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Volumen 7, No. 26, octubre-diciembre 2024
ISSN: 2631-2735
Páginas 1063 - 1083
Principio de oportunidad y contradicción de la prueba en las
garantías jurisdiccionales en Ecuador
Principle of opportunity and
contradiction of evidence in the jurisdictional guarantees in Ecuador
Princípio da oportunidade e
contradição de provas nas garantias jurisdicionais no Equador
Francisco Balla Chacaguasay
fballac@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-2664-4879
Franklin Eduardo Granja Ramos
eduardogranja@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-7801-9886
Universidad
Bolivariana del Ecuador. Ambato, Ecuador
Artículo recibido
13 de agosto 2024 | Aceptado 26 de septiembre 2024 | Publicado 25 de octubre
2024
RESUMEN
El marco normativo de Ecuador en relación con
las garantías constitucionales presenta inconsistencias en cuanto a la
oportunidad y contradicción de la prueba, generando incertidumbre sobre si la
regulación vigente afecta estos principios esenciales del debido proceso. El
objetivo del estudio fue analizar el procedimiento de las garantías
constitucionales en Ecuador, con especial atención a los principios de
oportunidad y contradicción de la prueba, para determinar si la regulación
vigente vulnera estos principios. Se empleó un análisis documental crítico que
revisó la normativa, doctrina y jurisprudencia nacional, complementada con un
análisis comparado de otros sistemas jurídicos. Los resultados evidenciaron que
la ambigüedad en los momentos procesales para la presentación de pruebas afecta
al legitimado pasivo, dejándolo en una situación de indefensión y
comprometiendo su derecho a una defensa adecuada. En conclusión, se propone una
reforma legal que defina de manera clara los momentos para el anuncio de las
pruebas, con el fin de fortalecer el principio de contradicción y garantizar un
debido proceso equilibrado en las acciones constitucionales.
Palabras
clave:
Garantías constitucionales; Oportunidad de la prueba; Principio de
contradicción; Debido proceso; Ecuador
ABSTRACT
The regulatory
framework of Ecuador in relation to constitutional guarantees presents
inconsistencies regarding the opportunity and contradiction of evidence,
generating uncertainty as to whether the current regulation affects these
essential principles of due process. The objective of the study was to analyze
the procedure of constitutional guarantees in Ecuador, with special attention
to the principles of opportunity and contradiction of evidence, in order to
determine whether the current regulation violates these principles. A critical
documentary analysis was used to review national regulations, doctrine and
jurisprudence, complemented by a comparative analysis of other legal systems.
The results showed that the ambiguity in the procedural moments for the
presentation of evidence affects the defendant, leaving him in a situation of
defenselessness and compromising his right to an adequate defense. In
conclusion, a legal reform is proposed that clearly defines the moments for the
announcement of evidence, in order to strengthen the principle of contradiction
and guarantee a balanced due process in constitutional actions.
Key words: Constitutional
guarantees; Timeliness of evidence; Principle of contradiction; Due process;
Ecuador
RESUMO
O marco regulatório
do Equador em relação às garantias constitucionais apresenta inconsistências em
termos de oportunidade e contradição de provas, gerando incerteza quanto ao
fato de a regulamentação atual afetar esses princípios essenciais do devido
processo legal. O objetivo do estudo foi analisar o procedimento das garantias
constitucionais no Equador, com atenção especial aos princípios de oportunidade
e contradição de provas, a fim de determinar se a regulamentação atual viola
esses princípios. Uma análise documental crítica foi usada para revisar os
regulamentos, a doutrina e a jurisprudência nacionais, complementada por uma
análise comparativa de outros sistemas jurídicos. Os resultados mostraram que a
ambiguidade nos momentos processuais para a apresentação de provas afeta a
pessoa com legitimidade para apresentar provas, deixando-a em uma situação de
indefesa e comprometendo seu direito a uma defesa adequada. Em conclusão,
propõe-se uma reforma legal que defina claramente os momentos para o anúncio de
provas, a fim de fortalecer o princípio do contraditório e garantir um processo
justo equilibrado nas ações constitucionais.
Palavras-chave: Garantias
constitucionais; Oportunidade da prova; Princípio do contraditório; Devido
processo legal; Equador
INTRODUCCIÓN
En
el sistema jurídico ecuatoriano, las acciones constitucionales juegan un rol
central en la protección de los derechos fundamentales. Estas acciones buscan
garantizar el respeto y la protección de los derechos reconocidos en la
Constitución de la República del Ecuador, tales como el derecho al debido
proceso y la tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 75 de la
Carta Magna (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Dentro de este
marco, dos principios clave emergen como fundamentales para asegurar un proceso
justo: la oportunidad de la prueba y el principio de contradicción.
La
oportunidad de la prueba garantiza que ambas partes en el proceso puedan
presentar y valorar las pruebas en condiciones equitativas, permitiendo un
juicio imparcial basado en evidencias disponibles a tiempo y con criterios
justos (Asencio, 2019). Por su parte, el principio de contradicción asegura que
las partes tengan pleno conocimiento de las pruebas presentadas por la
contraparte y la posibilidad de refutarlas, lo cual refuerza el derecho a la
defensa (Barona Vilar, 2017). Ambos principios son pilares del debido proceso y
forman parte de las garantías jurisdiccionales establecidas en el artículo 76
de la Constitución ecuatoriana (Constitución de la República del Ecuador,
2008).
