Volumen 7, No. 26,
octubre-diciembre 2024
ISSN: 2631-2735
Páginas 987 - 1000
Efectividad en la sanción por delitos de
la apropiación fraudulenta por medios electrónicos en Ecuador
Effectiveness in the punishment of fraudulent
appropriation offenses by electronic means in Ecuador
Eficácia na sanção de crimes de apropriação fraudulenta por meios
eletrônicos no Equador
Israel Jairo Morales Vascones
ijmoralesv@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-0189-9668
Yuleixy Ruby Cueva Loayza
yrcueval@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-5851-9046
Holger Geovannny García Segarra
hggarcias@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-2499-762X
Universidad Bolivariana del Ecuador. Durán, Ecuador
Artículo recibido 22 de agosto 2024 | Aceptado 26 de septiembre 2024 |
Publicado 25 de octubre 2024
RESUMEN
La creciente
incidencia de delitos informáticos, particularmente la apropiación fraudulenta
por medios electrónicos, representa un desafío para la justicia en Ecuador.
Este estudio tiene como objetivo examinar cómo la falta de conocimientos
especializados en la Fiscalía puede vulnerar el derecho al debido proceso al
identificar y sancionar a los responsables de estos delitos. Se utilizó un
enfoque analítico, revisando legislación y documentos académicos sobre
cibercriminalidad. Los resultados indican que la capacitación en delitos
informáticos es insuficiente, comprometiendo las investigaciones. Se resalta la
necesidad de modernizar la normativa y crear unidades especializadas dentro de
la Fiscalía. Además, se enfatiza la importancia de fomentar la cooperación
interinstitucional y la colaboración con el sector privado. En conclusión, un
enfoque multidimensional que integre capacitación, actualización legal,
cooperación y concienciación pública es esencial para combatir la criminalidad
digital en Ecuador y garantizar la efectividad de las sanciones.
Palabras clave: Delitos informáticos; Apropiación fraudulenta; Fiscalía; Debido
proceso; Cooperación interinstitucional
ABSTRACT
The growing incidence of computer crimes,
particularly fraudulent appropriation by electronic means, represents a
challenge for the justice system in Ecuador. This study aims to examine how the
lack of expertise in the Prosecutor's Office may violate the right to due
process in identifying and punishing those responsible for these crimes. An
analytical approach was used, reviewing legislation and academic papers on
cybercrime. The results indicate that training in cybercrime is insufficient,
compromising investigations. The need to modernize regulations and create
specialized units within the Prosecutor's Office is highlighted. In addition,
the importance of promoting inter-institutional cooperation and collaboration
with the private sector is emphasized. In conclusion, a multidimensional
approach that integrates training, legal updating, cooperation and public
awareness is essential to combat digital crime in Ecuador and ensure the
effectiveness of sanctions.
Key words: Computer
crimes; Fraudulent misappropriation; Prosecution; Due process;
Inter-institutional cooperation
RESUMO
A crescente
incidência de crimes cibernéticos, especialmente a apropriação fraudulenta por
meios eletrônicos, representa um desafio para o sistema de justiça no Equador.
Este estudo tem como objetivo examinar como a falta de conhecimento
especializado no Ministério Público pode violar o direito ao devido processo
legal na identificação e punição dos responsáveis por esses crimes. Foi
utilizada uma abordagem analítica, revisando a legislação e os trabalhos
acadêmicos sobre crimes cibernéticos. Os resultados indicam que o treinamento
em crimes cibernéticos é insuficiente, comprometendo as investigações.
Destaca-se a necessidade de modernizar a regulamentação e criar unidades especializadas
no Ministério Público. Além disso, é enfatizada a importância de promover a
cooperação interinstitucional e a colaboração com o setor privado. Em
conclusão, uma abordagem multidimensional que integre treinamento, atualizações
legais, cooperação e conscientização pública é essencial para combater o crime
digital no Equador e garantir a eficácia das sanções.
