrieron las puertas para el reconocimiento de su
identidad, sus derechos ancestrales y su cosmovisión única.
En este sentido, a partir del último tercio
del siglo XX, un poderoso movimiento surgió en Latinoamérica, ha abanderado la
causa de los pueblos indígenas y exigiendo el reconocimiento y la protección de
su identidad étnica, cultural y territorial. Este despertar marcó un punto de
inflexión en la historia de la región. Se puede resaltar según Melano (2016) a
nivel universal el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de
1966 (artículos 27 y 28), la Convención para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación Racial de 1965, el Convenio sobre Diversidad Biológica de
1992 (en su artículo 8) y la Declaración y el Programa de Acción de Viena de
1993.
En el plano nacional, la historia constitucional
de Bolivia está intrínsecamente ligada a la lucha por el reconocimiento y la
protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esta narrativa, que se
extiende desde la época colonial hasta la actualidad, está plagada de momentos
de invisibilización, discriminación y resistencia, pero también de avances
significativos hacia la construcción de un Estado más inclusivo y respetuoso de
la diversidad cultural. Desde la época colonial, cuando fueron sometidos a un
sistema de explotación y discriminación, hasta la actualidad, los pueblos
indígenas han buscado su autodeterminación y la construcción de un Estado
Plurinacional que respete su identidad, cultura y cosmovisión.
Atendiendo a lo anterior, se debe decir que
Bolivia es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con
principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y
equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde
predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social,
jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia
colectiva con acceso al agua, trabajo educación, salud y vivienda para todos
(Nueva Constitución Política del Estado, (2008).
Aunado a ello, la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia de 2008 representa un hito histórico en el
reconocimiento de los derechos indígenas. Esta Constitución establece que
Bolivia es un Estado Plurinacional, compuesto por naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos, que gozan de autonomía, autogobierno y libre
determinación. Además, reconoce la cosmovisión andina, la espiritualidad y los
valores de los pueblos indígenas como parte fundamental del patrimonio cultural
del país.
Sin embargo, a pesar de los avances logrados
en el marco constitucional, los pueblos indígenas aún enfrentan desafíos para
el pleno ejercicio de sus derechos. La discriminación, la pobreza, la falta de
acceso a servicios básicos y la explotación de sus recursos naturales son
algunos de los problemas que persisten.
Siguiendo el orden del tema al hablar de los
derechos de los pueblos indígenas, la Comisión Interamericana de derechos
humanos (2015), Organización de los Estados Americanos, plantea en su Artículo
XVI:
El derecho indígena deberá ser reconocido
como parte del orden jurídico y del marco de desenvolvimiento social y
económico de los Estados.
Los pueblos indígenas tienen el derecho de
mantener y reforzar sus sistemas jurídicos, y de aplicarlos en los asuntos internos
en sus comunidades, incluyendo los sistemas relacionados con asuntos como la
resolución de conflictos, en la prevención del crimen y en el mantenimiento de
la paz y armonía.
En la jurisdicción de cada Estado, los
asuntos referidos a personas indígenas o a sus intereses, serán conducidos de
manera tal de proveer el derecho a los indígenas de plena representación con
dignidad e igualdad frente a la ley. Ello incluirá la observancia del derecho y
costumbre indígena y, de ser necesario, el uso de su lengua.
Es por ello, que la presente investigación se
fundamenta en la cruda realidad histórica de marginación y exclusión que han
enfrentado los pueblos indígenas y naciones originarias a lo largo de la
historia. Su origen se encuentra en las demandas históricas de estos pueblos
por el reconocimiento de sus derechos, la dignificación de su cultura y la
construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Y se justifica por la
necesidad de comprender y abordar la histórica realidad de discriminación y
exclusión que han enfrentado los pueblos indígenas en Bolivia. Esta situación,
que se remonta a los inicios de la República en 1825, cuando estos sectores
fueron marginados de la estructura estatal, ha marcado profundamente el
desarrollo del país. La reivindicación de sus derechos ha sido y sigue siendo
una lucha continua y parece haber avanzado significativamente en la nueva
Constitución Política del Estado, la cual reconoce a Bolivia como un Estado
plurinacional e intercultural. Esto representa un importante avance en el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. (Mamani, 2023).