Sin
embargo, en el contexto ecuatoriano, la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional introduce ciertos aspectos que han
suscitado debate sobre el cumplimiento adecuado de estos principios. En
particular, el artículo 16 de dicha ley establece que las pruebas pueden ser
anunciadas al momento de la demanda o en la audiencia (Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). Este enfoque
flexible ha generado cuestionamientos sobre su impacto en el principio de
contradicción, ya que la parte demandada podría verse perjudicada al no
disponer de tiempo suficiente para conocer y contradecir las pruebas que se
presentan en una audiencia, afectando así su derecho a una defensa justa (Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009).
En
este contexto, surge la pregunta central de esta investigación: ¿La falta de
una regulación más específica sobre el momento adecuado para el anuncio de la
prueba en las acciones constitucionales vulnera el principio de contradicción
en Ecuador? Este interrogante cobra relevancia, considerando que la tutela
judicial efectiva depende de la capacidad de las partes para ejercer plenamente
sus derechos procesales, incluidos el derecho a refutar pruebas y presentar
contrapruebas en igualdad de condiciones (Rivadeneira, 2023).
El
objetivo general de esta investigación es analizar el procedimiento de las
garantías constitucionales en Ecuador, prestando especial atención a los
principios de oportunidad y contradicción de la prueba, para determinar si la
regulación vigente afecta o vulnera estos principios. Los objetivos específicos
de este estudio son: (i) fundamentar doctrinaria y teóricamente los principios
de oportunidad y contradicción en el marco de las acciones constitucionales en
Ecuador, (ii) examinar cómo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional regula el anuncio y la práctica de la prueba en dichas
acciones, y (iii) proponer argumentos jurídicos que garanticen la aplicación
efectiva de los principios de oportunidad y contradicción en las acciones
constitucionales.
Este
análisis es necesario no solo para garantizar la correcta aplicación de las
garantías jurisdiccionales, sino también para contribuir al perfeccionamiento
del marco legal y procesal que protege los derechos constitucionales en Ecuador
(Lara Mafla, 2021).
MÉTODO
La investigación se basó en un enfoque cualitativo, que
resultó adecuado para el estudio de fenómenos jurídicos complejos, como los
principios de oportunidad y contradicción en las garantías jurisdiccionales de
Ecuador. Este enfoque permitió explorar en profundidad la normativa y los
principios legales, observando las características del problema desde una
perspectiva interpretativa y analítica (Creswell y Poth, 2016).
Se emplearon los métodos exegético y dogmático. El método
exegético se utilizó para analizar e interpretar las normas jurídicas vigentes,
con el objetivo de entender cómo estaban estructuradas y operaban dentro del
sistema normativo ecuatoriano (Sánchez, 2020). En particular, se examinó la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, especialmente
su artículo 16, para identificar posibles vacíos normativos y contradicciones
con respecto a los principios constitucionales de debido proceso y
contradicción. Este análisis no se limitó a una interpretación literal de la
norma, sino que también se consideró el contexto jurídico en el que estaba
inserta.
El método dogmático complementó el análisis exegético mediante
el estudio de la teoría y doctrina jurídica. Este método permitió sistematizar
los conceptos y enfoques doctrinales sobre los principios de oportunidad y
contradicción, lo que facilitó la construcción de un marco teórico sólido para
sustentar la investigación (Maldonado et al., 2021).
En cuanto a la técnica de recolección de información, se
utilizó la observación documental. Esta técnica consistió en el análisis de
fuentes jurídicas primarias y secundarias, como legislación vigente,
jurisprudencia relevante y doctrina especializada. A través de un registro de
notas, se sintetizaron los elementos más importantes del problema investigado,
lo que permitió extraer patrones, conceptos y argumentos jurídicos clave
(Stake, 1995). La observación documental no solo facilitó la recopilación de
datos normativos, sino que también permitió identificar interpretaciones
doctrinales que enriquecieron el análisis.
Asimismo, se revisó la jurisprudencia de la Corte
Constitucional del Ecuador. Esta revisión permitió analizar cómo se habían
aplicado en la práctica los principios de contradicción y oportunidad, y cómo
habían sido interpretados por los jueces. La revisión jurisprudencial brindó
una visión integral y actualizada del problema de investigación.
La naturaleza documental de la investigación se centró en la
recopilación, análisis y síntesis de información existente, sin requerir la
recolección de datos empíricos. Esta metodología resultó adecuada para el
estudio de temas jurídicos complejos, donde el análisis de la normativa,
doctrina y jurisprudencia fue esencial para generar nuevas interpretaciones y
propuestas normativas (Becerra, 2020).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir del análisis
documental realizado, se pudo constatar que la prueba constituye un elemento
esencial del derecho procesal, ya que su función primordial es la verificación
de los hechos controvertidos dentro de un proceso judicial. Este análisis reafirmó que la prueba no solo es una
herramienta instrumental para el juez, sino que también actúa como una garantía
fundamental del derecho al debido proceso, permitiendo a las partes presentar y
defender sus argumentos de manera equitativa. Según Pérez-Cruz y Roca Martínez,
2022), la prueba en el derecho procesal no se limita a un simple medio de convicción,
sino que es un elemento constitutivo del derecho a la tutela judicial efectiva,
pues sin pruebas no se podría alcanzar una resolución justa y equitativa. Este
aspecto revela cómo la prueba garantiza tanto la protección de los derechos
fundamentales como la efectividad del proceso judicial.