Palavras-chave: Crime informático;
Apropriação indébita fraudulenta; Acusação; Devido processo legal; Cooperação
interinstitucional
INTRODUCCIÓN
En Ecuador, la creciente complejidad técnica
de los delitos informáticos plantea desafíos sustanciales para el sistema
judicial, especialmente en lo que respecta a la protección de garantías
fundamentales como el debido proceso. La tipificación del delito de Apropiación
Fraudulenta por Medios Electrónicos, regulada por el artículo 190 del Código
Orgánico Integral Penal (COIP), representa un avance legislativo significativo
(Código Orgánico Integral Penal, 2014). Sin embargo, la implementación efectiva
de esta norma se ve limitada por la falta de especialización técnica y
operativa dentro de la Fiscalía, lo que compromete tanto la objetividad como la
eficacia en la persecución de los responsables de estos delitos.
Expertos en el ámbito de los delitos
informáticos, como Vizueta (2011) subrayan la importancia de comprender las
diferencias entre los sistemas de información y las redes electrónicas de
comunicación para abordar adecuadamente estas infracciones. Según Vizueta ob
cit, los sistemas de información permiten la transmisión instantánea de datos
entre personas o departamentos mediante diferentes canales de comunicación, lo
que los convierte en un blanco frecuente de la criminalidad informática. Por su
parte, Torre-Chávez (2002) define los delitos informáticos como acciones
ilegales que utilizan computadores y redes informáticas como medios o fines
para alterar, manipular o acceder de forma no autorizada a información
protegida.
A pesar de los avances normativos, las
deficiencias operativas en el sistema judicial ecuatoriano persisten. La
Fiscalía enfrenta serias limitaciones, entre las que destacan la falta de
formación especializada y la insuficiencia de recursos para abordar la
complejidad inherente a los delitos cibernéticos. Esta situación genera una
brecha considerable entre la ley y su aplicación efectiva, lo que pone en
riesgo derechos fundamentales como el debido proceso.
Por lo tanto, el propósito de este estudio
busca examinar cómo la falta de conocimientos especializados en la Fiscalía
puede vulnerar el derecho al debido proceso al identificar y sancionar a los
responsables de delitos informáticos, en particular los relacionados con la
apropiación fraudulenta por medios electrónicos. A través del análisis de
aspectos legales, tecnológicos y operativos, se explora la necesidad de mejorar
la capacitación y los recursos para garantizar un sistema judicial más eficaz y
justo en el tratamiento de estos delitos complejos.
Esto debido a la creciente incidencia de
delitos informáticos en Ecuador, combinada con la sofisticación técnica de
estas infracciones, demanda una respuesta institucional robusta y
especializada. El presente estudio es relevante porque aborda una problemática
actual que afecta tanto la seguridad de los ciudadanos como la integridad del
sistema judicial. La falta de especialización en la Fiscalía, sumada a la
vulnerabilidad tecnológica, compromete la adecuada aplicación de la ley y el
respeto a los derechos procesales de las partes implicadas. Por ello, se
justifica la necesidad de proponer mejoras que permitan a los operadores de
justicia adaptarse a los desafíos del entorno digital, garantizando la
efectividad de las sanciones y la protección de las garantías constitucionales.
METODOLOGÍA
El
presente estudio abordó cualitativamente el impacto del desconocimiento de la
Fiscalía sobre delitos informáticos en el debido proceso en casos de
Apropiación Fraudulenta por Medios Electrónicos en la provincia del Guayas
durante los años 2022 y 2023. Se analizó la información proporcionada por la
Dirección de Estadística y Sistema de Información de la Fiscalía General del
Estado del Ecuador, específicamente las noticias del delito, con el fin de
detectar posibles falencias en la identificación de los autores del delito.
Además, se llevó a cabo una exhaustiva revisión documental que incluyó normas
legales, doctrinas jurídicas y estudios previos relacionados con la temática,
lo que permitió detectar debilidades operativas en la actuación de la Fiscalía.
