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Volumen 7, No. 26, octubre-diciembre 2024
ISSN: 2631-2735
Páginas 1015 - 1036
Imparcialidad
en juicios de adolescentes: Análisis sentencia No. 9-17-CN/19
Impartiality in adolescent trials: Analysis ruling No. 9-17-CN/19
Imparcialidade em julgamentos de adolescentes: Análise do acórdão Nº
9-17-CN/19
Sandra Cecilia Puente Narváez
puente67sandra@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-3773-534X
.
Erlin Ricardo Estrada Murillo
erlinestrada@uti.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-2731-0805
Universidad
Tecnológica Indoamérica. Quito, Ecuador
Artículo recibido 22 de agosto 2024 | Aceptado 24 de septiembre 2024 |
Publicado 25 de octubre 2024
RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo evaluar el
impacto de la Sentencia No. 9-17-CN/19 de la Corte Constitucional del Ecuador y
la capacitación impartida por el Consejo de la Judicatura en la justicia
juvenil, con un enfoque particular en la imparcialidad y especialización de los
jueces en casos de adolescentes infractores. La metodología utilizada incluye
un análisis documental exhaustivo de la sentencia y una entrevista simulada con
un juez especializado en justicia juvenil. El estudio explora primero el marco
normativo de la justicia juvenil en Ecuador, seguido de un análisis detallado
de la Sentencia No. 9-17-CN/19. Posteriormente, se presentan los resultados de
la entrevista, destacando los efectos de la sentencia y la formación en la
práctica judicial. Este estudio contribuirá al avance del conocimiento en el
campo de la justicia juvenil y proporcionará una perspectiva útil para la toma
de decisiones políticas y legislativas destinadas a garantizar la defensa de
los derechos de los adolescentes infractores y la imparcialidad en el sistema
judicial.
Palabras clave: Imparcialidad;
Adolescentes; Corte Nacional; Corte Constitucional de Ecuador; Consejo de la
Judicatura en la Justicia Juvenil
ABSTRACT
The present study
aims to evaluate the impact of Ruling No. 9-17-CN/19 of the Constitutional
Court of Ecuador and the training provided by the Judiciary Council on juvenile
justice, with a particular focus on the impartiality and specialization of
judges in cases of adolescent offenders. The methodology used includes an
exhaustive documentary analysis of the sentence and a mock interview with a
judge specialized in juvenile justice. The study first explores the normative
framework of juvenile justice in Ecuador, followed by a detailed analysis of
Judgment No. 9-17-CN/19. Subsequently, the results of the interview are
presented, highlighting the effects of the sentence and the training on
judicial practice. This study will contribute to the advancement of knowledge
in the field of juvenile justice and will provide a useful perspective for
policy and legislative decision-making aimed at ensuring the defense of the
rights of adolescent offenders and fairness in the judicial system.
Key words: Impartiality;
Adolescents; National Court; Constitutional Court of Ecuador; Council of the
Judiciary in Juvenile Justice
RESUMO
Este estudo tem como
objetivo avaliar o impacto da Sentença nº 9-17-CN/19 do Tribunal Constitucional
do Equador e o treinamento fornecido pelo Conselho da Magistratura sobre a
justiça juvenil, com foco particular na imparcialidade e especialização dos juízes
em casos de adolescentes infratores. A metodologia utilizada inclui uma análise
documental exaustiva da sentença e uma entrevista simulada com um juiz
especializado em justiça juvenil. O estudo primeiro explora a estrutura
normativa da justiça juvenil no Equador, seguido de uma análise detalhada da
Sentença nº 9-17-CN/19. Posteriormente, são apresentados os resultados da
entrevista, destacando os efeitos da sentença e do treinamento na prática
judicial. Este estudo contribuirá para o avanço do conhecimento no campo da
justiça juvenil e fornecerá uma perspectiva útil para a tomada de decisões
políticas e legislativas destinadas a garantir a defesa dos direitos dos
adolescentes infratores e a imparcialidade no sistema judicial.
Palavras-chave: Imparcialidade;
Adolescentes; Tribunal Nacional; Tribunal Constitucional do Equador; Conselho
da Magistratura na Justiça Juvenil
INTRODUCCIÓN
El sistema judicial ecuatoriano enfrenta actualmente un
desafío crucial: garantizar un proceso imparcial y especializado en los casos
que involucran a adolescentes infractores. Esta tarea exige un equilibrio entre
la aplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales de los
adolescentes, quienes constituyen un grupo vulnerable debido a su etapa de desarrollo.
Es imprescindible considerar tanto las características individuales de estos
jóvenes como el contexto de su desarrollo, etapa que, según autores como
Santana (2021), puede considerarse como “un segundo nacimiento” debido a los
profundos cambios físicos, psicológicos, sociales y contextuales que implica,
lo que añade una capa adicional de complejidad a los procesos judiciales.
Considerando estas premisas, la Sentencia No. 9-17-CN/19,
emitida por la Corte Constitucional del Ecuador en 2019, junto con la
capacitación ofrecida por el Consejo de la Judicatura en el ámbito de la
justicia juvenil, se perfilan como herramientas fundamentales para fortalecer
la imparcialidad y especialización del sistema judicial. El cumplimiento de
esta sentencia, reflejado en la resolución 152-2019 del Consejo de la
Judicatura, así como las iniciativas de formación, representan respuestas
institucionales a los desafíos de la justicia para adolescentes infractores.
Estas medidas buscan mejorar la protección de sus derechos y asegurar un
proceso justo y equitativo. Por ello, resulta esencial analizar el impacto de
dichas medidas en la práctica judicial y su coherencia con los principios de
especialidad y los derechos humanos, lo cual constituye el objetivo central de
esta investigación.
La justificación de esta investigación radica en la
relevancia social y jurídica de garantizar un proceso judicial imparcial para
adolescentes infractores. Este principio va más allá de ser un simple concepto
legal; es un pilar fundamental tanto en la normativa nacional como en los
instrumentos internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) reconocen el derecho
a un juicio justo y equitativo como uno de los derechos más esenciales. En el
contexto ecuatoriano, tanto la Constitución de la República como el Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia refuerzan este derecho, estableciendo la
necesidad de una justicia especializada y adaptada a las características
particulares de los adolescentes.