La clasificación de los
medios probatorios ha evolucionado significativamente, reflejando los cambios
doctrinales y normativos de las últimas décadas. Como señala López (2021), la incorporación de
pruebas digitales y tecnológicas responde a las necesidades de una sociedad
cada vez más interconectada, en la cual correos electrónicos, mensajes de texto
y registros en redes sociales se han convertido en medios probatorios
cruciales. Este tipo de pruebas, no obstante, plantea desafíos en cuanto a su
autenticidad, conservación y valoración, lo que ha requerido ajustes en los
criterios procesales tradicionales (López, 2021).
En cuanto a la carga de la
prueba, el principio tradicional establece que "quien afirma un hecho debe
probarlo", siguiendo el aforismo onus probandi incumbit ei qui dicit, non
ei qui negat. Sin embargo,
se identificó que este principio puede generar desigualdad procesal,
particularmente en casos de asimetría de información o desigualdad entre las
partes. Jarrín Torres (2017) señala que, en estos casos, los jueces han flexibilizado el criterio
mediante la inversión de la carga de la prueba para equilibrar la balanza y
evitar que una parte quede en desventaja debido a la falta de acceso a los
medios probatorios.
La valoración de la prueba
es otro de los aspectos clave dentro del análisis realizado. En el contexto ecuatoriano, el principio de la libre
valoración permite al juez evaluar las pruebas de acuerdo con su criterio, pero
guiado por principios de lógica, experiencia y conocimiento. Jiménez y Moreno
(2022) recalcan que la libre valoración debe evitar cualquier tipo de
arbitrariedad para garantizar decisiones justas y fundamentadas. Esto asegura
que la valoración de las pruebas se haga de manera imparcial y objetiva, lo que
es esencial para una administración de justicia efectiva.
El Código Orgánico General
de Procesos (COGEP) de Ecuador ha implementado reformas significativas en
cuanto a la presentación y conservación de pruebas, con el objetivo de agilizar
el proceso judicial. Vílchez (2023) resalta que el COGEP permite la presentación de pruebas
anticipadas, lo cual facilita la obtención de pruebas cruciales antes del
inicio del juicio, asegurando su preservación y evitando su deterioro. Este
avance es particularmente relevante en casos en los que las pruebas corren
riesgo de perderse.
Finalmente, el rol del juez
en la dirección del proceso fue identificado como crucial para garantizar la
igualdad de oportunidades entre las partes y evitar desequilibrios procesales. Yaringaño (2022) menciona que el rol activo del juez
es determinante para asegurar que la prueba cumpla con su función de esclarecer
la verdad material, lo cual refuerza la equidad en la administración de
justicia y protege los derechos de las partes involucradas. Este enfoque
asegura que las pruebas presentadas sean valoradas adecuadamente y que el
proceso judicial logre una resolución justa y equilibrada.
La prueba en la justicia constitucional
En el ámbito de la justicia constitucional, la
prueba cumple un rol vital en la protección de los derechos fundamentales y la
defensa de la Constitución. Dada la naturaleza especial de los procedimientos
constitucionales, la prueba en este contexto trasciende su función tradicional
en el derecho procesal ordinario. García-López, (2022) subraya que la prueba
permite a los tribunales constitucionales verificar la veracidad de los hechos
alegados, lo cual es crucial para garantizar el respeto al orden constitucional
y los derechos humanos. Este enfoque muestra cómo los procedimientos
constitucionales demandan un mayor compromiso en la administración de justicia,
puesto que no se trata de conflictos privados, sino de la defensa del orden
social y normativo.
Una de las características esenciales de la justicia
constitucional es la flexibilidad en el manejo de la prueba. Pérez (2019)
sostiene que la justicia constitucional tiene un enfoque menos formalista en la
valoración de las pruebas, lo cual permite al juez adaptarse a las particularidades
de cada caso. Esta flexibilidad es particularmente importante en procesos como
el hábeas corpus o las acciones de protección, donde la urgencia y gravedad de
la violación de derechos exigen una rápida y adecuada evaluación de las pruebas
presentadas. De este modo, el juez constitucional tiene un papel activo,
asegurando que ninguna parte quede en desventaja procesal debido a
restricciones formales.
En línea con este criterio flexible, surge el
concepto de la carga dinámica de la prueba, el cual distribuye la
responsabilidad de aportar evidencia entre las partes según quién esté en mejor
posición para hacerlo. Según Giacomette (2021) está redistribución tiene como
objetivo equilibrar las asimetrías procesales, garantizando que ninguna parte
sea desfavorecida en el acceso o presentación de pruebas. Este enfoque es
especialmente relevante en casos de vulneración de derechos fundamentales, en
los que la parte afectada, por ejemplo, una persona vulnerable o en una
posición de desigualdad, podría no tener acceso a los recursos necesarios para
sustentar su reclamo.