Este
análisis combinó enfoques teóricos y empíricos, utilizando métodos inductivos y
deductivos. El enfoque inductivo permitió identificar patrones y tendencias a
partir de la revisión de casos y datos extraídos, mientras que el enfoque
deductivo se aplicó para verificar teorías existentes sobre la configuración
del delito y el debido proceso. Se revisaron investigaciones previas que
profundizaron en la dinámica de la Apropiación Fraudulenta por Medios
Electrónicos, con el objetivo de contrastar estos hallazgos con la situación en
Ecuador.
La
metodología mixta empleada permitió una comprensión integral del fenómeno y
enriqueció los hallazgos con un análisis detallado de la efectividad de las
sanciones impuestas y su impacto en el respeto al debido proceso. El estudio
abordó cuestiones clave, como el efecto del desconocimiento especializado de la
Fiscalía sobre la imparcialidad de sus actuaciones, la correcta tipificación
del delito y los elementos necesarios para su configuración. Asimismo, se
realizó una comparación de las disposiciones legales internacionales con las
normativas ecuatorianas.
Para la
recolección de la información, se utilizaron métodos manuales y electrónicos.
Se revisaron textos normativos del ordenamiento jurídico ecuatoriano, como la
Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, y el Código Orgánico de la
Función Judicial (2009). Electrónicamente, se consultaron sitios web oficiales
de instituciones relevantes, informes técnicos, repositorios universitarios y
bases de datos especializadas como Google Académico, Scielo, ResearchGate y
Redalyc. Los términos de búsqueda, como "Debido Proceso" y
"Delitos Informáticos", se utilizaron en títulos, resúmenes y
palabras clave, garantizando así una investigación exhaustiva y representativa
del marco normativo y su aplicación práctica.
Además,
el estudio contó análisis de sitios web de instituciones relevantes, como la
Fiscalía General del Estado, y se accedió a informes técnicos, repositorios
universitarios nacionales e internacionales, artículos académicos y bases de
datos bibliográficas como Google Académico, Scielo, Rieoei, ResearchGate,
Dialnet y Redalyc.
DESARROLLO Y
DISCUSIÓN
En el
presente estudio se analizó la evolución de los delitos relacionados con la Apropiación Fraudulenta por Medios
Electrónicos en la provincia del Guayas durante los años 2022 y 2023.
Con el avance de las tecnologías de la información, se ha observado un notable
incremento en los delitos cometidos utilizando sistemas informáticos, lo que ha
transformado el ámbito del crimen, particularmente en delitos contra la
propiedad y el orden económico. Según Mireya (2022), estos desarrollos han
ampliado considerablemente el espectro de los delitos asociados a la
tecnología.
En
Ecuador, a pesar de los avances legislativos, el aumento de los delitos
informáticos y la falta de especialización en la investigación de estos
crímenes han generado preocupaciones en cuanto a la efectividad del sistema
judicial. Según Ponce (2024), aproximadamente el 80% de los delitos
informáticos no se reportaban en 2009, lo que posicionó al país como el tercero
en índices de criminalidad cibernética en la región. A pesar de esto, las
reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014 establecieron un
marco regulatorio más adecuado para enfrentar delitos cometidos a través de
medios electrónicos, como la Apropiación
Fraudulenta por Medios Electrónicos.
Tabla 1. Noticias
del delito por año de registro, según el tipo penal en la provincia del Guayas.
|
Tipo Penal |
2022 |
2023 |
Total NDDs |
|
APROPIACIÓN FRAUDULENTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS |
984 |
903 |
1,887 |
|
CONSUMADO |
969 |
894 |
1,863 |
|
TENTATIVA |
15 |
9 |
24 |
|
Total NDDs |
984 |
903 |
1,887 |
La Tabla
1 refleja las Noticias del Delito (NDDs) relacionadas con la Apropiación
Fraudulenta por Medios Electrónicos en la provincia del Guayas durante 2022 y
2023. En 2022, se registraron 984 NDDs, mientras que, en 2023 la cifra
disminuyó a 903, mostrando una reducción del 8.2%. De estos casos, 969 en 2022
y 894 en 2023 fueron delitos consumados, con una disminución del 7.7%. Los
casos de tentativa, por otro lado, fueron mínimos, con 15 en 2022 y solo 9 en
2023, totalizando 24 intentos de delito en los dos años.
