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https://revistalex.org Volumen 7, No. 26, octubre-diciembre 2024 ISSN: 2631-2735 Páginas 1196 – 1207
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La valoración probatoria en violencia política de género: importancia de la especialización de los peritos
Evidence in political gender violence
Evidências na violência política de gênero
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Diana Carolina Valverde Cuenca https://orcid.org/0009-0007-0634-3986
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Marlon Andrés Ron Zambrano https://orcid.org/0009-0005-3263-5902
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Holger Geovanny García Segarra https://orcid.org/0009-0009-2499-762X
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Universidad Bolivariana del Ecuador. Quito, Ecuador
Artículo recibido el 10 de julio 2024 / Arbitrado el 7 de agosto 2024 / Publicado el 25 de octubre 2024
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RESUMEN
Este artículo investigó la valoración de la prueba en casos de violencia política de género, destacando la importancia de la especialización de los peritos. La introducción abordó la creciente relevancia de este tipo de violencia. El objetivo fue resaltar como la especialización pericial mejora la calidad y precisión de las pruebas en estos casos. El método consistió en un análisis de casos judiciales y entrevistas con expertos en violencia de género. Los resultados mostraron que los peritos especializados proporcionan informes más detallados y útiles, ayudando a entender la gravedad de la violencia y sus efectos. Las conclusiones indicaron que una pericia especializada es crucial para garantizar que las decisiones judiciales electorales sean justas y efectivas, así como para ofrecer una mejor protección y apoyo a las víctimas.
Palabras clave: Prueba; Violencia; Política; Género; Justicia; Perito
ABSTRACT
This article investigated the assessment of evidence in cases of gender-based political violence, highlighting the importance of expert witness specialization. The introduction addressed the increasing relevance of this type of violence. The objective was to highlight how expert specialization improves the quality and accuracy of evidence in these cases. The method consisted of an analysis of court cases and interviews with experts in gender violence. The results showed that specialized experts provide more detailed and useful reports, helping to understand the seriousness of the violence and its effects. The findings indicated that specialized expertise is crucial to ensure that electoral court decisions are fair and effective, as well as to provide better protection and support to victims.
Keywords: Test; Rational valuation; Gender violence; Politics; Electoral justice, Perito
RESUMO
Este artigo investigou a avaliação de provas em casos de violência política baseada no género, salientando a importância da especialização dos peritos. A introdução abordou a crescente relevância deste tipo de violência. O objetivo foi destacar a forma como a especialização dos peritos melhora a qualidade e a precisão da prova nestes casos. O método consistiu numa análise de processos judiciais e em entrevistas com peritos em violência de género. Os resultados mostraram que os peritos especializados fornecem relatórios mais pormenorizados e úteis, ajudando a compreender a gravidade da violência e os seus efeitos. As conclusões indicaram que os conhecimentos especializados são cruciais para garantir que as decisões dos tribunais eleitorais são justas e eficazes, bem como para proporcionar uma melhor proteção e apoio às vítimas.
Palavras-chave: Prueba; Valoración racional; Violencia de género; Política; Justicia electoral, Perito
INTRODUCCIÓN
La violencia política de género representa una grave violación de los derechos humanos y un desafío significativo para los sistemas judiciales democráticos. A diferencia de otras formas de violencia, esta categoría implica una dimensión política que puede complicar su identificación y evaluación. Las víctimas a menudo enfrentan barreras adicionales debido al contexto de poder y control que caracteriza estos casos. La problemática principal radica en la dificultad para valorar adecuadamente la evidencia, dado que las pruebas en estos casos requieren una comprensión especializada sobre violencia política de género.