En otra postura, la
trayectoria de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, desde su
reconocimiento formal hasta su materialización, ha sido un proceso complejo y significativo.
Este estudio abarca el período de 1990 a 2015, destacando cómo las reformas
constitucionales han evolucionado y cómo estas transformaciones han impactado
en la vida de los pueblos indígenas. (Portillo, 2020).
La presente investigación representa un
intento y esfuerzo por organizar de manera sistemática la evolución y logro de
los derechos de los pueblos indígenas en las diferentes constituciones del
Estado Plurinacional de Bolivia durante un periodo de 26 años. Esta elección
metodológica se ha hecho debido a que coincide con la incorporación en términos
de marco constitucional de los denominados "Nuevos Derechos de los Pueblos
Indígenas".
En este contexto, se persigue identificar los
derechos que surgieron de los procesos históricos de los movimientos indígenas
de la segunda mitad del siglo XX y la situación de cambio político regional que
surgió tras la crisis del modelo neoliberal en el continente, la cual abrió
diversas posibilidades democráticas y populares en América Latina. Inicialmente,
la participación de los indígenas en dichos gobiernos fue vista como un hito en
la lucha indígena, en la era del Socialismo Andino, con la intención de cambiar
el enfoque central de la realidad en beneficio del protagonismo. (Guber y Ferrero, 2020)
Marco de referencia
Desde los años 90, Bolivia ha enfrentado
transformaciones significativas en su organización política y social,
principalmente debido al aumento en la conciencia y demanda de los derechos de
los pueblos indígenas. Estas transformaciones se han plasmado en las sucesivas
modificaciones constitucionales que buscan garantizar y salvaguardar dichos
derechos. (Huayhuara y
Grinica, 2024).
De igual manera, estos cambios en su
estructura política y social, impulsados en gran medida por la creciente conciencia
y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, se reflejan en las
sucesivas reformas constitucionales que han buscado reconocer y proteger estos
derechos. (Espinoza, 2023).
Ahora
bien, el proceso constituyente boliviano se llevó a cabo luego de una intensa
crisis política interina y enfrentamientos violentos. Antes de los eventos de
septiembre de 2006, los diferentes actores presentaron sus propuestas sobre
aspectos relevantes de la reforma constitucional. De esta manera, podemos comprender
el contexto previo a este momento en lo que respecta a la discusión sobre los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia.
Es importante señalar que, tras los acontecimientos de septiembre de 2006,
asumió el gobierno un grupo político surgido de las movilizaciones del campo,
conocido como Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyos líderes suelen
identificarse como miembros del "Movimiento Indígena". Es evidente
que el tema de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos fue
parte del programa político que impulsó la mencionada protesta insurreccional. (Reyes, 2023).
En
las últimas dos décadas, las naciones de América Latina y el Caribe han
iniciado un proceso para reconocer y proteger los derechos de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, entre otros. Esta evolución ha sido impulsada
por las entidades representativas de estos grupos, como respuesta a un largo
historial de discriminación. Uno de los resultados de este proceso es que varios
países, como Bolivia, están contemplando la diversidad étnica en el texto
constitucional y brindando una protección especial a los derechos de los
pueblos indígenas. En el caso boliviano, la cuestión de los derechos de los
pueblos indígenas ha sido objeto de un debate amplio y ha generado cambios
significativos en el ámbito legal y político del país. La Constitución Política
del Estado de Bolivia de 2009 representa un documento clave para analizar la
noción de plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas originarios
campesinos. (Gutiérrez,
2024).
