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https://revistalex.org Volumen 7, No. 26, octubre-diciembre 2024 ISSN: 2631-2735 Páginas 1208 – 1219
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Análisis comparativo entre la justicia ordinaria y la constitucional respecto a la tutela judicial efectiva en los derechos sindicales
Comparative analysis between ordinary and constitutional justice regarding effective judicial protection of trade union rights
Análise comparativa entre a justiça ordinária e a constitucional no que respeita à tutela jurisdicional efetiva dos direitos sindicais
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Nixon Wesner Guzman Samaniego https://orcid.org/0009-0008-3815-3850
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Jorge Luis Gonzabay Flores https://orcid.org/0009-0000-6789-1440
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Edward Fabricio Freire Gaibor https://orcid.org/0009-0009-2913-8445
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Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador
Artículo recibido el 7 de agosto 2024 / Arbitrado el 13 de septiembre 2024 / Publicado el 25 de octubre 2024
Escanea en tu dispositivo móvil o revisa este artículo en: https://doi.org/10.33996/revistalex.v7i26.240
RESUMEN
La justicia ordinaria se refiere al sistema jurídico estándar, aplicado según la gravedad del caso; la justicia constitucional se enfoca en el cumplimiento y revisión judicial. El presente artículo se enfoca en un análisis comparativo, que tiene por objetivo determinar la interrelación y el contraste que existe entre la justicia ordinaria y la constitucional, al momento de ejercer una tutela judicial efectiva en la protección de derechos sindicales. El método utilizado fue el exegético con enfoque cualitativo, con el diseño documental basado en el análisis de sentencias judiciales. Como resultado, la justicia ordinaria y constitucional en Ecuador, se complementan para garantizar, y ejercer las decisiones en función de los derechos sindicales. Se llega a la conclusión de que la interacción entre justicia ordinaria laboral y constitucional, presentan un avance significativo en los derechos de los trabajadores al momento de ejercer la tutela judicial en la protección de derechos sindicales; por lo cual, ambas buscan garantizar que los derechos laborales sean respetados.
Palabras clave: Justicia ordinaria; Justicia constitucional; Derechos sindicales; Tutela judicial; Empresas
ABSTRACT
Ordinary justice refers to the standard legal system, applied according to the gravity of the case; constitutional justice focuses on compliance and judicial review. This article focuses on a comparative analysis, which aims to determine the interrelation and contrast between ordinary and constitutional justice, at the time of exercising effective judicial protection in the protection of trade union rights. The method used was the exegetical method with a qualitative approach, with a documentary design based on the analysis of court rulings. As a result, ordinary and constitutional justice in Ecuador complement each other to guarantee and exercise decisions in terms of trade union rights. It is concluded that the interaction between ordinary labor and constitutional justice, present a significant advance in the rights of workers when exercising judicial protection in the protection of union rights; therefore, both seek to ensure that labor rights are respected.
Keywords: Ordinary justice; Constitutional justice; Union rights; Judicial protection; Companies
RESUMO
A justiça ordinária refere-se ao sistema jurídico padrão, aplicado de acordo com a gravidade do caso; a justiça constitucional centra-se na execução e no controlo jurisdicional. O presente artigo centra-se numa análise comparativa, que visa determinar a inter-relação e o contraste entre a justiça ordinária e a justiça constitucional, no exercício da tutela jurisdicional efectiva na proteção dos direitos sindicais. O método utilizado foi o método exegético com abordagem qualitativa, com um desenho documental baseado na análise de decisões judiciais. Como resultado, a justiça ordinária e a constitucional no Equador complementam-se para garantir e exercer decisões em matéria de direitos sindicais. Conclui-se que a interação entre a justiça laboral ordinária e a justiça constitucional, apresenta um avanço significativo nos direitos dos trabalhadores ao exercer a tutela judicial na proteção dos direitos sindicais, pelo que ambas procuram garantir o respeito pelos direitos laborais.
Palavras-chave: Justiça ordinária; Justiça constitucional; Direitos sindicais; Proteção judicial; Empresas
INTRODUCCIÓN
El presente artículo científico, se basa en tres ejes de estudio: el primero en la justicia ordinaria, el segundo en la justicia constitucional (ambos bajo un enfoque de relación y contraste) y el tercero en la tutela efectiva en los conflictos judiciales en asuntos de protección de derechos laborales establecidos por contratos colectivos de trabajadores. Para entrar en contexto, en primera instancia es importante mencionar que la justicia ordinaria se refiere al sistema judicial estándar, que se encarga de manera estricta de la administración de la justicia y la resolución de disputas; según Garnica y Guerrero (2020) este tipo de justicia no es excepcional ni especial, puesto que los procedimientos que se dan son estipulados por la ley.
Una de sus características es el procedimiento y normas que se aplican de acuerdo a la gravedad del caso, que involucra no solo a un tribunal y un juez, sino también hasta civiles penales, dependiente de la variedad de casos que exista. Está diseñado para resolver situaciones de conflicto entre individuos, establecer penas y juzgar delitos de menor y mayor grado (Garnica y Guerrero, 2020).