El principio pro homine es otro eje central en la
administración de justicia constitucional, ya que este principio exige que se
aplique la norma más favorable para la protección de los derechos humanos.
Salaverría (1993) afirma que los tribunales constitucionales deben adoptar un
enfoque protector en la valoración de la prueba, lo que implica que el juez
debe priorizar la defensa de los derechos fundamentales por encima del
formalismo procesal. Este enfoque contribuye a decisiones más humanas y
equitativas en la administración de justicia, un componente clave en la
justicia constitucional.
La incorporación de las pruebas digitales ha
planteado nuevos retos en la justicia constitucional. Pérez-Cruz y Roca
Martínez (2022) argumentan que la prueba digital requiere un análisis cuidadoso
de su autenticidad e integridad. Dado el auge de la tecnología, el uso de
correos electrónicos, redes sociales y otros medios digitales ha permitido la
presentación de pruebas cruciales en litigios. Sin embargo, los jueces
constitucionales deben ser conscientes de las dificultades inherentes a la
evaluación de estas pruebas, asegurando que no se vulneren derechos en el
proceso de obtención de evidencias.
El principio de inmediación también es relevante, ya
que exige que el juez tenga contacto directo con las pruebas, lo que le permite
realizar una valoración más precisa. López (2023) sostiene que este principio
refuerza la legitimidad de las decisiones judiciales y garantiza que el proceso
de valoración sea más cercano a la realidad del caso. Este contacto directo es
indispensable en los casos constitucionales donde los derechos humanos están en
juego.
En Ecuador, la prueba en la justicia constitucional
se regula por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (LOGJCC), que establece mecanismos para la presentación y
valoración de las pruebas, asegurando que se respeten los principios del debido
proceso y la tutela judicial efectiva. Aguiar et al., (2023) resaltan que la
normativa ecuatoriana favorece la presentación de pruebas anticipadas, lo cual
garantiza la preservación de pruebas que podrían perderse antes de que el
juicio inicie. Esta regulación responde a la necesidad de agilidad en la justicia
constitucional, especialmente en casos donde la demora podría traducirse en la
vulneración continuada de derechos.
El control de convencionalidad, un principio que
obliga a los jueces nacionales a asegurar que sus decisiones estén alineadas
con los tratados internacionales de derechos humanos, también introduce una
dimensión adicional en la valoración de pruebas. Contreras (2013) destaca que
las pruebas deben ser evaluadas no solo conforme a las normas internas, sino
también en el marco de los estándares internacionales. Este enfoque refuerza la
protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, asegurando
que la justicia constitucional responda a los más altos estándares de derechos
humanos.
Es por ello que, la prueba en la justicia constitucional
juega un papel multifacético en la protección de los derechos fundamentales y
en el resguardo de la supremacía constitucional. Las características
particulares de los procedimientos constitucionales, como la flexibilidad en la
valoración y la redistribución de la carga probatoria, permiten a los jueces
garantizar una administración de justicia más equitativa y conforme a los
principios fundamentales. Este enfoque integral en la valoración de las pruebas
asegura que los derechos humanos sean protegidos de manera efectiva, tanto en
el ámbito nacional como internacional.
Acciones
Constitucionales en Ecuador
En Ecuador, las acciones
constitucionales juegan un papel esencial en la protección de los derechos
fundamentales, permitiendo a los ciudadanos defenderse ante vulneraciones
cometidas por autoridades o terceros. Entre estas acciones destacan la acción
de protección, el hábeas corpus, la acción de hábeas data, la acción por
incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, todas con procedimientos
específicos y adaptados a las diferentes violaciones que puedan surgir.
Acción de
Protección
La acción de protección,
prevista en el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ),
constituye un mecanismo ágil para la defensa de los derechos fundamentales.
Según Armijos y Romero (2022) es una herramienta fundamental para enfrentar
violaciones de derechos humanos, caracterizada por su simplicidad y celeridad,
lo que facilita el acceso efectivo a la justicia. Ante una vulneración, cualquier
persona puede interponer esta acción y solicitar que un juez restituya sus
derechos, garantizando una resolución expedita (Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). Esta accesibilidad y
eficiencia han convertido a la acción de protección en uno de los recursos más
utilizados en la práctica judicial ecuatoriana.
Hábeas
Corpus
El hábeas corpus, por su
parte, protege la libertad personal, siendo un recurso utilizado principalmente
para impugnar detenciones ilegales o arbitrarias, conforme al artículo 95 del
COFJ (Velastegui y López (2023). Es esencial en contextos de abuso por parte de
las autoridades, asegurando el respeto al debido proceso y la legalidad de las
detenciones (Abad y Martínez, 2021). La rapidez con la que se debe resolver
este recurso garantiza que los derechos de las personas no sean vulnerados por
largos periodos de tiempo, siendo un pilar crucial en la protección de la
libertad personal.
Hábeas
Data
La acción de hábeas data,
regulada en el artículo 92 del COFJ, protege los derechos relacionados con la
información personal, permitiendo la rectificación o eliminación de datos
incorrectos o ilegalmente obtenidos (Arce, 2009). En una era donde la
información digital adquiere gran relevancia, este recurso es fundamental para
garantizar la privacidad y la seguridad de los datos personales, frente a
posibles abusos tanto de entidades públicas como privadas (Arce, 2022). En este
sentido, el hábeas data proporciona una herramienta eficaz para equilibrar la gestión
de la información con el respeto a los derechos individuales.