Marco
histórico: Antecedentes de la Asamblea Constituyente en Bolivia
El proceso que se inicia con la Marcha por el
Territorio y la Dignidad de1990 de los Pueblos Indígenas de tierras bajas
encabezada por la Central de Pueblos Indígenas del Beni conducirá a cambios
trascendentales en todos los órdenes. Así el “reconocimiento” de nueve
“territorios” indígenas, los denominados históricos, reconocimiento que no
estaba contemplado en el ordenamiento Constitucional boliviano de entonces. Le
sigue la ratificación y promulgación del Convenio 169 de la OIT mediante Ley de
la República Nº 1257 de 11 de julio de 1991. (Martínez, 2022).
En este escenario, el 13 de mayo de 2002
marca un hito histórico en el país cuando los excluidos de siempre iniciaron
una marcha inmemorable desde la ciudad de Santa Cruz hacia La Paz, sede de
gobierno, con una demanda que no sólo interesaba a los pueblos campesinos
indígenas originarios sino a toda la población del país, la convocatoria a la
Asamblea Constituyente para refundar Bolivia. (Rojas, 2020).
En este marco, de manera sectorial las
organizaciones indígenas originaria campesinas y de colonizadores de Bolivia
empezaron procesos de elaboración colectiva de propuestas para un nueva
Constitución Política del Estado, que incluya los derechos de los pueblos y la
visión para la construcción de un nuevo país. A partir de la aprobación y
promulgación de la Ley especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, en
el mes de marzo de 2006, se comenzó de manera intensa un proceso de
convergencia entre las organizaciones campesinas, indígenas, originarias para
construir de manera colectiva una propuesta de consenso para la Asamblea
Constituyente. (Huanca, 2020).
En este
orden de ideas, el comienzo de otro momento clave de la Asamblea Constituyente
se puede situar en el año 2000, durante la llamada "guerra del agua"
de Cochabamba. Fue, en definitiva, durante el transcurso de la denominada
"guerra del gas" en 2003, que la Asamblea Constituyente alcanzó su
máxima relevancia como demanda social, al ser defendida no solo por los
principales actores del conflicto con el gobierno (MAS, COB, Fejuve del Alto),
sino también por otros sectores que anteriormente la habían ignorado, como las
clases medias o los movimientos cívicos. En este sentido, la idea de Asamblea
Constituyente (junto con la nacionalización de Hidrocarburos) actuó como un
factor unificador de una variedad de grupos con intereses diversos y se
convirtió en el punto de encuentro de los sectores movilizados a favor de un
cambio. (Quenta, 2023).
Los movimientos sociales indígenas y su
carácter decisivo en la Asamblea constituyente
El sistema de exclusión predominante en Bolivia
instaurado en la colonia pero persistente en toda la historia del país, ha
propiciado la subordinación, de los pueblos indígenas, afrobolivianos y
campesinos, ya que a partir de criterios de raza, se les ha quitado el derecho
a la participación política, jurídica y económica, usurpado sus tierras y desestructurando
sus territorios, ubicándolos en el último lugar de la escala social, en un
estado de servidumbre, cuasi-esclavitud, desprecio y deslegitimación. (Clavero,
2023) (Catrileo, 2023).
Asimismo, este movimiento, transformó
completamente los escenarios políticos y públicos tradicionales. Los grupos
indígenas de tierras altas y bajas, al encontrarse juntos para marchar hacia La
Paz, posicionaron con gran fuerza el planteamiento de sus organizaciones,
obteniendo la sanción de siete territorios indígenas por Decreto Supremo. (Rocha,
2023).
Es en el año 1994 se realiza una importante
movilización denominada «Marcha por la vida, la coca y la soberanía», que
paralelamente lleva otra premisa como elemento de consolidación de las alianzas
de los pueblos indígenas: «la refundación de Bolivia» y la exigencia de la
«convocatoria a una Asamblea Constituyente», por lo que se comienza a buscar
cada vez un mayor apoyo y representación política. (Lobaton 2021).