Por otro lado, el concepto de prueba en el ámbito jurídico es complejo y multifacético, ya que se ve influenciado por diversos factores, como la materia del derecho en cuestión, el tipo de proceso y el sistema legal al que se hace referencia. Si bien no existe una definición única y universal de la prueba, es fundamental establecer una base epistemológica sólida que permita comprender su naturaleza y aplicación en las diferentes ramas del derecho. Por ello, resulta impensable abordar la prueba desde una perspectiva general y uniforme, debido a la diversidad de contextos en los que se aplica. En el derecho penal, por ejemplo, la prueba se centra en la demostración de la culpabilidad o inocencia del acusado, mientras que en el derecho civil se orienta a la acreditación de derechos y obligaciones entre las partes. En el derecho administrativo, la prueba se utiliza para fundamentar las decisiones de las autoridades públicas, mientras que en el derecho constitucional se emplea para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Incluso en el ámbito electoral, la prueba juega un papel crucial para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales.
Con referencia al perito, este es un experto en un área específica que, en procesos judiciales, tiene la tarea de proporcionar conocimientos especializados para ayudar a esclarecer los hechos de un caso. Su tarea principal es realizar un peritaje o informe técnico basado en su campo de conocimiento, ya sea en criminalística, medicina, ingeniería, contabilidad, entre otros. Esto se realiza con la finalidad de aportar claridad y conocimiento especializado a un proceso judicial, permitiendo que el juez y las partes tengan una comprensión más profunda de los aspectos técnicos del caso. Sin embargo, en los delitos relacionados con la violencia política de género, no hay funcionarios penales especializados que puedan abordarlos de manera alineada con los estándares nacionales e internacionales aplicables a este tipo de casos. Esto provoca que las mujeres queden vulnerables, expuestas a elevados niveles de desprotección e impunidad, sin asegurarles un acceso efectivo a la tutela judicial. (Sikuna, 2018)
Es por ello que este estudio tiene como objetivo explorar la importancia de la especialización de los peritos en la valoración de pruebas relacionadas con la violencia política de género. Se busca demostrar que la pericia especializada no solo proporciona una evaluación técnica más precisa, sino que también facilita una respuesta judicial más efectiva y justa. La investigación se justifica por la necesidad urgente de mejorar la calidad de las pruebas y la protección de las víctimas, asegurando que el sistema de justicia electoral pueda abordar adecuadamente la complejidad inherente a este tipo de violencia.
MÉTODO
La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo centrado en el análisis de nueve casos judiciales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que involucraron violencia política de género. El primer paso consistió en revisar las sentencias para identificar cómo se valoraron las pruebas y el papel específico de los peritos en estos casos. Esta revisión permitió observar los procedimientos seguidos y las evidencias presentadas, así como evaluar la calidad y el impacto de los informes periciales en las decisiones judiciales sobre este tipo de violencia. Asimismo, se incluyó la evaluación de la precisión, detalle y relevancia de los informes periciales, así como la comparación entre casos en los que participaron peritos especializados y aquellos sin tal intervención.
Para llegar a comprender con exactitud la argumentación de los jueces del TCE en este tipo de violencia, fue necesario recurrir a tesis actuales acerca de interpretación y argumentación, además, de la valoración racional de la prueba, con la finalidad de llegar a comprender el impacto de la pericia en un proceso judicial. Estos enfoques permitieron entender cómo la especialización de los peritos contribuye a una valoración más adecuada de las pruebas, facilitando una mayor comprensión de la violencia política de género y su impacto en las víctimas. Al examinar en profundidad los procedimientos y resultados de los casos analizados, la investigación ofrece una visión detallada de la importancia de la pericia especializada en la administración de justicia en este ámbito.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio reveló varios aportes significativos en relación con la valoración de la prueba en casos de violencia política de género, destacando la necesidad de la especialización y acreditación de los peritos en la justicia electoral.
Uno de los resultados clave es que los peritos ofrecen una evaluación más detallada y comprensiva de los hechos, pero que no prueban este tipo de violencia, por ello, la necesidad de peritos especializados en violencia política de género, ya que, sus informes no solo identificarían los efectos inmediatos de la violencia, sino que también examinarían las secuelas a largo plazo, proporcionando un contexto integral que es crucial para entender la complejidad de este tipo de violencia. Entonces, la especialización permite una identificación más precisa de patrones de comportamiento y dinámicas de poder que podrían no ser evidentes para peritos no especializados.