Los
resultados evidencian que, a pesar de la tipificación de este delito en el COIP
y los esfuerzos para combatir la criminalidad cibernética, persisten
dificultades en la reducción de estos delitos. A diferencia de los delitos
tradicionales, la Apropiación Fraudulenta por Medios Electrónicos requiere un
alto grado de sofisticación técnica por parte de los delincuentes. Según Acurio
Del Pino (2009), los sujetos activos de estos delitos suelen ser individuos con
habilidades avanzadas en informática, lo que dificulta la identificación y
persecución de los responsables.
Además,
como lo señalan Juca-Maldonado y Medina-Peña (2023) las amenazas a la seguridad
informática han llevado a la creación de nuevas instituciones como el Centro de
Operaciones Tecnológicas y la Unidad de Crímenes Cibernéticos, que buscan
mejorar la capacidad del país para enfrentar este tipo de criminalidad. Sin
embargo, las estadísticas reflejan que los desafíos persisten, y que la falta
de formación especializada en la fiscalía limita la efectividad en la sanción y
el procesamiento de estos delitos.
La Tabla
2 revela un análisis geográfico de las Noticias del Delito (NDDs) relacionadas
con la Apropiación Fraudulenta por Medios Electrónicos en los cantones de la
provincia del Guayas durante 2022 y 2023. En ambos años, el cantón de Guayaquil
concentra la mayor parte de los delitos, con un 86,4% en 2022 (850 NDDs) y
83,6% en 2023 (755 NDDs). Aunque Guayaquil sigue siendo el principal foco de
este tipo de criminalidad, se observa una reducción del 11,2% en los casos
reportados en este cantón, lo que sugiere una disminución general de la
actividad delictiva en el área.
Tabla 2. Noticias del delito por
año de registro, según el tipo penal y el cantón de incidente en la provincia
del Guayas.
|
Tipo penal y Cantón de incidente |
2022 |
2023 |
Total NDDs |
|
APROPIACIÓN FRAUDULENTA POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS |
|||
|
GUAYAS |
984 |
903 |
1.887 |
|
BALAO |
1 |
0 |
1 |
|
BALZAR |
2 |
3 |
5 |
|
DAULE |
27 |
38 |
65 |
|
DURAN |
42 |
35 |
77 |
|
EL EMPALME |
6 |
3 |
9 |
|
EL TRIUNFO |
4 |
2 |
6 |
|
GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) |
0 |
1 |
1 |
|
GUAYAQUIL |
850 |
755 |
1.605 |
|
MILAGRO |
10 |
22 |
32 |
|
NARANJAL |
8 |
5 |
13 |
|
NARANJITO |
2 |
4 |
6 |
|
NOBOL |
2 |
2 |
4 |
|
PALESTINA |
0 |
1 |
1 |
|
PEDRO CARBO |
4 |
0 |
4 |
|
PLAYAS |
12 |
8 |
20 |
|
SALITRE |
1 |
0 |
1 |
|
SAMBORONDON |
10 |
17 |
27 |
|
SAN JACINTO DE YAGUACHI |
2 |
3 |
5 |
|
SIMON BOLIVAR |
1 |
4 |
5 |
|
Total NDDs |
984 |
903 |
1.887 |
Sin
embargo, otros cantones muestran un aumento en las NDDs, como Daule, que pasó
de 27 casos en 2022 a 38 en 2023, y Milagro, con un aumento significativo de 10
a 22 casos. Estos incrementos sugieren un posible cambio en el patrón
geográfico del delito, con una dispersión hacia cantones que, en 2022,
mostraban una menor incidencia.