La Ciudadanía en Bolivia
La concepción de ciudadanía ha ido
evolucionando en nuestro país, las sucesivas constituciones fueron
introduciendo de distinta manera el concepto de ciudadanía. Desde entonces las
constituciones fueron reconociendo nuevos derechos. Las Constituciones de 1831
y 1834, por ejemplo, estipularon la igualdad ante la ley y prohibieron la
esclavitud. La Constitución de 1843, reconoció la libertad de conciencia y
estableció la irretroactividad de la ley. La Constitución de 1851 reconoció el
derecho de los ciudadanos a ser citados, oídos, y juzgados según las leyes. La
Constitución de 1861, señaló que nadie puede declarar contra sí mismo. La
Constitución de 1871 establece que los gobiernos que vayan en contra de los
derechos y garantías constitucionales no gozan de fuero y quedan sujetos a la
jurisdicción ordinaria. (Durán, 2021).
De igual forma, la Constitución de 1938
estableció que: Todo ser humano goza de derechos, libertades y garantías sin
distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen, condición económica y social, u otra cualquiera.
De hecho, el ejercicio ciudadano de
participar en la vida política, sin ningún tipo de distinción, recién se hizo
realidad con la creación del “voto
universal” el año 1952. Sin embargo, el sector mayoritario del país,
naciones originarias que conforman actualmente el 62% de la población nacional,
nunca pudo participar genuinamente en la vida política del país.
En el mismo sentido, con el proceso de
democratización, iniciado en 1982, se intentó institucionalizar un sistema de
representación democrática de la sociedad, basado en el respeto a nuestra
Constitución y el Estado de Derecho. Muchas de las demandas mencionadas fueron
y son gradualmente recogidas por el Estado. Lo cual permitió, de alguna manera,
un avance en la construcción y expansión de los procesos de ciudadanía en
nuestro país. Sin embargo, podemos constatar que muchas de las políticas
empleadas por el estado, para afianzar la ciudadanía, carecieron de efectividad
en la vida cotidiana. Si bien el concepto de ciudadanía fue evolucionando con
el transcurrir del tiempo, también es evidente que los pueblos indígenas nunca
fueron reconocidos como ciudadanos plenos que conforman un Estado. (Casiano, s/f)
La ciudadanía en la Constitución Política del
Estado
Muchas de las
demandas mencionadas fueron y son gradualmente recogidas por el Estado. Lo cual
permitió, de alguna manera, un avance en la construcción y expansión de los
procesos de ciudadanía en nuestro país. Sin
embargo, podemos constatar que muchas de las políticas empleadas por el estado,
para afianzar la ciudadanía, carecieron de efectividad en la vida cotidiana. A
continuación, en el cuadro 1 la ciudadanía en la nueva Constitución:
Tabla
N°1. La ciudadanía en la nueva
Constitución
|
La ciudadanía en la nueva Constitución Política del Estado consiste
en: |
|
|
Art. 144. |
|
|
I |
Son ciudadanos todas las bolivianas y todos
los bolivianos, y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad,
cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta. |
|
II |
La ciudadanía consiste. 1.
En concurrir como elector o elegible a la
formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público y, 2.
En el derecho a ejercer funciones públicas
sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la
Ley. |
|
III |
Los derechos de ciudadanía se suspenden por
las causales y en forma prevista en el artículo 28 de esta Constitución. |
Fuente: Constitución Política del Estado 2009.
El espíritu de la
Nueva Constitución política enfatiza en la cosmovisión y
espiritualidad de los pueblos originarios reconociendo la pluralidad de
nuestras culturas. Se pretende dejar atrás el Estado “colonial”, republicano
neoliberal, para construir un nuevo Estado donde predomine la búsqueda del
vivir bien (el suma qamaña), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena),
ivimaraei (tierra sin mal), qhapajñan (camino o vida noble). Art. 8. I. (CPE)
Por eso, en el año
2006 en Sucre capital de la entonces República, hoy Estado Plurinacional, se
instala la Asamblea Constituyente, cuya finalidad era redactar una nueva
Constitución Política del Estado, que dejara atrás la República excluyente y se
diera origen a una nueva estructura societal denominada como Estado
Plurinacional.