Adicionalmente, la investigación identificó que la inclusión de peritos especializados en diferentes ramas como antropología o sociología pueden brindar un aporte adicional a las pruebas presentadas. No obstante, sigue siendo los peritos especializados en violencia política de género quienes contribuyen a una mayor precisión en la evaluación de la gravedad de la infracción y en la implementación de medidas de reparación adecuadas para las víctimas.
Otra aportación significativa es la necesidad de establecer protocolos estandarizados para la elaboración de informes periciales. La estandarización puede ayudar a garantizar que todos los peritos sigan prácticas consistentes, lo cual es esencial para mantener la equidad y la transparencia en la valoración de pruebas. Este modelo estandarizado no solo ayuda a los peritos a presentar informes más completos y coherentes, sino que también facilita a los jueces la comparación y evaluación de las pruebas en distintos casos. Es importante considerar que en el caso de delitos asociados con la violencia de género no existen jueces penales especializados que puedan abordarlos de forma coherente con los estándares nacionales e internacionales existentes, lo cual causa que las mujeres estén expuestas a altos niveles de indefensión e impunidad que no garantizan el acceso a una tutela judicial efectiva
Asimismo, es importante destacar la importancia de la formación continua de los peritos en violencia política de género. La actualización constante en metodologías y enfoques específicos asegura que los peritos puedan adaptarse a las nuevas formas de violencia y a los avances en el campo, mejorando así la calidad de sus evaluaciones y contribuyendo a una administración de justicia electoral más efectiva, puesto que, la mayoría de los casos sustanciados por el TCE, son por este tipo de violencia plasmada en redes sociales.
La valoración probatoria en violencia política de género: importancia de la especialización de los peritos
En las últimas décadas, la violencia política de género ha emergido como un desafío crucial para las democracias y los sistemas de derechos humanos en todo el mundo (Valle, Ianotti, y Ramos, 2023). En el Ecuador, este tipo de violencia se encuentra tipificada como una infracción electoral prevista en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia (“CD”).
El Tribunal Contencioso Electoral (“TCE”) es el responsable de impartir justicia en temas electorales, resolver consultas relacionadas con los procedimientos de remoción de autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (“GAD’s”), mediar en disputas internas de los partidos políticos y decidir sobre denuncias relacionadas con infracciones electorales. Este organismo tiene como obligación principal sustanciar y resolver las causas en relación a infracciones electorales, recursos subjetivos contencioso electoral, acciones de queja, recursos excepcionales de revisión, consultas de remoción de autoridades de los GAD’s, y, recursos de apelación y aclaración (Código de la Democracia, 2020, Art. 268).
A pesar de que en la región solo 10 países regulan y sancionan a la violencia política de género, entre ellos, el Ecuador, el fenómeno de la violencia política de género se embarca dentro de una infracción electoral muy grave, ya que siendo una agresión cometida por una persona, en contra de mujeres candidatas, electas, militantes designadas o que ejerza un cargo público, feminista o defensora de derechos humanos, lo cual afecta la integridad de la persona afectada (Código de la Democracia, 2020, Art. 279.14). Existen treces causales que se configuran como actos de violencia política de género que se encuentran previstas en el artículo 280 del CD. Sin embargo, se colige que este tipo de violencia está encaminada directamente contra las mujeres y no todo acto en contra de una mujer se configura como este tipo de violencia, incluso no en todo contexto político.
En lo que se refiere a la forma como los jueces del TCE sancionan este tipo de violencia, es importante señalar que la existencia de una correcta argumentación en una decisión, debe existir una adecuada valoración racional de las pruebas presentadas (Ferrer, 2007), esto con el fin de que los jueces decidan únicamente sobre los hechos probados. Para ello, la valoración racional de la prueba es un proceso complejo, ya que, implica la evaluación crítica y razonada de los medios probatorios. Esta existencia responde a la necesidad de limitar la discrecionalidad de la autoridad decisora y garantizar la objetividad, imparcialidad y previsibilidad del proceso, con la finalidad de evitar que su decisión se base en criterios arbitrarios o subjetivos, incluso en estereotipos (Carnelutti, 2023). Debido a que muchos de estos funcionarios no poseen conocimientos especializados en el area de violencia política de género, afectan de forma significativa el proceso, las acciones u omisiones que constituyen este tipo de violencia.