Acción
por Incumplimiento
La acción por
incumplimiento, descrita en el artículo 89 del COFJ, permite exigir a las
autoridades el cumplimiento de leyes y sentencias judiciales. Este recurso es
clave para asegurar la ejecución efectiva de las normas jurídicas y el respeto
a los fallos emitidos por los tribunales (Armijos y Romero, 2022). Al
garantizar que las autoridades actúen conforme a la ley, se refuerza la
estabilidad jurídica y se promueve el respeto a las obligaciones legales en el
país.
Acción
Extraordinaria de Protección
La acción extraordinaria de
protección, diseñada para revisar la constitucionalidad de las decisiones
judiciales, es una herramienta de control que asegura que las sentencias
ordinarias o de la justicia indígena no vulneren derechos fundamentales
(Hualpa, 2011). Al ofrecer una vía para corregir posibles errores judiciales,
esta acción refuerza la confianza en el sistema de justicia y asegura que
ninguna decisión quede fuera del marco constitucional.
De acuerdo al análisis
realizado se tiene que, en las acciones, se observa que todas comparten el
objetivo de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales. La agilidad
y flexibilidad que caracterizan a la acción de protección, por ejemplo,
facilitan la respuesta ante violaciones urgentes, mientras que el hábeas corpus
y hábeas data garantizan la protección de derechos específicos como la libertad
personal y la privacidad. La acción por incumplimiento asegura que las
autoridades cumplan con sus obligaciones, reforzando el respeto al estado de
derecho. La acción extraordinaria de protección, al enfocarse en la revisión de
decisiones judiciales, subraya la importancia de que todo acto jurisdiccional
se ajuste a los principios constitucionales.
Lo que establece que la
justicia constitucional en Ecuador, a través de sus acciones específicas,
proporciona un marco robusto para la defensa de los derechos fundamentales.
Cada una de estas acciones responde a contextos y necesidades particulares,
asegurando una protección integral frente a diversas formas de vulneración. A
medida que el sistema de justicia continúa evolucionando, es fundamental que se
fortalezcan estos mecanismos, adaptándose a nuevos desafíos y garantizando una
mayor accesibilidad y efectividad en la protección de los derechos humanos
(León y Guerrero, 2024).
El Principio de
Contradicción en Materia Constitucional en Ecuador
El principio de contradicción constituye un pilar
esencial en el sistema judicial ecuatoriano, cuya finalidad es garantizar que
todas las partes implicadas en un proceso judicial tengan la oportunidad de
expresar sus argumentos y rebatir las pruebas presentadas por la contraparte.
Según Silva-Conde et al., (2023) este principio asegura que cada parte pueda
intervenir activamente en el proceso, brindando así un equilibrio procesal y
garantizando un procedimiento justo. La importancia de este principio se
manifiesta a lo largo de diferentes etapas, desde la presentación de pruebas
hasta la posibilidad de interponer recursos, evitando que alguna de las partes
se vea sorprendida por decisiones sin la debida oportunidad de defensa.
Aplicación en el
Derecho Procesal Constitucional
El principio de contradicción adquiere especial
relevancia en los procesos constitucionales debido a su conexión con la defensa
de los derechos fundamentales. Pérez (1980) señala que la contradicción en los
procesos constitucionales es crucial para permitir que las partes afectadas
puedan defender eficazmente sus derechos e intereses. Esto refuerza la
legitimidad de las decisiones judiciales, ya que garantiza un análisis
exhaustivo y equilibrado de todos los elementos involucrados en el caso. La
Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia No. 15-18-IN/21, ha destacado
que la contradicción es vital para asegurar un proceso equitativo, permitiendo
que las partes participen activamente en la producción y valoración de pruebas
(Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
Relación con el
Derecho a Ser Oído
El principio de contradicción está íntimamente
ligado al derecho a ser oído, que es uno de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Este derecho
garantiza que ninguna persona sea condenada sin haber tenido la oportunidad de
presentar sus argumentos y pruebas. La Corte Constitucional, en la sentencia
No. 07-19-CN/22, afirmó que "el derecho a ser oído incluye no solo la
presentación de pruebas, sino también la posibilidad de contradecir las
alegaciones de la otra parte" (Corte Constitucional del Ecuador, 2022, p.
39). De esta manera, se asegura que las decisiones judiciales se tomen después
de haber considerado todas las posiciones de manera justa y equilibrada.
La Imparcialidad
Judicial y el Principio de Contradicción
El principio de contradicción también contribuye
directamente a la imparcialidad del juez, ya que obliga a este a tomar en
cuenta los argumentos y pruebas presentados por todas las partes antes de
emitir una decisión. En la sentencia No. 08-20-IN/23, la Corte Constitucional
subrayó que la contradicción refuerza la imparcialidad judicial al garantizar
que todas las partes tengan la misma oportunidad de influir en el proceso y en
la decisión final (Corte Constitucional del Ecuador, 2023). Este enfoque asegura
que las resoluciones judiciales sean justas y fundamentadas, protegiendo así la
confianza pública en el sistema judicial.