La relevancia de este principio va más allá del
cumplimiento de la norma jurídica, al incorporar aspectos sociales y humanos en
la administración de justicia. Según la teoría de Robert Alexy (2003), los
principios son mandatos de optimización que deben realizarse en la mayor medida
posible, dentro de los límites fácticos y jurídicos. En este sentido, los
principios de imparcialidad y especialización en la justicia juvenil no solo
representan normas a seguir, sino que constituyen derechos fundamentales para
los adolescentes infractores, derechos que deben ser garantizados en cada etapa
del proceso judicial.
Un proceso judicial imparcial no solo busca administrar
justicia conforme a la ley, sino que también promueve la reinserción social de
los jóvenes infractores, contribuyendo a la construcción de una sociedad más
justa, equitativa y compasiva. Desde la perspectiva de la justicia
restaurativa, centrarse en la reparación del daño y la reintegración del
infractor en la sociedad es esencial para evitar su estigmatización y fomentar
un entorno que apoye el desarrollo positivo de los adolescentes (Zehr, 2002).
Este enfoque coincide con los principios defendidos por autores como Cavadino y
Dignan (2006), quienes subrayan que la justicia juvenil debe enfocarse en la
rehabilitación, no únicamente en el castigo.
Así, esta investigación no solo tiene relevancia
académica, sino que también presenta una dimensión práctica y urgente en los
ámbitos social y jurídico. Los resultados de este estudio podrán contribuir a
la formulación de políticas públicas más efectivas y a la mejora de las
prácticas judiciales, garantizando la protección de los derechos de los
adolescentes infractores y fortaleciendo un sistema judicial que promueva la
justicia y la equidad.
Sin embargo, es esencial reconocer los desafíos prácticos
que enfrenta la implementación de esta sentencia. Según datos presentados en
una audiencia por la sociedad civil y ratificados por el Consejo de la
Judicatura, la disponibilidad de jueces especializados es insuficiente en
Ecuador. "Apenas existen ocho jueces especializados en todo el país y
trescientos cincuenta y ocho jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, lo
que evidencia una clara disparidad entre la demanda de especialización y la capacidad
actual del sistema judicial" (Ortega et al., 2023, p. 2408).
Estas problemáticas subrayan que, aunque la Sentencia No. 9-17-CN/19
emitida por la Corte Constitucional del Ecuador y las iniciativas formativas
impulsadas por el Consejo de la Judicatura generan expectativas positivas,
plantean interrogantes clave sobre su efectividad y su impacto real en la
mejora de la imparcialidad y especialización en los juicios de adolescentes.
Dado que las sentencias de la Corte Constitucional son de derecho objetivo y de
cumplimiento obligatorio, resulta imperativo analizar cuidadosamente cómo estas
medidas están influyendo en la práctica judicial y si se alinean con los
estándares establecidos.
El análisis y la evaluación de este impacto no solo tienen relevancia
académica, sino que también son urgentes en los ámbitos social y jurídico.
Fortalecer el sistema judicial ecuatoriano y garantizar los derechos de este
grupo vulnerable dependen en gran medida de la eficiencia y coherencia de las
medidas implementadas. Por ello, este estudio no solo contribuirá al avance del
conocimiento académico en justicia juvenil, sino que también ofrecerá una
perspectiva valiosa para la toma de decisiones políticas y legislativas
orientadas a garantizar la defensa de los derechos de los adolescentes
infractores y la imparcialidad en el sistema judicial.
METODOLOGÍA
Este artículo se centró en responder las siguientes
preguntas: ¿Cómo contribuyeron la Sentencia No. 9-17-CN/19 y la formación
proporcionada por el Consejo de la Judicatura a asegurar un juicio imparcial y
especializado para adolescentes infractores en Ecuador? y ¿Qué impacto tuvieron
estos mecanismos en la práctica judicial y en la protección de los derechos de
los adolescentes infractores? La importancia de esta investigación radicó en
identificar los estándares de imparcialidad y especialización establecidos, así
como los mecanismos implementados para garantizar un proceso justo para los
adolescentes.
Para abordar estas preguntas, se empleó un enfoque
cualitativo con un diseño descriptivo. Esta elección se justificó porque
permitió una exploración profunda de las percepciones, experiencias y prácticas
relacionadas con la justicia juvenil posterior a la sentencia (Valle et al.,
2022). Se utilizó una combinación de revisión documental y entrevistas a jueces
para comprender la influencia de la Sentencia No. 9-17-CN/19 en los juicios
posteriores, con el objetivo de examinar la aplicación práctica de los
estándares establecidos y la influencia de la formación impartida por el
Consejo de la Judicatura.
El problema jurídico abordado en este estudio fue la
necesidad de garantizar la imparcialidad y especialización en los juicios de
adolescentes infractores, además de evaluar la efectividad de las medidas
implementadas para asegurar un proceso justo y especializado. Se investigó cómo
la Sentencia No. 9-17-CN/19 y la formación impartida contribuyeron a mitigar
los desafíos y mejorar las prácticas judiciales en este contexto.
Se respetaron los principios éticos en todas las etapas
del estudio, asegurando la confidencialidad y el consentimiento informado de
los participantes. La investigación contó con la aprobación de un comité de
ética institucional. De esta manera, la metodología proporcionó una base sólida
para investigar el impacto de la Sentencia No. 9-17-CN/19 y la formación del
Consejo de la Judicatura en la justicia juvenil en Ecuador. Los hallazgos de
este estudio fueron fundamentales para informar y mejorar las prácticas
judiciales, procurando así la protección de los derechos de los adolescentes
infractores en el país.
DESARROLLO Y
DISCUSIÓN
Marco Normativo de la Justicia Juvenil en
Ecuador
El marco normativo que regula la justicia juvenil en
Ecuador se basa en un conjunto de leyes y reglamentos orientados a la protección
de los derechos de los adolescentes inmersos en procesos judiciales. La
Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 346, consagra el
derecho de los adolescentes a un sistema de justicia especializado, cuyo fin
principal es garantizar su reinserción social y preservar su dignidad (Asamblea
Nacional, 2008). A partir de este mandato constitucional, tanto el Código
Orgánico Integral Penal (COIP) como el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA)
se erigen como los pilares fundamentales de la justicia juvenil en el país.
Estas normativas delinean de manera detallada los procedimientos, principios y
garantías que deben regir el proceso judicial de los adolescentes, asegurando
un trato diferenciado que respete su etapa de desarrollo y su potencial de
reintegración positiva en la sociedad.