De tal manera, la prueba se constituye como una actividad procesal, pero, a su vez como un derecho que tienen los ciudadanos para demostrar la verdad de los hechos de su pretensión configurándose como el derecho: a demostrar los hechos; a practicar la prueba; a la valoración racional; y, a contar con decisiones motivadas (Ferrer, 2007, pág. 30). Sin embargo, existen ciertos límites para el ejercicio de dicho derecho, como las pruebas obtenidas ilegalmente o vulnerando derechos.
Esta valoración racional de la prueba, a menudo, se engloban en tres tipos: a) Normas que regulan la actividad probatoria, las cuales reglamentan la fase de admisión y presentación de la prueba, esto es, desde su inicio hasta su finalización; b) Normas que regulan los medios de prueba, lo que permite determinar que tipo de pruebas son admisibles, relevante y cuales deben ser excluyentes; c) Normas que regulan el resultado probatorio, Obligando al juez que motive su decisión conforme a la valoración racional de las pruebas que fueron incorporadas al proceso de manera conjunta (Ferrer, 2007).
Sin embargo, no todas estas normas afectan directamente la capacidad de anticipar los hechos que se consideran probados en relación con la verdad, ya que, su existencia y aplicación pueden modificar la forma en que el juez valora racionalmente la prueba, jugando un papel crucial en la forma en que se evalúan los elementos del caso.
A menudo se puede encontrar tres etapas sustanciales en la valoración: primero, el conjunto de elementos de juicio; segundo, la valoración de la prueba; y, tercero, la decisión sobre los hechos probados, es en este último en donde el juez ha realizado la valoración integral de las pruebas, evaluando la plausibilidad de cada hipótesis planteada. No obstante, esta evaluación estará sujeta al estándar probatorio que se aplique en el caso, en relación a la materia procedimental. Actuando como un criterio que guía la interpretación y el peso de las pruebas, impactando en la motivación de la decisión, ya que la motivación permite que el juez exprese el razonamiento que utilizó para alcanzar las conclusiones contenidas en su sentencia, incluso, en manifestarse sobre las pruebas en que se fundamenta y sobre aquellas que fueron desestimadas (Ferrer, 2007).
De tal forma, la valoración racional de la prueba es fundamental en la toma de decisiones, otorgándole al juez un mayor grado de confirmación a la verdad de los hechos. Según Taruffo ‘‘(…) un enunciado de hecho se considera verdadero en la medida que haya sido confirmado por las pruebas’’ (2010, pág. 66). Esta gradualidad de confirmación es dependiente de las pruebas aportadas, que dependerá del tipo de prueba y de los hechos a demostrar.
En la violencia política de género, la prueba pericial es una de las pruebas que otorga un mayor grado de confirmación de los hechos, por ser un tipo de infracción técnica y con causales subjetivas de interpretación en concreto (Guastini, 2018, pág. 19). En estos casos, la pericia debe estar orientada a demostrar que existió: primero, violencia; segundo, que ese tipo de violencia sea política; y, finalmente, que esa violencia política sea de género. En concordancia con lo anterior Lluch y Picó i Junoy, 2009 expresan que ‘‘El perito es la fuente de prueba’’, siendo que este tipo de prueba no es simplemente un elemento adicional; es el pilar que construye la verdad técnica de un caso. Teniendo como objetivo que sean expertos debidamente acreditados (Código Orgánico General de Procesos, 2015, Art. 227) que emitan una deducción técnica-profesional sobre los hechos alegados (Ramírez, 2017, pág. 225). Es importante destacar que varios cuerpos legales de diferentes países dominan a este tipo de prueba informe pericial, prueba por peritos, pericia, dictamen pericial, dictamen/informe de peritos o reconocimiento pericial; sin embargo, todas estas denominaciones se constituyen como prueba pericial.