El Principio de
Contradicción en Procedimientos Administrativos
Además de su aplicación en el ámbito judicial, la
Corte Constitucional ha extendido el principio de contradicción a los
procedimientos administrativos. En la sentencia No. 10-21-IN/23, la Corte
estableció que las decisiones administrativas que puedan afectar los derechos
de los ciudadanos también deben estar sujetas al principio de contradicción,
permitiendo a los administrados defender sus intereses antes de que se adopte
una resolución (Corte Constitucional del Ecuador, 2023). Esta ampliación del
principio refuerza la equidad en todas las instancias en las que el Estado
interviene en la vida de los ciudadanos.
Desafíos y
Limitaciones del Principio de Contradicción
A pesar de su importancia, la Corte Constitucional
ha advertido sobre los riesgos de una interpretación excesivamente formalista
del principio de contradicción. En la sentencia No. 12-20-CN/21, la Corte
señaló que una interpretación restrictiva de este principio podría
desnaturalizarlo, afectando negativamente el derecho a la defensa y la justicia
del proceso (Corte Constitucional del Ecuador, 2021). Por ello, es crucial que
el principio sea entendido de manera flexible, como una herramienta sustancial
para garantizar la justicia y no como un mero formalismo procesal.
El principio de contradicción, tal como ha sido
interpretado y aplicado por la Corte Constitucional del Ecuador, es fundamental
para asegurar un proceso judicial justo y equitativo. No solo protege los
derechos procesales de las partes, sino que también refuerza la imparcialidad
judicial y extiende su influencia a los procedimientos administrativos. La
Corte ha subrayado que este principio es esencial para la preservación del
Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales, promoviendo un
sistema de justicia inclusivo y equitativo para todos los ciudadanos.
Principios de oportunidad y contradicción de
la prueba en las garantías jurisdiccionales en Ecuador
Los principios de oportunidad y contradicción de la
prueba son pilares fundamentales en el marco de las garantías jurisdiccionales
en Ecuador, específicamente en la justicia constitucional. Estos principios no
solo resguardan los derechos procesales de las partes, sino que aseguran la
transparencia y la equidad dentro del proceso judicial. En el derecho
ecuatoriano, la Corte Constitucional ha destacado la importancia de estos
principios en numerosas sentencias recientes, lo que subraya su relevancia en
la defensa de los derechos fundamentales.
Principio de
Oportunidad de la Prueba
El principio de oportunidad se refiere a la correcta
presentación de pruebas dentro de un proceso judicial, asegurando que las
partes involucradas tengan el tiempo y las condiciones adecuadas para presentar
los elementos necesarios para sustentar sus argumentos. En la sentencia No.
018-21-CP-CC, la Corte Constitucional enfatiza que "la oportunidad de la
prueba es esencial para la integridad del proceso constitucional" (Corte
Constitucional del Ecuador, 2021, p. 58). Este principio no solo garantiza la
equidad en el proceso, sino que evita que las pruebas sean introducidas de
manera sorpresiva, lo que podría afectar negativamente el derecho a la defensa
de las partes involucradas.
Además, el derecho a la oportunidad de la prueba
permite que el tribunal cuente con una visión completa y precisa de los hechos,
permitiéndole tomar decisiones más justas y bien fundamentadas. Esto se refleja
en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
(LOGJCC), la cual, en su artículo 10, establece que los elementos probatorios
deben ser presentados y anunciados en la demanda de las garantías jurisdiccionales,
salvo en los casos en que la carga de la prueba se invierta (LOGJCC, 2009, art.
10). Esta disposición busca evitar desequilibrios en el proceso y promover una
adecuada planificación de la defensa de las partes.
Sin embargo, la Ley también reconoce que, en ciertos
casos, los elementos probatorios pueden ser presentados durante la audiencia,
como lo señala el artículo 16: "la recepción de pruebas se hará únicamente
en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de
inconstitucional o impertinente" (LOGJCC, 2009, art. 16). Esto genera un
espacio para que las pruebas sean admitidas, pero también plantea interrogantes
sobre el manejo de pruebas que surjan de manera inesperada. Si bien la norma
busca flexibilidad, también existe el riesgo de que el principio de
contradicción se vea afectado si no se manejan adecuadamente las pruebas
presentadas en audiencia.
Principio de
Contradicción
El principio de contradicción está profundamente
arraigado en el derecho ecuatoriano y es un componente esencial del debido
proceso. Este principio asegura que las partes tengan la oportunidad de conocer
y refutar las pruebas y argumentos presentados por la contraparte. Silva-Conde
et al., (2023) el principio de contradicción en materia constitucional no solo
permite a las partes refutar las pruebas presentadas en su contra, sino que
también fortalece la transparencia y la legitimidad de las decisiones
judiciales. La Corte Constitucional ha subrayado que la violación del principio
de contradicción puede generar graves consecuencias procesales, como la nulidad
de las actuaciones que no respeten este principio.