A partir de la
nueva Constitución promulgada en enero de 2009 se instauró el Estado
Plurinacional en Bolivia, que implica el reconocimiento formal y constitucional
de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.
Es menester señalar que, dos son los
aspectos que serán analizados en esta investigación: el histórico y el
jurídico. Enfatizando el periodo de 1990 hasta 2015. Teniendo como horizonte
vital, la necesidad de reconocimiento y práctica de los derechos de los pueblos
indígenas y originarios, ya que la omisión “voluntaria o involuntaria” de los
grupos de poder, ha imposibilitado la integración y el desarrollo de una
sociedad en la que exista igualdad de oportunidades.
Atendiendo a lo todo lo anterior, la presente
investigación a través de su objetivo, comprender en qué medida el Estado
plurinacional logrará un reconocimiento real a los derechos de los pueblos
indígenas y originarios en Bolivia. Igualmente, analizar la
constitucionalización de los derechos de los pueblos indígena originario
campesino en la Constitución Política del Estado, a fin de poder determinar el
ejercicio pleno de dichos derechos.
MÉTODO
En este apartado, se describe la metodología
empleada en el estudio. El objetivo del estudio es dilucidar los Derechos de
los Pueblos Indígenas en la Historia Constitucional de Bolivia. Esta definición
precisa del objetivo guía la investigación y permite enfocar la recolección y
análisis de información. Se identifica el enfoque cualitativo como la base de
la investigación, lo que implica un análisis profundo y comprensivo de los
datos obtenidos.
El paradigma es el interpretativo, por su
parte, permite interpretar y comprender el significado de los datos en el
contexto de la historia constitucional de Bolivia. El método hermenéutico se
selecciona como la herramienta principal para la investigación. Desde la
metodología jurídica, es una investigación tipo jurídica documental, esta se
realiza en contacto directo con los documentos y en el recinto cerrado donde
éstos se encuentran.
De igual forma, esta combinación permite de
metodologías facilita una comprensión profunda de los Derechos de los Pueblos
Indígenas en la historia constitucional boliviana.
En cuanto a las técnicas de investigación
fundamentales se utilizaron la revisión documental bibliográfica que implica la
revisión exhaustiva de documentos relevantes, como la Constitución de Bolivia,
revistas científicas y publicaciones especializadas en el tema de los derechos
indígenas, en la muestra del estudio que se incluirán son las leyes, decretos,
reglamentos, necesarios para dar el afianzamiento metodológico requerido para
el estudio. La revisión crítica de estos documentos permite obtener información
valiosa sobre la evolución de los derechos indígenas en el marco constitucional
boliviano. Además de esto, se utilizó el análisis jurídico para examinar la
normativa, la doctrina y la jurisprudencia relacionada con los derechos
indígenas. El análisis jurídico permite identificar las normas, principios y
jurisprudencia que han configurado los derechos indígenas en Bolivia a lo largo
de su historia constitucional.
RESULTADOS
Proposiciones o alternativas resultantes
Reconocimiento Formal (1990 –
2005)
La década de 1990 marcó un punto de inflexión
en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en
Bolivia. Tras décadas de exclusión y marginación, un nuevo paradigma comenzó a
emerger, abriendo paso a una mayor inclusión y reconocimiento de sus derechos
fundamentales. La reforma constitucional de 1994 representó un hito histórico
en el camino hacia el reconocimiento de los derechos indígenas en Bolivia. Por
primera vez en la historia del país, la Constitución incorporó derechos
específicos para los pueblos indígenas, reconociendo su identidad cultural,
territorialidad y autonomía.
De igual forma, este cambio constitucional
sentó las bases para una serie de avances legislativos en la década de 1990. Se
promulgaron leyes que reconocieron la propiedad comunitaria de la tierra,
garantizaron el acceso a la educación y la salud intercultural, y establecieron
mecanismos para la participación indígena en la toma de decisiones.