Este tipo de prueba es un medio que gozan las partes para demostrar las narraciones de sus hechos, pero, al mismo tiempo llega a ser un auxilio para el juez (Lluch y Picó i Junoy, 2009), sin embargo, el juez debe tener en cuenta varios rubros para valorar racionalmente dicha prueba: primero, quién es la persona que informa; y, segundo, qué mecanismo empleó, puesto que, la pericia recae sobre hechos presentes y perceptibles en el momento del proceso, realizado por personas con conocimientos técnicos y debidamente acreditados (Serra, 2000). Asimismo, Guasp (1947) afirma que la prueba pericial se erige como un medio de prueba fundamental dentro del proceso judicial. La relevancia de este recurso reside en la capacidad que posee para convencer al juez sobre la existencia o inexistencia de ciertos datos procesales.
De tal forma, existe diferencia entre un perito y un experto, será este último el que nos otorgue el menor grado de confirmación de los hechos, incluso, según Ferrer (2023) no deberíamos darle valor probatorio alguno, siendo la diferencia sustancial con un perito, su acreditación (pág. 296). Entonces, un perito acreditado y especializado aportará un nivel de conocimiento y experiencia que no solo beneficia a las partes involucradas en el proceso judicial, sino que proporcionará una base sólida para la narración final del juez. Esto hace necesario la especialización y acreditación de los peritos, para una correcta valoración de la prueba en casos de violencia política de género, ofreciendo un modelo que otorgue decisiones judiciales electorales con el mayor grado de verdad posible.
Bajo estas líneas, podemos asegurar que un juez no puede prescindir de la prueba pericial especializada y acreditad, inclusive, teniendo el juez un conocimiento técnico o empírico en relación a los hechos (Picó, 2001). En consecuencia, la acreditación y la especialización de un perito permite al juzgador, saber si tiene los conocimientos y habilidades para haber llevado a cabo las operaciones periciales necesarias, y, obtener deducciones más detalladas en relación a los hechos (Ferrer, 2023).
Discusión
La importancia de la prueba pericial especializada en la violencia política de género
En base a lo mencionado anteriormente, el peritaje es un medio crucial en el proceso, ya que, dependiendo el tipo de proceso, la gradualidad de confirmación de los hechos es crucial, ya que en la violencia política de género la pericia otorgará conclusiones de hechos acaecidos.
En el artículo 280 del Código de la Democracia, encontramos verbos rectores que llegan a configurar el accionar de una persona como violencia política de género, tales como: denigrar, intimidar, o dañar, pero encajar uno de estos con una acción -sin prueba pericial conlleva a interpretaciones no técnicas. En la causa Nro. 058-2024-TCE, el Tribunal Contencioso Electoral (2024) señaló que la palabra ‘‘PUTOCRACIA’’, es un término denigrante contra la mujer (párr. 79), sin embargo, ‘‘Putocracia’’ deriva de la ‘‘putrefacción de la palabra Demo-cracia’’, siendo esta una expresión que denigra la integridad de la mujer afectada.
Por otro lado, la falta de especialización de peritos especializados en este tipo de violencia, también conlleva a la inadmisión de las denuncias, puesto que, no se probó el hecho alegado. En la causa Nro. 180-2022-TCE, el juez niega la denuncia presentada sobre violencia política de género, que en dicho proceso no se practicó ninguna prueba pericial, sin que la denunciante haya podido probar los hechos. (Tribunal Constitucional Electoral, 2022)
Este tipo de violencia cuenta con varias aristas, pero la falta de un perito especializado puede conllevar a que el juez realice una interpretación extensiva de los hechos probados. En la causa Nro. 1297-2021- TCE la única prueba pericial ordenada y practicada fue un peritaje en informática para demostrar que si una cuenta de red social, de donde se desprende el supuesto contenido de violencia, le pertenece a tal persona; empero, la jueza en ningún momento se preguntó si dicho contenido se configura como violencia política de género, en otras palabras, el hecho probado fue el quién y no el qué. (Tribunal Constitucional Electoral, 2022). De igual forma, sucedió en la causa Nro. 490-2022-TCE, en la cual, adicionalmente del perito informático, se posesionó a un perito en sociología y un perito en antropología (párr. 14). Siendo esta última, que a criterio del juez, probó la existencia de violencia política de género: ‘‘(…) los hechos que ha probado constituyen violencia política porque al haberse adjetivado el “pasadota de peso la man, conforme los términos que ha referido la perito en contexto de genero denigra a las mujeres durante el proceso electoral, por lo que se le ha denigrado como mujer al utilizar su peso con un elemento de discriminación que antropológicamente lo que hace, es descalificar su condición de candidata’’ (párr. 4.1.1.2.c).