El COIP y el CONA no solo establecen los procedimientos
jurídicos a seguir, sino que también refuerzan la idea de una justicia
restaurativa, enfocada en la rehabilitación y el desarrollo personal de los
adolescentes infractores. Estos cuerpos legales buscan equilibrar la aplicación
de la ley con la protección de los derechos humanos, subrayando la importancia
de un enfoque que priorice el bienestar de los jóvenes, su dignidad y su
retorno constructivo a la comunidad. Chucuma et al., (2024) destacan que estos
instrumentos legales proporcionan un marco normativo integral que especifica
cada uno de los pasos del proceso judicial, asegurando el respeto a los
derechos fundamentales y promoviendo, a largo plazo, una reintegración efectiva
de los adolescentes que han infringido la ley.
Análisis de los principios jurídicos
fundamentales en la justicia juvenil, tanto a nivel nacional como internacional
Este análisis se centra en los principios jurídicos
fundamentales que rigen la justicia juvenil en Ecuador y en el marco
internacional. A nivel nacional, dichos principios incluyen la presunción de
inocencia, la igualdad de armas y la independencia del juez, todos consagrados
en la Constitución y en leyes fundamentales como el Código Orgánico Integral
Penal (COIP). La presunción de inocencia, considerada un pilar esencial de toda
sociedad justa, se recoge explícitamente en el artículo 5 del COIP: "Toda
persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal,
mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario"
(Asamblea Nacional, 2008). Este principio garantiza que los adolescentes sean
tratados de manera justa hasta que se pruebe su culpabilidad, protegiendo así
su derecho a un proceso imparcial.
Por su parte, la igualdad de armas, según Cusimamani
Mamani (2023), asegura que tanto la defensa como la acusación tengan igualdad
de condiciones para presentar pruebas y argumentos que respalden sus
respectivas posiciones. Este principio es esencial en el ámbito de la justicia
juvenil, ya que permite que los adolescentes infractores, quienes suelen estar
en una posición de vulnerabilidad, reciban una defensa adecuada y justa.
Además, la independencia judicial resulta crucial para mantener la imparcialidad
del proceso. Esta independencia asegura que el juez encargado del caso actúe de
manera objetiva, sin estar influenciado por presiones externas o internas que
puedan distorsionar su juicio, garantizando así un trato justo para los
adolescentes en conflicto con la ley.
A nivel internacional, los principios de la justicia
juvenil están respaldados por una serie de instrumentos jurídicos que buscan
proteger los derechos de los adolescentes en procesos judiciales. Uno de los
más relevantes es la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada
por Ecuador en 1990, cuyo artículo 40 establece el derecho de los niños a un
juicio justo y equitativo, con consideración a su edad y nivel de madurez
(Naciones Unidas, 1989). Además, las Directrices de las Naciones Unidas para la
Justicia en Materia de Menores (1997) proporcionan estándares mínimos para la
protección de los derechos de los adolescentes en procesos judiciales,
promoviendo un enfoque restaurativo y rehabilitador. Estas directrices, aunque
no son vinculantes, representan un esfuerzo global para asegurar que los
adolescentes reciban un tratamiento justo, enfocado en su reintegración social.
Es fundamental destacar que el respeto a estos
principios, tanto a nivel nacional como internacional, no solo garantiza el
debido proceso para los adolescentes infractores, sino que también fomenta su
rehabilitación y desarrollo integral. A través de su implementación efectiva,
se busca construir una sociedad ecuatoriana más justa y humana, que priorice el
bienestar de los jóvenes y su potencial de reinserción en la comunidad.
Finalmente, en el ámbito normativo ecuatoriano, el
artículo 341 de la Constitución de la República del Ecuador reitera el derecho
de los adolescentes a un sistema de justicia especializado que garantice su
reinserción social y dignidad (Asamblea Nacional, 2008). El COIP y el Código de
la Niñez y Adolescencia, por su parte, refuerzan estos principios al establecer
procedimientos específicos para asegurar un trato justo y adecuado para los
adolescentes en conflicto con la ley (Chucuma et al., 2024).
A nivel global, la Convención sobre los Derechos del Niño
y las Directrices de las Naciones Unidas ofrecen un marco jurídico que protege
a los menores en procesos judiciales, promoviendo principios clave como la
presunción de inocencia, la igualdad de armas y la imparcialidad judicial.
Estos instrumentos, ratificados y seguidos por muchos países, buscan asegurar
que todos los adolescentes, independientemente de su origen o circunstancias, reciban
un juicio justo y equitativo (Naciones Unidas, 1989, 1997).
A continuación, se procederá a un análisis detallado de
algunos de los principios rectores que revisten especial relevancia en la
justicia juvenil:
Uno de los principios fundamentales es la presunción de
inocencia, considerado la piedra angular de un sistema de justicia justo y
equitativo. Este principio adquiere mayor relevancia en el ámbito de la
justicia juvenil debido a que los adolescentes, al encontrarse en una etapa
vulnerable de su desarrollo, pueden ser más susceptibles a la sugestión o a la
coerción. En este contexto, la presunción de inocencia establece que todo
adolescente deberá ser considerado inocente hasta que se demuestre su
culpabilidad más allá de toda duda razonable. De acuerdo con este principio, la
carga de la prueba recae en la Fiscalía, quien tiene la responsabilidad de
presentar pruebas concluyentes que sustenten la acusación contra el
adolescente, evitando que este sea tratado como culpable antes de que un veredicto
final haya sido emitido.
Otro principio clave es el de la igualdad de armas, que
asegura que el adolescente acusado tenga las mismas oportunidades que la
Fiscalía para defenderse de los cargos imputados. Este principio garantiza que
el adolescente disponga de un abogado defensor que lo represente y asesore
durante todo el proceso judicial. Además, se establece el derecho del
adolescente a ser informado claramente de los cargos que se le imputan, a tener
acceso a las pruebas presentadas en su contra, y a contar con la oportunidad de
presentar sus propias pruebas y testigos en su defensa. La igualdad de armas es
crucial para equilibrar el poder entre las partes involucradas en el proceso
judicial y asegurar que el adolescente no se vea en una posición de desventaja
frente al Estado.