Es importante destacar que el reconocimiento
de los derechos indígenas en Bolivia ha sido un proceso gradual y continuo. Si
bien la década de 1990 marcó un importante punto de partida, aún quedan
desafíos por superar para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos.
A pesar de los avances logrados, los pueblos
indígenas en Bolivia aún enfrentan desafíos significativos en el ejercicio de
sus derechos. La discriminación, la pobreza y la falta de acceso a servicios
básicos persisten como obstáculos para su desarrollo pleno.
Materialización de los Derechos (2009 –
2015)
La historia de los derechos indígenas en
Bolivia está marcada por una lucha constante por el reconocimiento y la
reivindicación. Tras siglos de exclusión y marginación, la década de 1990 marcó
un punto de inflexión con la reforma constitucional que incorporó derechos
específicos para los pueblos indígenas. Si bien este hito jurídico representó
un avance significativo, la implementación efectiva de estos derechos ha sido
un proceso complejo y lleno de desafíos. La falta de recursos, las barreras
burocráticas y la resistencia a nivel local y nacional han dificultado la plena
realización de estos derechos.
Este estudio se sumerge en un análisis
detallado de las reformas constitucionales y legislativas que marcaron el
panorama de Bolivia entre 1990 y 2015. El objetivo central es evaluar el
impacto de estas reformas en la vida de los pueblos indígenas, explorando a
fondo casos específicos de implementación de derechos. A través de un estudio
meticuloso, se identifican los principales obstáculos y logros que han
caracterizado este proceso. El estudio no solo se limita a los aspectos técnicos
de las reformas, sino que también reflexiona sobre las dinámicas políticas y
sociales que han influido en la evolución de los derechos indígenas durante
este período crucial.
El ciclo del
constitucionalismo plurinacional (2006-2009)
El tercer ciclo de reformas dentro del
horizonte pluralista es el constitucionalismo plurinacional. Está
conformado por dos procesos constituyentes, Bolivia (2006-2009) y Ecuador
(2008), y se da en el contexto de la aprobación de la Declaración de Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2006-2007). Estas
constituciones se proponen una refundación del Estado, iniciando con el
reconocimiento explícito de las raíces milenarias de nuestros pueblos, pueblos
ignorados en la fundación republicana, y se plantea el desafío de dar fin al
colonialismo. Los pueblos indígenas son reconocidos no sólo como “culturas
diversas” sino como naciones originarias o nacionalidades con
autodeterminación o libre determinación.
Esto significa que son sujetos políticos
colectivos con derecho a definir su destino, gobernarse en autonomías, y
participar en los nuevos pactos de Estado, el que se configura así, como un
“Estado plurinacional”. Además, luego de la crisis del modelo de ajuste
estructural y de las políticas neoliberales, la población en general le reclama
al Estado derechos sociales y un papel activo frente a las transnacionales y
los poderes materiales, lo cual se traduce en nuevos derechos sociales que
incorporan la visión indígena, como el derecho al agua, al “buen vivir”, la
seguridad alimentaria, entre otros. Igualmente, estas cartas constitucionales
incorporan nuevos derechos por fuera de la sistemática homocéntrica occidental,
como los derechos de la naturaleza, y se reconoce el ejercicio del derecho
propio en el marco de la cosmovisión indígena.
Es importante resaltar que, la constitución
aprobada en Bolivia y promulgada el 7 de febrero del 2009, tiene 411 artículos
y 10 disposiciones transitorias de los cuales son 60 artículos y 2
disposiciones transitorias prescriben los derechos de las etnicidades en
Bolivia, a las que constitucionalmente se las ha denominado como “Naciones y
Pueblos indígena-originario-campesinos". Esto correspondería a cerca de un
15% de los artículos redactados en la Constitución los que otorgarían los
derechos, regularían, o mencionan a “las Naciones y Pueblos indígena originario
campesinos" o la etnicidad, como un valor diferenciador o agregado a la
ciudadanía en Bolivia, y los consecuentes derechos políticos, económicos y
sociales que estos conllevarían hacia los bolivianos.