Por otro
lado, cantones como Durán mantienen niveles elevados de criminalidad en ambos
años, con una leve disminución del 16,6% en los casos reportados (42 en 2022
frente a 35 en 2023). Este comportamiento resalta la persistencia del delito en
ciertas áreas metropolitanas y la variabilidad en otras localidades más
pequeñas, como Naranjal y Samborondón, que muestran fluctuaciones menores en
los datos reportados.
Este
análisis territorial sugiere que, si bien Guayaquil continúa siendo el
epicentro de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, los esfuerzos
de investigación y persecución del delito deben expandirse a cantones como
Daule y Milagro, donde se observa un aumento en la actividad delictiva. Además,
la dispersión geográfica de los casos resalta la necesidad de un enfoque más
amplio y descentralizado por parte de la fiscalía para mejorar la efectividad
de la prevención y persecución en áreas donde la criminalidad digital está en
crecimiento.
La Tabla
3, presenta un análisis sobre las Noticias del Delito (NDDs) relacionadas con
la apropiación fraudulenta por medios electrónicos en distintos cantones de la
provincia del Guayas, según el tipo de delito (consumado o tentativa) y el año
de registro (2022 y 2023). Los resultados revelan tendencias importantes que
permiten entender la evolución de este tipo de delito en el tiempo. En 2022, se
reportaron 973 delitos consumados, cifra que se redujo a 886 en 2023, lo que
representa una disminución del 8,9% en los delitos consumados. Esta reducción
puede interpretarse como el resultado de políticas de prevención más eficaces o
cambios en las dinámicas delictivas que han afectado la frecuencia de estos
incidentes. Sin embargo, los delitos en tentativa tuvieron un comportamiento
opuesto: aumentaron de 11 casos en 2022 a 17 en 2023, lo que implica un crecimiento
del 54,5%. Este incremento en tentativas podría reflejar una mayor detección
temprana o fallos en la consumación de los delitos.
Tabla 3. Noticias
del delito por año de registro, según el tipo penal, cantón de incidente y tipo
de delito.
|
Tipo penal y cantón de incidente |
2022 |
2023 |
Total NDDs |
|
Apropiación fraudulenta por medios electrónicos |
984 |
903 |
1.887 |
|
Balao |
1 |
0 |
1 |
|
Balzar |
2 |
3 |
5 |
|
Daule |
27 |
38 |
65 |
|
Durán |
42 |
35 |
77 |
|
El Empalme |
6 |
3 |
9 |
|
El Triunfo |
4 |
2 |
6 |
|
General Antonio Elizalde (Bucay) |
0 |
1 |
1 |
|
Guayaquil |
850 |
755 |
1.605 |
|
Milagro |
10 |
22 |
32 |
|
Naranjal |
8 |
5 |
13 |
|
Naranjito |
2 |
4 |
6 |
|
Nobol |
2 |
2 |
4 |
|
Palestina |
0 |
1 |
1 |
|
Pedro Carbo |
4 |
0 |
4 |
|
Playas |
12 |
8 |
20 |
|
Salitre |
1 |
0 |
1 |
|
Samborondón |
10 |
17 |
27 |
|
San Jacinto de Yaguachi |
2 |
3 |
5 |
|
Simón Bolívar |
1 |
4 |
5 |
|
Total NDDs |
984 |
903 |
1.887 |
En cuanto
a la distribución geográfica de estos delitos, Guayaquil concentra la mayor
cantidad de NDDs con un total de 1.605 casos entre 2022 y 2023, lo que
representa más del 85% del total de delitos en la provincia. Otros cantones
como Durán y Daule también registran números significativos con 77 y 65 casos
en total, respectivamente.