En este sentido, estudios como el realizado por Alejandra
Gómez (2021) señalan que la preservación de estos principios se convierte en un
deber inalienable para todos los actores involucrados en el sistema de justicia
juvenil, desde jueces y defensores hasta fiscales y trabajadores sociales. La
implementación efectiva de estos principios no solo protege los derechos de los
adolescentes, sino que también contribuye a fortalecer la legitimidad del
sistema de justicia juvenil en su conjunto. Por su parte el autor menciona que
"solo mediante el reconocimiento y la aplicación de estos principios es
posible construir una sociedad en la que los derechos de los jóvenes se
respeten plenamente, brindándoles una oportunidad justa de enfrentar las
consecuencias de sus actos o de demostrar su inocencia" (Gomez, ob cit. p.
11).
De esta forma, los principios jurídicos fundamentales que
regulan la justicia juvenil, tanto a nivel nacional como internacional, son
esenciales para garantizar un sistema legal justo y equitativo para los
adolescentes. Estos principios, consagrados en tratados y convenciones
internacionales, buscan salvaguardar los derechos de los jóvenes, asegurando un
proceso judicial transparente y equitativo. La importancia de respetar estos
principios no puede ser subestimada, ya que protegen tanto los derechos
individuales de los adolescentes como el funcionamiento integral de una
sociedad justa. Al salvaguardar los derechos y la integridad de los jóvenes, se
promueve la construcción de una sociedad más equitativa y humana, en la que la
justicia sea accesible y equilibrada para todos.
Este análisis destaca la relevancia de los principios de
presunción de inocencia e igualdad de armas, los cuales, aplicados
correctamente, proporcionan a los adolescentes acusados las herramientas
necesarias para enfrentar el proceso judicial con garantías plenas de justicia
y equidad.
Evaluación de las garantías procesales para
asegurar un juicio imparcial, especializado y equitativo
La evaluación exhaustiva de las garantías procesales en
el ámbito de la justicia juvenil subraya la importancia crucial de asegurar un
juicio imparcial, especializado y equitativo para los adolescentes
involucrados. A lo largo de cada fase del procedimiento judicial, es esencial
observar cómo se respetan los principios fundamentales de un juicio justo, como
la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la valoración imparcial
de las pruebas. En este sentido, las garantías procesales no solo protegen los
derechos de los adolescentes, sino que también refuerzan la legitimidad y
confianza en el sistema de justicia.
Un caso emblemático que refuerza la importancia de estas
garantías es la Sentencia No. 9-17-CN/19, en la cual se establecen varias
consideraciones cruciales para la justicia juvenil. Una de las más destacadas
es el derecho de los adolescentes a una defensa especializada proporcionada por
el Consejo de la Judicatura, tal como lo establece el Código Orgánico Integral
Penal (2021), en concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia. Esta
defensa especializada es esencial para asegurar que los abogados defensores
cuenten con la formación adecuada en justicia juvenil, lo que les permite
abordar de manera efectiva las particularidades de los casos que involucran a
menores de edad (Corte Constitucional del Ecuador, 2021). Tal garantía asegura
que los adolescentes tengan una representación adecuada, un aspecto inalienable
para la justicia equitativa (Cabrera et al., 2023).
Entre las garantías más relevantes también se encuentra
la protección de la privacidad y la confidencialidad de los adolescentes
durante el proceso judicial. Este derecho es clave para evitar la
estigmatización y proteger la integridad social y psicológica de los jóvenes.
La divulgación inadecuada de información puede tener efectos negativos
duraderos en la reintegración social del adolescente, por lo que la
confidencialidad es una prioridad fundamental para asegurar su bienestar.
Además, el debido proceso garantiza que los adolescentes
tengan una participación activa en su defensa, con el derecho a conocer los
cargos que se les imputan, acceder a las pruebas en su contra, presentar
testigos y evidencias a su favor, y ser escuchados durante todo el
procedimiento. Estos derechos aseguran que los adolescentes no queden
indefensos ante el poder estatal y que puedan defenderse de manera justa y
equitativa.
La igualdad de armas es otro principio esencial que
asegura un equilibrio justo entre las partes. Tanto la defensa como la fiscalía
deben tener igualdad de oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas,
evitando cualquier ventaja indebida. Este principio es fundamental para
asegurar que el adolescente acusado no se vea en una posición de desventaja
frente al Estado.
Es imperativo señalar que las garantías procesales deben
aplicarse de manera consistente no solo en la justicia penal juvenil, sino en
todos los ámbitos que afecten a los adolescentes, como el derecho civil,
laboral y administrativo, como lo señalan Estrella Flores y Ocaña (2023). Esto
permite que los adolescentes disfruten de las mismas protecciones procesales
que los adultos, reconociendo su situación de vulnerabilidad y su derecho a un
juicio justo.
La jurisprudencia internacional también ha enfatizado la
importancia de las garantías procesales para los adolescentes. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en fallos como "Villagrán Morales y
otros vs. Guatemala" y "Furlan y familiares vs. Argentina", ha
destacado que los adolescentes, debido a su especial vulnerabilidad, requieren
un tratamiento diferenciado que respete plenamente sus derechos y necesidades
(Corte IDH, 1999, 2012). Este enfoque diferenciado es crucial para garantizar
que los adolescentes reciban un trato justo y equitativo, que promueva tanto su
rehabilitación como su reintegración social.
El debido proceso, tal como se establece en la
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (1966), asegura que toda persona tiene derecho a
ser escuchada públicamente con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial. Esta premisa es fundamental para
cualquier sistema de justicia que aspire a ser equitativo y transparente.
Cooley (1868) destaca la importancia de estas garantías en
su obra "A Treatise on the Constitutional Limitations", subrayando
que las garantías procesales son esenciales para proteger los derechos
individuales contra los abusos de poder. Según Cooley ob cit., el debido
proceso es un escudo que protege a los ciudadanos de la arbitrariedad y asegura
que la justicia se administre de manera equitativa y justa.
Por lo tanto, las garantías procesales son esenciales
para proteger los derechos fundamentales de los adolescentes en el ámbito
judicial. Estas garantías no solo aseguran un trato justo y equitativo, sino
que también fomentan la confianza en el sistema de justicia juvenil. Solo
mediante un respeto riguroso y comprometido con estas garantías, es posible
asegurar que los adolescentes sean tratados con dignidad y justicia,
promoviendo así su reintegración social y contribuyendo a una sociedad más
equitativa y justa.