En este contexto, Bolivia es un país de
extraordinaria diversidad étnica, donde conviven más de 36 pueblos indígenas y
originarios, cada uno con su propia cosmovisión, historia y formas de
organización social. Esta riqueza cultural se manifiesta en una pluralidad de
lenguas, tradiciones y expresiones artísticas, que conforman un mosaico único y
vibrante.
En este estudio, se toma como base la
información más actual y oficial proporcionada por el Ministerio de Asuntos
Campesinos y Pueblos Indígenas y Originarios (MACPIO), complementada con las
referencias del estudio de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. A
continuación, en el Cuadro 2, se presenta una lista de los pueblos indígenas y
originarios de Bolivia:
Tabla 2. Pueblos Indígenas y
Originarios en Bolivia
|
Originarios
Región Andina |
Indígenas
Región Amazónica |
Región
Chacho-Amazónica |
|
1. Aymará |
1. Arona |
1. Guarani (Ava-Izozeño-Simba) |
|
2. Quechua |
2. Baure |
2. Chiquitano |
|
3. Uru (Chipaya-Murato-Iruito) |
3. Canichana |
3. Guarayo |
|
4. Afroboliviano |
4. Cavineño |
4. Ayoreo |
|
|
5. Cayuvaba |
5. Tapiete |
|
|
6. Chacobo |
6. Weenhayek |
|
|
7. Chiman |
7. Paiconeca |
|
|
8. Ese Ejja |
|
|
|
9. Itonama |
|
|
|
10. Joaquiniano |
|
|
|
11. Leco |
|
|
|
12. Manchineri |
|
|
|
13. Moré |
|
|
14. Moseten |
|
|
|
15. Movima |
|
|
|
16. Moxeño (Trinitario-Ignaciano) |
|
|
|
17. Nahua |
|
|
|
18. Pacahuara |
|
|
|
19. Sironio |
|
|
|
20. Tacana |
|
|
|
21. Toromona |
|
|
|
22. Yaminahua |
|
|
|
23. Yuqui |
|
|
|
24. Yuracare |
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Fuente: Choque
(s/f). Archivos sonoros y visuales de pueblos indígenas y originarios de
Bolivia.
En otro punto, la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) marca un nuevo amanecer en el
reconocimiento de los pueblos indígenas. Esta carta magna, promulgada en 2008,
va más allá de un simple reconocimiento legal, adentrándose en la reivindicación
y valoración de la diversidad cultural y la cosmovisión indígena. El conjunto
descrito lleva consigo una fuerte carga de valores que engloban el respeto a la
vida y al medio ambiente. La historia de Bolivia suele ser narrada a partir de
una visión idealizada de un pasado precolombino armonioso y libre de
conflictos, que se ve abruptamente interrumpido por la llegada de los
conquistadores españoles. Esta narrativa, sin embargo, presenta diversas
limitaciones y ofrece una imagen distorsionada de la realidad histórica del
país.
Asimismo, la devolución de soberanía, ha sido
uno de los principales objetivos tratados durante la Asamblea Constituyente, en
cuyas sesiones se ha destacado fuertemente el sometimiento de los pueblos
ancestrales y la necesidad de la reivindicación de sus derechos. Logrando
establecer en la CPE, como fines y funciones del Estado a la construcción de
una sociedad justa y armoniosa, con base en la descolonización, para la
consolidación de las identidades plurinacionales; al fomento del diálogo
intracultural, intercultural y plurilingüe; y a la preservación como patrimonio
histórico y humano de la diversidad plurinacional (Art. 9 CPE).
DISCUSIÓN
Los resultados de la
revisión bibliográfica exhaustiva, revelan que, la nueva condición de
"Plurinacional" que asume Bolivia no es solo un cambio de nombre,
sino una transformación profunda que refleja la voluntad colectiva de
descolonización y el reconocimiento de la rica diversidad del país. Bolivia se
aleja de la antigua concepción homogénea del Estado, que invisibilizaba y
marginaba a los pueblos indígenas y originarios. La nueva constitución,
promulgada en 2008, establece un Estado Plurinacional que reconoce y valora la
diversidad cultural, cosmovisiones y formas de organización social de estos
pueblos.