La Tabla
4, presenta un análisis detallado de las Noticias del Delito (NDDs)
relacionadas con la apropiación fraudulenta por medios electrónicos en la
provincia del Guayas, clasificadas por estado y etapa procesal hasta el 31 de
marzo de 2024. En 2022, se registraron 984 NDDs, con 912 de ellas (92,7%)
permaneciendo activas, aunque solo 3 (0,3%) avanzaron a la etapa de instrucción
fiscal. En 2023, se observaron 903 NDDs, donde 901 (99,8%) continuaron activas,
pero ninguna progresó hacia la instrucción fiscal. Esto sugiere un
estancamiento en la gestión de estos casos.
En
relación a los casos pasivos, en 2022, de los 72 registrados, 65 (90,3%) fueron
sometidos a investigación previa, pero solo 7 (9,7%) llegaron a juicio. En
2023, esta situación empeoró, con solo 2 casos pasivos, de los cuales 1 avanzó
a la investigación previa y ninguno al juicio. Esta disminución podría indicar
una reducción en la acción judicial o un cambio en la naturaleza delictiva.
Tabla 4. Noticias del delito por
año de registro, según el Estado de la NDD y la Etapa Procesal al 31 de marzo
de 2024.
|
Estado de la NDD y la Etapa Procesal |
2022 |
2023 |
Total NDDs |
|
Apropiación fraudulenta por medios
electrónicos |
984 |
903 |
1.887 |
|
Activos |
|||
|
Total |
912 |
901 |
1.813 |
|
- Investigación previa |
908 |
901 |
1.809 |
|
- Instrucción fiscal |
3 |
0 |
3 |
|
- Preparatoria de juicio |
1 |
0 |
1 |
|
Pasivos |
|||
|
Total |
72 |
2 |
74 |
|
- Investigación previa |
65 |
1 |
66 |
|
- Juicio |
7 |
1 |
8 |
|
Total NDDs |
984 |
903 |
1.887 |
Estos resultados
evidencian la necesidad urgente de mejorar la capacitación de los fiscales en
delitos informáticos. La escasez de avances hacia las etapas de instrucción
fiscal y juicio resalta una posible ineficacia en la administración de
justicia, afectando la percepción de seguridad y confianza en el sistema
judicial. La notable cantidad de casos activos en comparación con aquellos que
llegan a juicio pone de manifiesto un desinterés o falta de recursos para
investigar adecuadamente los delitos, lo que podría fomentar la impunidad.
Los datos
utilizados en este análisis fueron obtenidos a través de un informe estadístico
proporcionado por la Dirección de Estadística y Sistemas de la Información de
la Fiscalía General del Estado, asegurando la precisión y confiabilidad de la
información presentada. conforme a lo estipulado en el Art. 27 de la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Discusión
El
notable aumento de delitos informáticos en Ecuador, con más de 3,183 casos
reportados desde 2020 según El Comercio (2022), revela profundas deficiencias
tanto en la implementación de políticas de seguridad informática como en la
capacidad del sistema judicial para abordar estos crímenes de manera efectiva.
La complejidad creciente de los delitos informáticos, impulsada por el uso
masivo de tecnologías digitales, exige que las pruebas técnicas sean
recolectadas, interpretadas y evaluadas con un alto grado de precisión. Sin
embargo, la falta de pericia de los
fiscales en este campo se traduce en investigaciones deficientes, donde la
manipulación o interpretación incorrecta de datos digitales pueden llevar a
errores judiciales que afectan la identificación de culpables y la adecuada
protección de los derechos de las víctimas.
La insuficiencia
en la formación técnica de los operadores de justicia también impide que se
realicen juicios justos y equitativos, vulnerando así el principio de legalidad
y generando impunidad en estos delitos. Este déficit de conocimientos técnicos
en delitos informáticos por parte de los fiscales se ha convertido en un
obstáculo crítico que compromete la correcta administración de justicia y
afecta tanto el derecho al debido proceso como el principio de objetividad,
fundamental para la imparcialidad en las decisiones judiciales.