Aunque llama la atención, como un juez puede llegar a sancionar este tipo de violencia sin ningún tipo de pericia, como sucedió en las causas Nro. 024-2022-TCE y 026-2022-TCE, aunque en ambos casos existen acciones que son en contra de una mujer, cabe preguntarnos si estas se configuran como violencia política de género: como saberlo sin la opinión de un experto acreditado y especializado. Incluso en la causa Nro. 026-2022-TCE, el juez pone medidas de reparación sin que una de estas sea la terapia psicológica, que sin duda un perito especializado la hubiera recomendado, incluso siendo las mismas medidas impuestas por otro juez en la causa Nro. 072-2022-TCE, afectando gravemente a la víctima. En ambas causas el juez sustanciador alega que el procedimiento administrativo de destitución de un cargo público de una mujer (denunciante) existió un vicio de nulidad, por ende, violencia política de género.
Incluso los denunciantes observando la importancia de acreditar sus hechos y verse limitados a una pericia especializada en violencia política de género, han tomados otras medidas para probar. En la causa 314-2023-TCE, el denunciante solicitó una prueba pericial en especialidad en semántica, esto es, un profesional en la lingüística que posee conocimientos profundos sobre el significado de las palabras, las expresiones y los contextos en los que se utilizan. El juez terminó negando la denuncia. (Tribunal Constitucional Electoral, 2023)
Las personas que se han visto afectadas por este tipo de violencia, han tomados las medidas necesarias en sus denuncias para acreditar los hechos mencionados. En la causa 250-2023-TCE, la denunciante conociendo que el Consejo de la Judicatura no cuenta con peritos especializados en este tipo de violencia, solicita al juez que se oficie a las universidades de ciencias sociales, para que sugieran un especialista en violencia de género y estudios afroamericanos. Entonces, en el Ecuador existen profesionales capacitados en violencia política de género, pero no se encuentran acreditados por el Consejo de la Judicatura, siendo esencial la acreditación para este tipo de prueba, como un mecanismo que busca garantizar la calidad y la fiabilidad de las evaluaciones periciales. (Tribunal Constitucional Electoral, 2023)
Como podemos observar, los peritos especializados y acreditados en este tipo de violencia, pueden otorgar varios aspectos positivos al proceso, como evaluar el impacto psicológico, emocional y físico de este tipo de violencia, ofreciendo un diagnóstico preciso y un informe detallado; identificar patrones de conducta que revelan el nexo entre las acciones y este tipo de violencia; analizar el contexto político, social y cultural en el que ocurrieron los hechos, así como identificar si existe un patrón sistemático de violencia; ayudar a clarificar la gravedad de las acciones, proporcionando información técnica que puede ser clave para determinar la severidad del caso; asegurar que se impongan sanciones proporcionales y adecuadas a la gravedad; y, recomendar al juez las medidas específicas para la protección y rehabilitación de la denunciante.
La prueba pericial especializada juega un papel crucial en los casos de violencia política de género, permitiendo ofrecer un análisis detallado y técnico que es fundamental para establecer la naturaleza y la magnitud de la violencia sufrida. Sin duda alguna, la especialización y acreditación de peritos en este tipo de violencia beneficia a las víctimas, al denunciado, sobre todo al sistema judicial electoral.
CONCLUSIONES
En resumen, la especialización de los peritos es crucial para una valoración racional de las pruebas en casos de violencia política de género, ya que, los peritos especializados ofrecen una evaluación más detallada y precisa de los efectos físicos, psicológicos y sociales de este tipo violencia, facilitando así una mejor comprensión de la magnitud de la infracción y sus implicaciones, contribuyen a una toma de decisión con mayor grado de confirmación de los hechos.