De igual forma, Bolivia se
define como Plurinacional porque su organización económica, social, jurídica y
política articula a todas las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, así como a la población intercultural del campo y la ciudad. Esta
nueva visión del Estado busca construir una sociedad más justa e inclusiva,
donde todas las culturas tengan cabida y puedan contribuir al desarrollo del
país.
Otro hallazgo es que la
multiplicidad que caracteriza al Estado Plurinacional de Bolivia no implica
fragmentación, sino más bien una forma de integración cohesiva, dinámica y
flexible. Las diferentes naciones y pueblos indígenas originarios, así como la
población intercultural, mantienen sus propias identidades y cosmovisiones, pero
al mismo tiempo forman parte de un proyecto común de nación.
CONCLUSIONES
El análisis de la historia constitucional de Bolivia
en relación a los derechos indígenas revela un camino largo y lleno de retos.
Si bien se han logrado avances importantes en el reconocimiento y protección de
estos derechos, aún queda mucho por hacer para garantizar su pleno ejercicio. A
continuación, las conclusiones:
Las conclusiones del estudio afirman que el
lapso de tiempo comprendido entre 1990 y 2015 en la historia constitucional de
Bolivia marca un recorrido desde la formalización del reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas hasta los esfuerzos por llevarlos a la
práctica. A pesar de los retos, los progresos alcanzados en estos años han sido
significativos, estableciendo un marco que sigue orientando las políticas y
acciones venideras. Este análisis ofrece una visión integral de este proceso y
brinda recomendaciones para continuar avanzando en la protección y
materialización de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.
También se tiene que, la propuesta de un
nuevo Estado plurinacional, emergente de la Asamblea Constituyente y,
fundamentalmente, de las exigencias de los pueblos originarios, es,
ciertamente, un avance. Se sostiene que, en el proceso de construcción del
nuevo Estado Plurinacional, se enfrenta el país ante un conjunto de desafíos
que requieren un proceso de debate y reflexión. Estas temáticas generadoras de
procesos de reflexión, deben ser parte de la agenda de instancias estatales en sus
diferentes niveles, instituciones de la sociedad civil y organizaciones de
pueblos indígenas originarios campesinos, buscando fortalecer espacios de, no
solamente el reconocimiento formal de los derechos indígenas, sino la búsqueda
de garantizar dichos derechos:
Otra
conclusión relevante es que la constitucionalización del derecho a la
jurisdicción indígena originaria campesina en Bolivia reconoce a las naciones y
pueblos indígenas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales y aplicar
sus normas culturales con igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria. Este
sistema debe equilibrar mecanismos de coordinación entre ambas jurisdicciones,
fomentar el diálogo intercultural, y respetar los derechos humanos desde
diversas perspectivas. La justicia comunitaria y sus competencias representan
nuevos desafíos, mientras que la libre determinación y el autogobierno de las
comunidades indígenas buscan consolidar territorios ancestrales, gestionar
recursos naturales y mantener relaciones con el gobierno central bajo sus
propias normas.
Finalmente,
se concluye que la participación política indígena en la Asamblea Legislativa
Plurinacional aún enfrenta desafíos en la comprensión y aplicación de la
representación plurinacional. Las autonomías indígenas deben desarrollar
gobiernos propios, y el manejo de la tierra y el territorio sigue siendo un
foco de conflicto, especialmente entre comunidades de tierras altas y bajas. La
Ley Marco de Autonomías y Descentralización deberá operativizar estos elementos,
garantizando la implementación de derechos reconocidos en la CPE y normas
internacionales.
CONFLICTO DE INTERESES.
El autor declara que no existe conflicto de intereses
para la publicación del presente artículo científico.
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