La
cantidad de casos en la fase de investigación previa resalta una problemática
profunda en la gestión de los procesos penales relacionados con delitos
informáticos en Ecuador. A pesar de los esfuerzos realizados por la Fiscalía,
la mayoría de los casos no logra avanzar más allá de esta fase inicial, un
problema que se ha evidenciado reiteradamente en las investigaciones
proporcionadas por la Fiscalía General del Estado del Ecuador (2015). Aunque se
han observado algunos avances, como la reducción de casos pasivos y una ligera
disminución en el número total de Noticias del Delito (NDDs), la alta
proporción de casos activos que permanecen estancados en la fase de
investigación previa sugiere que las sanciones actuales no están logrando un
efecto positivo. Esto indica una falla sistemática en el sistema judicial para
enfrentar adecuadamente los delitos informáticos, especialmente en focos
delictivos como Guayaquil, donde la criminalidad continúa siendo un desafío
persistente.
El
análisis de las NDDs en la provincia de Guayas durante 2022 y 2023 refuerza
esta perspectiva, evidenciando una acumulación significativa de casos en la
fase preliminar. Este estancamiento no solo pone de manifiesto las deficiencias
técnicas y la falta de especialización en delitos informáticos, sino que
también sugiere una posible sobrecarga del sistema judicial, incapaz de manejar
eficazmente el volumen de casos. Esto subraya la urgencia de fortalecer las
capacidades de la Fiscalía y de actualizar las estrategias para combatir el
delito, incluyendo una mejor formación en tecnologías y una mayor cooperación
con la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial
(2024).
La
adecuada configuración del delito de apropiación fraudulenta por medios
electrónicos requiere la identificación y prueba de elementos específicos, como
la alteración, manipulación o modificación informática, así como demostrar un
perjuicio económico real y concreto para la víctima. La Fiscalía debe
establecer un vínculo claro entre el imputado y la conducta delictiva,
demostrando su dolo y rol activo en la transferencia ilícita de bienes o
valores. Para ello, es esencial contar con pruebas que acrediten que el
imputado no solo accedió a los sistemas de manera fraudulenta, sino que también
ejecutó las acciones que llevaron a la transferencia no consentida.
La
cadena de custodia es un aspecto crucial en la admisibilidad de estas pruebas.
Según lo dispuesto en el artículo 454 del COIP (Asamblea Nacional del Ecuador,
2014), toda evidencia digital debe ser manejada conforme a protocolos estrictos
para garantizar su autenticidad e integridad. Cualquier fallo en este aspecto
puede resultar en la inadmisibilidad de las pruebas, comprometiendo así el
proceso penal. Por lo tanto, es fundamental que los fiscales documenten con
precisión cómo se obtuvo, preservó y analizó la evidencia, asegurando que cada
paso cumpla con las normativas establecidas mediante un conocimiento adecuado
en delitos informáticos.
La
creación del Centro de Operaciones Tecnológicas y la Unidad de Investigación de
Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial (2024), en respuesta a las amenazas
cibernéticas enfrentadas por Ecuador en noviembre de 2022, representa un
esfuerzo significativo para dotar al país de capacidades especializadas en la
lucha contra los delitos informáticos. Sin embargo, la plena efectividad de
estas instituciones depende de su coordinación con la Fiscalía y de la
existencia de una base de conocimientos técnicos especializados en esta última.
Aunque la Ley Orgánica del Servicio Público (2010) y el Código de la Función
Judicial (2009) establecen la necesidad de formación continua para los
servidores públicos, incluidas las áreas de delitos informáticos, en la
práctica, la implementación de esta formación ha sido insuficiente.
Esta
deficiencia en el conocimiento especializado trasciende más allá de la
obligación que tiene el Estado para capacitar a los fiscales en delitos
informáticos. Representa una vulneración directa al principio de objetividad y al
debido proceso, consagrados en el artículo 76 de la CRE (Asamblea
Constituyente, 2008), al impedir una evaluación adecuada de los elementos
constitutivos del delito. La incapacidad para llevar a cabo investigaciones
técnicas apropiadas limita gravemente la capacidad de avanzar en el proceso
judicial y resolver los casos de manera efectiva, en contravención a lo
establecido en el COIP (2014), que exige una adecuada investigación y sanción
de los delitos.