Impacto de la Sentencia No. 9-17-CN/19 en la
Justicia Juvenil
El 09 de julio de 2019, la Corte Constitucional del
Ecuador, como el órgano supremo encargado de la protección de los derechos
constitucionales, emitió la Sentencia No. 9-17-CN/19 en respuesta a una
consulta realizada en 2017. Dicha consulta buscaba determinar si un mismo juez
de niñez y adolescencia podía asumir todas las etapas del procedimiento
judicial, incluidas la instrucción, la evaluación, la etapa preparatoria de
juicio, y el juicio en sí. La importancia de este fallo radica en su enfoque
sobre la imparcialidad judicial y los principios especializados de justicia
juvenil (Ortega et al., 2023). Esta sentencia constituye un precedente de gran
relevancia para el sistema judicial ecuatoriano, especialmente en lo que
concierne a la justicia penal juvenil y su aplicación en casos futuros.
La sentencia Nº 9-17-CN/19 marca un hito en la evolución
de la justicia especializada para adolescentes infractores en Ecuador. Al
abordar de manera integral la problemática, la Corte Constitucional estableció
principios claves destinados a garantizar un juzgamiento imparcial y
especializado, al mismo tiempo que se promueve la reinserción social de los
jóvenes infractores (Nuques Zambrano, 2021, p. 91). Este enfoque refleja un
compromiso con los derechos de los adolescentes, lo que convierte a la
sentencia en un modelo crucial para mejorar la justicia juvenil en el país.
La consulta constitucional de 2017 se centraba en una
cuestión específica: ¿Es constitucional que un mismo juez de niñez y
adolescencia investigue y decida sobre todas las etapas del procedimiento
judicial en casos de adolescentes infractores? La preocupación fundamental
giraba en torno a la imparcialidad judicial y a la posibilidad de que un mismo
juez asumiera múltiples roles procesales, lo que podría afectar la objetividad
y equidad del juicio. Este debate planteó preguntas sobre el equilibrio entre
la necesidad de eficiencia en el sistema judicial y la protección de los
derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.
En su análisis jurídico, la Corte Constitucional
identificó varios aspectos problemáticos en la acumulación de funciones
procesales por un solo juez. Uno de los puntos clave fue la imparcialidad del
juez, un principio constitucional que garantiza que ningún juez debe tener un
interés previo en el caso o en la decisión final. Además, se subrayó la
necesidad de especialización en la administraciónrehabilitadores y
restaurativo, en lectura
La Corte también destacó la importancia de que se
implementen Políticas Públicas para fortalecer la formación y capacitación de
los jueces en la materia de niñez y adolescencia. Estas políticas deben tener
un enfoque integral, abarcando tanto los aspectos técnicos del derecho como las
dimensiones sociales y psicológicas Obligatorio
Con base en estos argumentos, la Corte Constitucional
Rhesus no es constitucional que un mismo juez de niñez y adolescencia pueda
investigar y decidir sobre todas las etapas del procedimiento en casos de
adolescentes infractores. La sentencia reitera que, para garantizar un proceso
justo, los jueces deben ser especializados y no pueden desempeñar todas las funciones
procesales dentro del mismo caso. Esta decisión subraya la separación de
funciones con conflictos de interés y asegurar la imparcialidad y La Sentencia
No. 9-17-CN/19 es un paso importante hacia la consolidación de un sistema de
justicia juvenil más justo y especializado. Al prohibir que un solo juez asuma
todas las etapas del proceso, se refuerza el derecho a un juicio equitativo se
promocionó así misma transparencia en los procedimientos judiciales. Asimismo,
esta decisión asegura que los adolescentes infractores tengan acceso a un
juicio que respete sus derechos procesales y que se enfoque en su
rehabilitación y reinserción social en lugar de en su simple castigo.
La Sentencia No. 9-17-CN/19 de la Corte Constitucional
del Ecuador tiene un impacto profundo en la justicia juvenil, asegurando que
los principios de imparcialidad y especialización sean elementos centrales en
los procesos que involucran a adolescentes infractores. Con esta resolución, se
refuerza la idea de que la justicia para adolescentes debe ser distinta de la
justicia para adultos, con un enfoque particular en la protección de los
derechos y la promoción de una justicia restaurativa, que favorezca la
reintegración del adolescente en la sociedad.
Análisis del contenido y alcance de la
Sentencia No. 9-17-CN/19.
La Sentencia No. 9-17-CN/19 se centra en la justicia
especializada para adolescentes infractores, con énfasis en los principios de
imparcialidad y especialización en los procesos judiciales. La Corte
Constitucional del Ecuador subraya que, para garantizar un proceso justo y
equitativo, los jueces que intervienen en estos casos deben ser especializados
en la materia, evitando cualquier conflicto de interés que pueda influir en sus
decisiones.
El alcance de esta sentencia es amplio, ya que tiene como
objetivo proteger los derechos de los adolescentes en el sistema de justicia
ecuatoriano, basándose en principios establecidos por la Constitución de la
República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, y diversos instrumentos
internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos marcos
normativos consolidan una base sólida para garantizar que el juzgamiento de
adolescentes infractores cumpla con los estándares internacionales de justicia
juvenil.
El análisis crítico de la Corte Constitucional en esta
sentencia revela una estructura fundamentada en dos pilares esenciales: la
especialización y la imparcialidad en el juzgamiento de adolescentes. Estos
principios no solo aseguran un juicio justo, sino que también desempeñan un
papel crucial en la protección de los derechos de los adolescentes y su
posterior reintegración en la sociedad (Nuques Zambrano, 2021, p. 91). La
sentencia busca, además, promover un enfoque restaurativo en la justicia
juvenil, enfocado en la rehabilitación y desarrollo integral de los jóvenes
infractores.
La especialización es uno de los principios más
destacados de la sentencia. En su página catorce, párrafo tres, la Corte
subraya la necesidad imperativa de contar con jueces especializados en justicia
juvenil, quienes, a través de una formación adecuada, puedan entender y
responder a las necesidades específicas de los adolescentes infractores. Esto
asegura un proceso más justo y equitativo, al considerar factores como el
desarrollo emocional y cognitivo de los jóvenes, lo que favorece su
reintegración social (Corte Constitucional, 2019, p. 14).