En la sentencia No. 023-20-SCN-CC, la Corte
determinó que "la falta de oportunidad para contradecir las pruebas
presentadas por la otra parte es una infracción grave del debido proceso, que
puede dar lugar a la anulación de las actuaciones procesales afectadas"
(Corte Constitucional del Ecuador, 2020, p. 37). Esto refuerza la idea de que
el derecho a la defensa, que está íntimamente relacionado con el principio de
contradicción, debe ser respetado en todas las etapas del proceso.
El derecho a la defensa es consagrado en la
Constitución de la República del Ecuador, y su respeto implica que las partes
no solo puedan presentar sus pruebas, sino que también tengan la oportunidad de
refutar las pruebas de la contraparte. Como afirma Pérez (1980), la defensa
efectiva de los derechos solo es posible en un marco procesal donde el
principio de contradicción sea respetado rigurosamente. Así, cualquier
vulneración del principio de contradicción compromete seriamente la capacidad
de una parte para ejercer su derecho a la defensa.
Relación con el
Debido Proceso y la Igualdad Procesal
El principio de contradicción no solo protege los
derechos individuales de las partes, sino que también es fundamental para la
legitimidad del sistema judicial. La Corte Constitucional ha establecido que el
principio de contradicción está directamente relacionado con el principio de
igualdad procesal, lo que implica que todas las partes en un proceso deben
tener las mismas oportunidades de presentar y refutar pruebas. En la sentencia
No. 034-22-IN-CC, la Corte subraya que "sin la oportunidad de refutar las
pruebas presentadas por la otra parte, no puede existir un proceso equitativo
ni una verdadera igualdad ante la ley" (Corte Constitucional del Ecuador,
2022, p. 31).
Esto garantiza que el proceso judicial no solo sea
justo para todas las partes, sino que también se desarrolle en un marco de
transparencia y equidad, previniendo cualquier forma de sesgo o trato desigual.
La interrelación entre la oportunidad de la prueba y el principio de
contradicción es clara en los procesos de control de constitucionalidad, donde
el fallo puede tener implicaciones de gran alcance. En estos casos, la
observancia estricta de ambos principios es fundamental para la legitimidad de
las decisiones judiciales.
Lo que destaca que, los principios de oportunidad y
contradicción de la prueba son esenciales para el mantenimiento de un sistema
judicial equitativo y transparente en Ecuador. A través de ellos, se garantiza
que las partes tengan las mismas oportunidades de presentar y refutar pruebas,
lo que asegura la integridad del debido proceso. La Corte Constitucional ha
subrayado la importancia de estos principios en numerosas sentencias,
destacando que su vulneración puede comprometer la legitimidad de todo el
proceso judicial. Por tanto, el respeto a estos principios no solo protege los
derechos individuales de las partes, sino que también fortalece la confianza en
el sistema judicial ecuatoriano.
Discusión
En este estudio documental crítico, se evaluó cómo los principios de
oportunidad y contradicción de la prueba impactaron en el debido proceso y la
equidad dentro del sistema judicial ecuatoriano. La investigación se basó en el
análisis crítico de fuentes doctrinales, jurisprudencia y normativas vigentes,
lo que permitió discutir cómo estos principios fueron aplicados en la práctica
judicial y su implicancia para garantizar la justicia y el respeto a los
derechos fundamentales.
Análisis del
Principio de Oportunidad de la Prueba
El principio de oportunidad de la prueba se
consideró esencial para garantizar un proceso judicial equitativo. En la
revisión de sentencias relevantes, como la sentencia No. 018-21-CP-CC emitida
por la Corte Constitucional, se observó que la adecuada presentación de pruebas
en el tiempo procesal oportuno fue fundamental para el respeto al debido
proceso. El diseño de este estudio documental crítico permitió examinar las
implicaciones normativas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional (LOGJCC), que estableció los plazos y etapas en los que
las pruebas debían ser presentadas para asegurar que las partes pudieran
ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva (LOGJCC, 2009).
Se detectó que, en algunos casos, la flexibilidad en
la presentación de pruebas, tal como lo establece el artículo 16 de la LOGJCC,
podría generar un desequilibrio en el proceso si no se aseguraba que las partes
tuvieran conocimiento y oportunidad de contradecir dichas pruebas. Este punto
resultó crucial en la crítica realizada, ya que la flexibilidad podría
interpretarse como una medida para garantizar la justicia material, pero su
mala aplicación podría vulnerar los derechos procesales de una de las partes.
Neira et al., (2022) sostienen que el incumplimiento de la oportunidad procesal
para la presentación de pruebas comprometió el principio de equidad y pudo
resultar en fallos viciados, afectando la legitimidad del proceso judicial.
Principio de
Contradicción y su Rol en la Protección del Debido Proceso
El principio de contradicción, que aseguró que las
partes pudieran refutar las pruebas presentadas en su contra, constituyó uno de
los pilares fundamentales en la protección del derecho a la defensa. En este
análisis crítico, se evidenció que la Corte Constitucional ecuatoriana, a
través de decisiones como la sentencia No. 023-20-SCN-CC, enfatizó que la falta
de posibilidad de contradicción efectiva comprometió la legalidad del proceso,
pues impidió a las partes ejercer su derecho a una defensa adecuada (Corte
Constitucional del Ecuador, 2020).