La alta
cantidad de casos que permanecen en la fase de investigación previa no solo
refleja la complejidad técnica inherente a los delitos informáticos, sino
también una deficiencia significativa en la capacidad de la Fiscalía para
abordar estos casos con la profundidad técnica necesaria, como lo estipula el
artículo 10 del COIP (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) en relación con la
especialización y eficiencia en la investigación. El fortalecimiento de la
formación técnica debe ir acompañado de una actualización constante de las
herramientas y recursos disponibles para la investigación de delitos
informáticos, lo que incluye la cooperación estrecha con la Unidad de
Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial, la adopción de
nuevas tecnologías y la promoción de un enfoque multidisciplinario en las
investigaciones.
CONCLUSIONES
La
investigación sobre la relación entre la falta de conocimientos especializados
en la Fiscalía y su impacto en el derecho al debido proceso en el contexto de
delitos informáticos, especialmente en la apropiación fraudulenta por medios
electrónicos, pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar
estrategias que fortalezcan las capacidades institucionales y la efectividad de
las sanciones.
En
primer lugar, es esencial que la Fiscalía y otras entidades encargadas de la
persecución penal adopten un enfoque integral de capacitación especializada. La
formación continua en delitos informáticos debe ser una prioridad, incorporando
programas avanzados que aborden la cibercriminalidad y las tecnologías de la
información. La creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía,
conformadas por profesionales con conocimientos en estos temas, permitirá
llevar a cabo investigaciones objetivas y evitará la vulneración del debido
proceso, facilitando la identificación y sanción efectiva de los responsables.
En
segundo lugar, la modernización del marco normativo es fundamental. Aunque el
Código Orgánico Integral Penal incluye disposiciones sobre delitos
informáticos, es crucial revisar y ajustar continuamente el marco legal para
mantenerse al día con las nuevas modalidades delictivas. Esto incluye
considerar sanciones para quienes se benefician de estas conductas delictivas.
La normativa sobre Protección de Datos Personales y otros marcos legales deben
ser actualizados periódicamente para adaptarse a las tendencias emergentes en
el ámbito tecnológico.
Además,
fomentar la cooperación interinstitucional y establecer redes de colaboración
con el sector privado es esencial. La colaboración entre el sector público y
privado, facilitada por normativas existentes, puede mejorar significativamente
la capacidad del Estado para detectar y prevenir delitos informáticos. La
creación de acuerdos de colaboración y mecanismos de intercambio de información
con empresas tecnológicas y proveedores de servicios de Internet fortalecerá
los esfuerzos en la investigación y prevención de estos delitos.
Por
último, es fundamental promover una cultura de concienciación y prevención en
la ciudadanía y las organizaciones. Las disposiciones relacionadas con la
educación y la protección en línea deben ser aprovechadas para desarrollar
campañas educativas que informen a la población sobre los riesgos de los
delitos informáticos y las formas de protección. Las organizaciones deben
adoptar políticas de ciberseguridad rigurosas y asegurar que sus empleados
reciban capacitación adecuada para prevenir y responder a incidentes de
seguridad.
El
combate efectivo contra la apropiación fraudulenta por medios electrónicos y
otros delitos informáticos en Ecuador requiere un enfoque multidimensional que
integre capacitación técnica, modernización legal, cooperación
interinstitucional y concienciación pública. A través de un esfuerzo concertado
y sostenido, se podrá garantizar que las instituciones judiciales estén preparadas
para enfrentar los desafíos de la criminalidad digital y asegurar que se
respete el derecho al debido proceso en la identificación y sanción de los
responsables de estos delitos.
REFERENCIAS
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informáticos en Ecuador. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf
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