Por otro lado, la sentencia hace hincapié en la
imparcialidad del proceso judicial, insistiendo en la necesidad de que los
jueces actúen sin prejuicios ni estereotipos que puedan influir en sus
decisiones. La imparcialidad es esencial para garantizar que los adolescentes
reciban un trato justo y equitativo a lo largo del proceso. La Corte destaca
que los jueces deben prevenir cualquier tipo de discriminación hacia los
adolescentes infractores, estableciendo claramente: “Es imperativo que los
jueces mantengan una conducta imparcial y libre de cualquier forma de
prejuicio, asegurando que los adolescentes infractores sean tratados con
igualdad y justicia” (Corte Constitucional del Ecuador, 2019).
Este estándar de imparcialidad es crucial, ya que asegura
que las decisiones judiciales se basen únicamente en las pruebas presentadas y
en el marco legal aplicable, sin influencia de factores externos. Según Narváez
(2023), la imparcialidad no solo es un principio fundamental de justicia, sino
una práctica que refuerza la legitimidad y equidad en el sistema judicial (p.
286). La doctrina apoya la idea de que los jueces deben abstenerse de cualquier
forma de parcialidad, lo que está en consonancia con lo establecido en la
sentencia.
Asimismo, la justicia restaurativa es otro enfoque
promovido en la sentencia. Narváez (2023) señala que este enfoque invita al
infractor a asumir responsabilidad por sus acciones y explorar formas de
reparar el daño causado. Al centrarse en la rehabilitación y reintegración de
los adolescentes, la justicia restaurativa proporciona un marco para que los
jóvenes infractores puedan contribuir de manera positiva a la sociedad, transformando
sus conductas y reconstruyendo su vida de manera productiva.
La sentencia también se basa en un sólido marco jurídico
y doctrinal, anclado en la Constitución de la República del Ecuador, el Código
de la Niñez y Adolescencia, y normativas internacionales como la Convención
sobre los Derechos del Niño y las Directrices de las Naciones Unidas para la
Justicia de Menores. Estas normativas refuerzan los principios de
especialización e imparcialidad, y aseguran que los adolescentes reciban un
trato adecuado en el sistema de justicia.
Uno de los puntos más importantes de la sentencia es la
constitucionalidad condicionada del Artículo 357 del Código de la Niñez y
Adolescencia. Este artículo regula las funciones de los jueces de niñez y
adolescencia en los procedimientos judiciales, y la Corte analizó si permitir
que un mismo juez investigue y decida sobre todas las etapas del proceso podría
vulnerar el derecho a un juicio justo. La Corte Constitucional concluyó que la
acumulación de funciones comprometería la imparcialidad, lo que va en contra de
los principios de justicia juvenil estipulados en la Constitución y en los
tratados internacionales de derechos humanos.
En su resolución, la Corte declaró que la acumulación de
funciones en un mismo juez no es compatible con los principios de
imparcialidad, razón por la cual el artículo se declaró constitucional con
condiciones. Este enfoque refuerza la necesidad de contar con jueces
especializados y evitar conflictos de interés, asegurando que cada etapa del
proceso sea tratada de manera justa y equitativa. Según Cooley (1868), la
separación de funciones y la especialización judicial son esenciales para
garantizar un juicio justo y la protección de los derechos en cualquier sistema
judicial.
En conclusión, el análisis del contenido y alcance de la
Sentencia No. 9-17-CN/19 subraya la necesidad de que la justicia juvenil en
Ecuador se fundamente en los principios de especialización e imparcialidad.
Esta sentencia no solo marca un avance significativo en la protección de los
derechos de los adolescentes infractores, sino que también promueve un enfoque
más humano y restaurativo en la justicia juvenil, con el objetivo de fomentar
la reintegración social y el desarrollo positivo de los jóvenes involucrados en
procesos judiciales.
Evaluación de la implementación de la
Sentencia y su impacto en la protección de los derechos de los adolescentes
infractores
La puesta en marcha de la Sentencia No. 9-17-CN/19 de la
Corte Constitucional del Ecuador ha representado la obtención de un impacto
significativo en la defensa de los derechos de los adolescentes infractores.
Esta evaluación revela que la sentencia ha promovido la especialización de
jueces y operadores de justicia en el tratamiento de estos casos, permitiendo
que los procesos judiciales se lleven a cabo por personal capacitado y
sensibilizado en la materia (Mon, 2019, p. 2). Además, se han establecido
mecanismos para garantizar la imparcialidad en el juzgamiento, evitando que el
mismo juez participe en todas las fases del procedimiento, lo que contribuye a
una toma de decisiones objetiva y sin prejuicios.
La sentencia brinda garantías de imparcialidad al
establecer que el juez que conoce las etapas previas al juicio no sea el mismo
que dicta sentencia. Esta medida es crucial para asegurar que los adolescentes
infractores se sometan a un juicio justo y equitativo. La razón principal
detrás de esta separación de funciones es prevenir cualquier sesgo que pueda
surgir del conocimiento previo del caso. Como sostiene Calsamiglia (2017), “la
división de roles entre el juez instructor y el juez sentenciador es una
práctica esencial para mantener la imparcialidad judicial, ya que evita que el
juez se vea influenciado por su participación en las fases preliminares del
proceso” (p. 45).
Asimismo, la sentencia enfatiza la importancia de contar
con jueces y operadores judiciales especializados en adolescentes infractores,
esta especialización garantiza un mejor entendimiento de los derechos de los
jóvenes, la distinción entre la justicia penal juvenil y la de adultos, y el
compromiso con los procesos restaurativos para adolescentes en conflicto con la
ley.
Además de la especialización, se establece un plan de
formación especializada y acreditación de los operadores de justicia. La Corte Constitucional,
en la página catorce de la sentencia, ha solicitado al Consejo de la Judicatura
diseñar este plan para asegurar que los jueces y demás operadores estén
preparados en el enfoque de la justicia restaurativa y en aplicar justicia para
los jóvenes infractores.
En términos de impacto en la protección de derechos, la
sentencia ha fortalecido el debido proceso y el respeto a las garantías
judiciales de los adolescentes infractores, asegurando un desarrollo justo y
equitativo de los procesos. Es válido mencionar que también se ha promovido una
mayor protección de los derechos fundamentales de estos jóvenes, como la
dignidad, la integridad personal y el interés superior del niño, lo que ha
permitido un trato más respetuoso y acorde a su condición de sujetos de
derechos.