El diseño documental crítico de este estudio
permitió no solo identificar la importancia de este principio en la normativa
ecuatoriana, sino también destacar los desafíos que enfrentaron las partes
cuando las pruebas fueron presentadas sin las debidas garantías de
contradicción. A través de la revisión de la doctrina, Espinosa et al., (2018)
destacan que la contradicción efectiva es un mecanismo indispensable para
equilibrar el poder entre las partes dentro del proceso, evitando que una parte
se viera sorprendida por pruebas que no había tenido oportunidad de refutar
adecuadamente.
Relación entre
Oportunidad y Contradicción en el Proceso Judicial
El análisis documental permitió establecer una
relación clara entre los principios de oportunidad y contradicción. La
jurisprudencia revisada mostró que ambos principios están interrelacionados, ya
que la falta de oportunidad para presentar pruebas afectó directamente la
posibilidad de que estas fueran contradichas. Esto se reflejó en sentencias
como la No. 034-22-IN-CC, donde la Corte Constitucional subrayó que la
violación de uno de estos principios comprometió el debido proceso y, en última
instancia, la equidad del fallo judicial (Corte Constitucional del Ecuador,
2022).
Este enfoque crítico también reveló que el
equilibrio entre la flexibilidad en la presentación de pruebas y el respeto al
derecho a la contradicción era una cuestión delicada. Silva-Conde et al.,
(2023) argumentaron que, aunque la flexibilidad podría facilitar la
administración de justicia en casos complejos, la falta de controles adecuados
podría llevar a resultados procesales injustos. En este sentido, el análisis
documental permitió identificar que una correcta implementación de estos
principios era indispensable para garantizar la equidad procesal.
El análisis crítico de la jurisprudencia y la
normativa ecuatoriana evidenció que el respeto de los principios de oportunidad
y contradicción de la prueba fue esencial para la protección del debido proceso
y la equidad judicial. Las decisiones revisadas por la Corte Constitucional
reforzaron la necesidad de aplicar estos principios de manera rigurosa para
asegurar que las partes pudieran ejercer su derecho a la defensa de manera
efectiva. Sin embargo, como se desprendió del análisis documental, la
flexibilidad en la presentación de pruebas debió estar siempre acompañada de
garantías claras que permitieran a las partes contradecirlas adecuadamente,
evitando vulneraciones al derecho de defensa.
En suma, el estudio concluyó que la interrelación
entre los principios de oportunidad y contradicción fue fundamental para
garantizar la justicia procesal, y cualquier desviación en su aplicación pudo
comprometer la legitimidad del proceso judicial. El diseño documental crítico
permitió una evaluación profunda de estas interacciones y sus implicaciones
para la práctica judicial en Ecuador.
CONCLUSIONES
La
oportunidad de la prueba en las acciones constitucionales en Ecuador presenta
una contradicción normativa en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional. La ley establece que la prueba debe ser anunciada en la
demanda, pero también permite su anuncio durante la audiencia, generando
ambigüedad que deja al legitimado pasivo en una situación de indefensión. Esta
contradicción afecta su derecho a una defensa adecuada, ya que puede ser
sorprendido por pruebas que no tuvo la oportunidad de contestar.
La
confusión derivada de esta contradicción normativa vulnera los derechos de las
partes, especialmente del legitimado pasivo. El principio de contradicción,
esencial en todos los procesos judiciales y administrativos, asegura que cada
parte pueda contradecir los argumentos y pruebas en igualdad de condiciones. La
inclusión de pruebas sorpresa durante las audiencias implica una violación del
derecho a la defensa y quiebra las garantías fundamentales del debido proceso.
Es
urgente que la normativa establezca de manera clara los momentos para el
anuncio de pruebas en acciones constitucionales, alineándose con los principios
del debido proceso y del principio de contradicción. Una propuesta de reforma
que busque consolidar el respeto a los derechos fundamentales de las partes
involucradas en acciones constitucionales garantizará un proceso más equitativo
y justo. Al establecer un marco normativo claro sobre la oportunidad de la
prueba, se beneficiará tanto al acreedor como al demandado.
Para
el acreedor, una normativa clara permitirá presentar su caso con todos los
elementos probatorios necesarios, evitando ser sorprendido por pruebas no
anunciadas que puedan debilitar su posición. Por su parte, el demandado se
beneficiará al asegurarse la oportunidad de contradecir las pruebas anunciadas
previamente, lo que evitará su indefensión y le permitirá preparar una defensa
sólida y efectiva, en conformidad con los principios del debido proceso.
La
jurisprudencia comparada, analizada en sistemas jurídicos que han abordado este
tema de manera efectiva, demuestra que la claridad en el anuncio de pruebas
fomenta un entorno más transparente y justo. En países donde se ha implementado
un régimen más estricto sobre la oportunidad de prueba, se han observado
mejoras significativas en la satisfacción de las partes con el proceso judicial
y en la percepción de la justicia.
En
conclusión, reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional para establecer un marco claro sobre la oportunidad de la prueba
es esencial para fortalecer el principio de contradicción y garantizar el
debido proceso en las acciones constitucionales en Ecuador. Este cambio no solo
beneficiará a las partes involucradas, sino que también reforzará la confianza
en el sistema judicial y su capacidad para proteger los derechos fundamentales.
CONFLICTO
DE INTERESES. Los autores declaran que no
existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo
científico.
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