El TCE debe fomentar al Consejo de la Judicatura, la acreditación de peritos en este tipo de violencia, garantizando que se mantengan actualizados sobre las mejores prácticas y metodologías para la emisión de sus informes, con la finalidad de buscar una verdadera justicia electoral.
Además, se sugiere la integración de protocolos estandarizados para la elaboración de informes periciales que aseguren la consistencia y calidad en la evaluación de pruebas en este tipo de violencia. La implementación de estas medidas permitirá una respuesta judicial más justa y eficaz, fortaleciendo la reparación integral de las víctimas y mejorando la confianza en la administración de justicia electoral.
CONFLICTO DE INTERESES. Los autores declaramos que no existen conflictos de interés financiero o no financieros que puedan influir en la interpretación de los datos o en la presentación de los resultados obtenidos en este estudio.
REFERENCIAS
Carnelutti, F. (2023). La prueba civil. Ediciones Olejnik. https://acortar.link/qh4WpW
Ferrer, J. (2007). La valoración racional de la prueba. Madrid: Marcial Pons.
Ferrer, J. (2023). Manual de razonamiento probatorio. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación. https://acortar.link/vzNeRq
Guasp, J. (1947). Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tomo II, Volumen I. Madrid: Editorial Reus. https://acortar.link/sUjfFu
Guastini, R. (2018). Interpretar y argumentar. Lima: Ediciones Legales E.I.R.L. https://acortar.link/tUdrJs
Lluch, X y Picó, J. (2009). La prueba pericial. Barcelona: Bosch. https://acortar.link/XqcUud
Organización de Estados Americanos. (2015). Declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres. Organización de Estados Americanos. OEA. https://acortar.link/wPoRig
Picó, J. (2001). La prueba pericial en el proceso civil español. Barcelona: Bosch. https://acortar.link/Mg674Q
Ramírez, C. (2017). La prueba en el COGEP. Quito: Corte Nacional de Justicia. https://acortar.link/Yd9n3I
Ricaurte, C. (2024). Argumentación y teoría de la prueba en el mundo latino. Barcelona: Bosch Editor. https://acortar.link/e5XLzA
Serra, F. (2000). El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil. Madrid: La Ley. https://acortar.link/LRmo7J
Sikuna -Centro de Apoyo y Protección de los Derechos (2018) Informe sobre acceso a la justicia de las mujeres en ecuador. https://acortar.link/9gvIQi
Taruffo, M. (2010). Simplemente la verdad. Madrid: Marcial Pons. https://acortar.link/3MmuYF
Tribunal Constitucional Electoral. (2022). Violencia política de género. Justicia electoral y democracia, 3-12. https://acortar.link/X6AkUg
Tribunal Contencioso Electoral. (2023). Avances jurisprudenciales en violencia política de género: construyendo camino de justicia desde el Tribunal Contencioso Electoral. Quito: Dirección de Investigación Contencioso Electoral. https://acortar.link/T9PQyr
Tribunal Contencioso Electoral. (2023). La violencia simbólica e indirecta en la mujer. Justicia Electoral y Democracia, 45-59. https://acortar.link/ZYsalg
Tribunal Contencioso Electoral. (2023). Participación política de las mujeres: Retos y desafíos de la justicia electoral. Quito: Dirección de Investigación Contencioso Electoral. https://acortar.link/aFVJL8
Tribunal Contencioso Electoral. (2024). Reformas en el Sistema Electoral Chileno que han favorecido la participación de la mujer y la perspectiva de género. Justicia Electoral y Democracia(8), 89-101. https://acortar.link/k2365D
Valle, A., Ianotti, V y Ramos, D. (2023). La violencia simbólica e indirecta en la mujer en la participación política en el Ecuador. Justicia Electoral y Democracia, 6(7), 47. https://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/Revista-JusticiaElectoral-y-Democracia-No.-7-1.pdf