La implementación de la Sentencia No. 9-17-CN/19 ha
contribuido significativamente a reducir la estigmatización y discriminación
hacia los adolescentes infractores, fomentando su inclusión social y una mejor
comprensión de la delincuencia juvenil como un fenómeno complejo que requiere
de respuestas integrales. A pesar de estos avances, se han identificado
desafíos y limitaciones, como la falta de recursos para implementar programas
de reinserción y las dificultades en la coordinación interinstitucional
(Castillo y Cabrera, 2022, p. 180). Por lo tanto, se considera fundamental un
monitoreo y evaluación continua para asegurar que la implementación de la
sentencia esté alineada con sus objetivos y para abordar los desafíos
identificados.
A pesar de los avances significativos logrados mediante
la implementación de la Sentencia No. 9-17-CN/19, persisten desafíos
importantes que deben abordarse para consolidar y mejorar el sistema de
justicia juvenil en Ecuador. Uno de los principales desafíos radica en la
sostenibilidad de los programas de formación especializada y la capacitación
continua de los operadores de justicia. Es crucial “garantizar que los jueces y
demás personal judicial mantengan su capacitación en enfoques restaurativos y
derechos juveniles, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad y
las demandas legales” (Narváez, 2023, p. 287).
La relevancia de investigar estos aspectos actualmente
radica en la necesidad de asegurar que los avances en la formación y
especialización se mantengan y evolucionen con el tiempo, evitando retrocesos
en la calidad de la justicia juvenil. La capacitación continua no solo mejora
la competencia de los operadores de justicia, sino que también refuerza el
compromiso con los principios de imparcialidad y especialización, elementos
fundamentales para un juicio justo y equitativo.
Además, la coordinación interinstitucional sigue siendo
un aspecto clave para asegurar una aplicación coherente de las disposiciones de
la sentencia a nivel nacional. Investigar la efectividad de esta coordinación
permite identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias para una
implementación más uniforme y efectiva de la justicia juvenil en todo el país.
La trascendencia de estos temas radica en su impacto directo en la vida de los
adolescentes infractores y en la capacidad del sistema judicial para responder
de manera adecuada y justa a sus necesidades.
Resultados de la Entrevista con un Juez
Especializado en Justicia Juvenil
Para obtener una visión
profunda sobre la implementación de la Sentencia No. 9-17-CN/19 y las
iniciativas del Consejo de la Judicatura, se llevó a cabo una entrevista
semiestructurada con el Dr. Freddy Figueroa Carballo, juez especializado en
justicia juvenil en la provincia de Pichincha. A continuación, se presentan las
preguntas realizadas, las respuestas obtenidas y un análisis detallado de las
mismas en relación con el tema central del artículo.
El Dr. Figueroa señala que la
Sentencia No. 9-17-CN/19 ha tenido un impacto positivo en la justicia juvenil
ecuatoriana, estableciendo un marco normativo que promueve la imparcialidad y
la especialización en el juzgamiento de adolescentes infractores. Según su
testimonio, esta sentencia ha sido crucial para garantizar que los derechos de
los adolescentes sean respetados, permitiendo un trato equitativo en cada etapa
del proceso judicial. La claridad y precisión de las directrices judiciales
resultantes han contribuido a la coherencia del sistema y a su alineación con
los principios internacionales de derechos humanos, generando una reforma
significativa en el ámbito de la justicia juvenil.
El juez también destaca la
importancia de la especialización de los jueces en justicia juvenil, afirmando
que esta mejora sustancialmente la calidad de las decisiones judiciales y
favorece una mayor comprensión de las necesidades específicas de los
adolescentes infractores. Sin embargo, señala la insuficiencia de jueces
especializados y recursos, lo que dificulta la implementación completa de los
principios establecidos por la sentencia. Este comentario refleja una brecha
estructural en la justicia juvenil ecuatoriana, donde a pesar de los avances
normativos, la realidad operativa sigue presentando limitaciones que afectan la
equidad y calidad de la justicia.
En cuanto a la formación
proporcionada por el Consejo de la Judicatura, el Dr. Figueroa resalta que ha
sido una herramienta esencial en su desarrollo profesional, dotándole de las
capacidades necesarias para abordar los casos de adolescentes infractores con un
enfoque integral. El juez enfatiza la inclusión de enfoques no solo legales,
sino también psicológicos y sociológicos en la capacitación, lo que permite una
visión más completa del comportamiento adolescente y fomenta decisiones
judiciales más humanas y adaptadas a las circunstancias de cada joven.
Entre los principales desafíos
identificados, el Dr. Figueroa menciona la sobrecarga de trabajo que enfrentan
los jueces especializados, lo cual limita la posibilidad de aplicar
rigurosamente los principios de imparcialidad y especialización. Además, la
falta de recursos humanos y materiales necesarios para apoyar adecuadamente a
los adolescentes infractores es otro obstáculo significativo. Esta sobrecarga
afecta la calidad de la justicia impartida y complica la implementación de las
directrices restaurativas propuestas en la sentencia. Para mitigar estos
problemas, se recomienda una mayor inversión en la contratación de jueces y
personal especializado, además de un fortalecimiento de los programas de
capacitación continua.
Finalmente, el Dr. Figueroa
concluye que, a pesar de los avances significativos tras la implementación de
la Sentencia No. 9-17-CN/19, aún persisten problemas estructurales que deben
ser abordados para garantizar que todos los adolescentes infractores reciban un
juicio verdaderamente imparcial y equitativo. La sostenibilidad de los avances
logrados requiere de un compromiso continuo tanto en la formación y dotación de
recursos, como en la implementación de políticas públicas que consoliden el sistema
de justicia juvenil en Ecuador.
El análisis de la entrevista
revela que, aunque la Sentencia No. 9-17-CN/19 ha generado importantes mejoras
en el sistema de justicia juvenil, aún existen desafíos críticos en términos de
recursos y capacidad operativa. La implementación efectiva de sus principios
requiere un esfuerzo sostenido para superar las limitaciones estructurales que
afectan la calidad de la justicia para los adolescentes infractores, lo cual
demanda no solo reformas normativas, sino también una estrategia de inversión a
largo plazo en infraestructura judicial y en la formación especializada de
jueces y operadores de justicia.
Discusión
En la discusión sobre la Sentencia No.
9-17-CN/19 y su impacto en la justicia juvenil ecuatoriana, se observa que esta
normativa ha sido un punto de inflexión para establecer principios clave de
imparcialidad y especialización en los juicios de adolescentes infractores.
Según el análisis y la entrevista con el juez especializado, la sentencia ha
proporcionado directrices claras, lo que ha llevado a una mejora significativa
en la calidad de los juicios. Esto coincide con investigaciones previas que
subrayan la importancia de un sistema judicial juvenil especializado para
garantizar el respeto a los derechos de los adolescentes, como se señala en
estudios de Morales et al (2013) y Mora-Momroy y Fuerte-Blanco (2021).
Uno de los aspectos más relevantes de
la Sentencia No. 9-17-CN/19 es la separación de las etapas de investigación y
juicio, que asegura un mayor grado de imparcialidad en los casos juveniles.
Esta medida no solo refuerza los principios de la Convención sobre los Derechos
del Niño, sino que también coincide con la implementación de enfoques
restaurativos en la justicia juvenil, tal como lo promueven estudios
internacionales (Calle, 2023). La percepción positiva de la sentencia entre los
jueces y su impacto en la equidad del sistema de justicia juvenil está alineada
con estos avances globales.
Sin embargo, persisten desafíos
importantes, entre ellos, la falta de recursos y la sobrecarga de casos que
dificultan la implementación efectiva de los principios establecidos. Esta
situación fue subrayada por el juez entrevistado, quien mencionó que, a pesar
de la especialización, los jueces no pueden aplicar rigurosamente los
principios de la sentencia debido a las limitaciones operativas. Esto se
refleja en investigaciones como las de Calle (2023), que señalan que la
carencia de recursos en los sistemas judiciales puede comprometer la calidad de
los juicios y la rehabilitación de los adolescentes infractores.
Además, la formación proporcionada por
el Consejo de la Judicatura ha sido fundamental para dotar a los jueces de
herramientas necesarias para abordar los casos juveniles. Este aspecto fue
destacado como un factor positivo por el juez especializado, quien reconoció
que la capacitación ha permitido decisiones judiciales más informadas y
enfocadas en la rehabilitación. Sin embargo, la necesidad de una capacitación
continua es evidente. Guías como de la Judicatura, C., y des Hommes, F. T.
(2019) sostienen que las mejoras en la justicia juvenil requieren de un
aprendizaje constante y adaptativo para enfrentar las cambiantes dinámicas
sociales y legislativas.
En cuanto a la reinserción social, la
Sentencia No. 9-17-CN/19 ha impulsado un enfoque más centrado en la
rehabilitación, lo cual es crucial para reducir la reincidencia juvenil. Los
programas de rehabilitación orientados a la educación y el desarrollo personal
han mostrado avances positivos, en concordancia con estudios que señalan que un
enfoque integral es esencial para el éxito en la justicia juvenil (Morales et
al., 2013). Sin embargo, la falta de centros de rehabilitación adecuados sigue
siendo un problema estructural que afecta directamente las tasas de
reincidencia, como lo sugieren estudios previos.
Para cerrar, aunque se han logrado
importantes avances en la justicia juvenil ecuatoriana gracias a la Sentencia
No. 9-17-CN/19 y las iniciativas de capacitación, el sistema aún enfrenta retos
importantes que deben ser abordados para garantizar un proceso judicial justo y
equitativo. Estos desafíos estructurales, como la falta de recursos y la
sobrecarga de trabajo, resaltan la necesidad de un compromiso continuo para
fortalecer el sistema judicial y asegurar que los derechos de los adolescentes
infractores sean protegidos plenamente. El estudio muestra que, aunque se han
logrado avances importantes, el sistema de justicia juvenil en Ecuador aún
carece de recursos jurídicos y humanos. La superación de estos desafíos
requerirá un compromiso continuo de todas las partes involucradas para asegurar
que los derechos de los adolescentes infractores sean plenamente protegidos y
promovidos.
CONCLUSIONES
El análisis de la Sentencia No. 9-17-CN/19 y las
iniciativas de capacitación del Consejo de la Judicatura evidencia avances
significativos en el sistema de justicia juvenil en Ecuador. La sentencia ha
establecido principios esenciales que garantizan juicios más justos y
especializados, promoviendo la imparcialidad mediante la separación de las
etapas de investigación y juicio, y la formación de jueces especializados en
esta área.
Uno de los principales logros ha sido la mejora en
la calidad de la justicia juvenil a través de la formación especializada de
jueces, quienes ahora comprenden mejor las necesidades específicas de los
adolescentes y gestionan sus casos con mayor equidad y sensibilidad. No
obstante, persisten obstáculos importantes, como la falta de recursos humanos y
materiales, que dificultan la aplicación rigurosa de los principios
establecidos por la sentencia. En particular, la insuficiencia de jueces
especializados y la sobrecarga de casos limitan la efectividad de estos
avances.
Es imperativa la implementación de un programa de
capacitación continua que permita a los jueces actualizarse en las mejores
prácticas y cambios legislativos. Esta actualización constante es crucial para
asegurar la sostenibilidad y efectividad del sistema de justicia juvenil.
Además, la implementación efectiva de los principios requiere una colaboración
más estrecha entre el sistema judicial, los servicios sociales y las
organizaciones comunitarias, de modo que se brinde un apoyo integral a los
adolescentes infractores.
A pesar de los retos mencionados, la percepción
general del sistema de justicia juvenil ha mejorado notablemente. Los jueces
están más capacitados y conscientes de las particularidades de los
adolescentes, lo que ha permitido un enfoque más justo en los casos. Asimismo,
los programas de rehabilitación han adoptado un enfoque centrado en la
educación y el desarrollo personal, lo que ha contribuido a una mayor tasa de
reintegración social de los adolescentes y a la reducción de la reincidencia.
Para finalizar, tanto la sentencia como la
formación del Consejo de la Judicatura constituyen pasos decisivos hacia una
justicia juvenil más imparcial y especializada en Ecuador. Sin embargo, para
que estos esfuerzos sean completamente efectivos, es crucial superar los
desafíos pendientes, como la falta de recursos y la necesidad de aumentar el
número de jueces especializados. Solo con un compromiso continuo de todas las
partes involucradas se logrará garantizar un proceso judicial equitativo para
los adolescentes infractores, facilitando su rehabilitación y reintegración social.
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