Seguidamente, está la justicia constitucional que se enfoca en el cumplimiento de los principios y normas gubernamentales; en este caso sus procedimientos están enfocados en revisión judicial y procesos especiales relacionados a casos de derechos fundamentales. Generalmente, los actores involucrados son tribunales, cortes supremas y demás entes reguladores de justicia (Hernando, 2021).
En el ámbito laboral, no siempre existió justicia debido a las condiciones laborales en años pasados, ya que eran precarias y los trabajadores no contaban con las garantías necesarias para proteger su dignidad, derechos laborales, o para recibir una remuneración justa. Desde este punto, Guamani (2024) menciona que varios países de América Latina soportaron situaciones de explotación y precariedad laboral en la Revolución Industrial en el siglo XX y Ecuador no fue la excepción, pues al no existir normas o leyes que garantizaran condiciones dignas para los trabajadores las jornadas eran extensas y los salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas, también, la falta de protección legal permitía abusos y la explotación infantil en diversas industrias.
No obstante, en 1938, gracias a una constante lucha de los trabajadores y al constitucionalismo, Ecuador logró adquirir el Código del Trabajo, estableciéndose en la era del capitalismo, dejando atrás el liberalismo (Muñoz y Portela, 2021). Idea que fue complementada por Benavides (2017) como se citó en Guamani (2024) donde menciona que, para que este código pudiese llevarse a cabo en el país, fue necesario contar con la intervención diferentes movimientos internacionales que luchaban por mejorar el sistema y condiciones de trabajo. Este código, introdujo por primera vez derechos fundamentales para los trabajadores, incluyendo límites a la cantidad de horas que se podían trabajar, un salario mínimo garantizado, y la obligación de compensar a los empleados en caso de despido injustificado.
No fue hasta el siglo XXI, específicamente en el año 2008, que se desarrollaron importantes cambios al marco legal, con la implementación con la Constitución el cual representa una nueva etapa en la protección de los derechos laborales en Ecuador. Esta Constitución fortaleció los derechos de los trabajadores al incluir principios como la intangibilidad e irrenunciabilidad de sus derechos, así como la aplicación de la norma más favorable en caso de duda. Además de esto, se reconocieron todas las modalidades de trabajo, ampliando la protección laboral a sectores antes desatendidos (Guamani, 2024).
A partir de allí, las empresas tanto públicas como privadas pueden sufrir procesos de transformación y diversos cambios fundamentados en el bienestar común, con la finalidad de impedir la vulneración de derechos laborales, ya que los trabajadores eran violentados, estafados y avergonzados. Ante esto, uno de los acuerdos alterados con frecuencia eran los acuerdos colectivos, pactados con sindicatos de los trabajadores, los cuales no regularizaban de forma correcta lo establecido constitucionalmente.
De esta forma, cuando existen despidos intempestivos, que, en la mayoría de ocasiones son masivos. Se crea un conflicto al momento de generar el justo reclamo por vía judicial, debido a que, si bien es cierto, los sindicatos de trabajadores no fueron regularizados en el cambio que sufre la empresa, existen derechos adquiridos que constitucionalmente deben ser respetados, sin embargo, en la mayoría de ocasiones los juzgados de primer y segundo nivel fallan a favor de las empresas justificando su actuar en esta falta de regularización, obligando a los trabajadores a someterse a juicios prolongados, tediosos y costosos que suelen culminar en instancias constitucionales donde recién puedan obtener una respuesta favorable a su justo reclamo.
Desde este enfoque, en Ecuador el estado constitucional en el art. 325 promueve el derecho al trabajo y en el art. 33 garantiza el respeto y solidaridad para quienes sean fuente de realización personal y pilar económico (Miranda y García, 2021). Tomando como base lo mencionado con anterioridad, el presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la interrelación y el contraste que existe entre la justicia ordinaria y la constitucional al momento de ejercer una tutela judicial efectiva en la protección de derechos sindicales.
MÉTODO
Para realizar el presente artículo, se ha utilizado el enfoque cualitativo de carácter descriptivo y comparativo, adecuado para analizar las diferencias y semejanzas en la tutela judicial efectiva entre la justicia ordinaria y la constitucional en la protección de derechos sindicales. De esta manera, también se logró integrar el método exegético, ya que se realizó la interpretación jurídica sobre normativas fundamentales para el tema de estudio.
El diseño es documental, basado en el análisis de sentencias judiciales, normas constitucionales, y doctrinas especializadas en derecho laboral y constitucional. Se examinarán las sentencias y normativas para identificar y comparar los argumentos y criterios utilizados en la justicia ordinaria y constitucional en casos de derechos sindicales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La justicia ordinaria y justicia constitucional son normas complementarias dentro del sistema judicial, mientras que la justicia ordinaria permite resolver casos generales, la justicia constitucional se encarga de que las acciones gubernamentales estén alineadas a los principios constitucionales (Celis, 2022). Además, la justicia constitucional en el ámbito laboral ecuatoriano se relaciona directamente con la aplicación y protección de principios, derechos y garantías en las relaciones del trabajo. De acuerdo con Sarmiento et al. (2023), la Constitución brinda una serie de derechos fundamentales para los trabajadores, como la estabilidad laboral, acceso a la seguridad social, remuneraciones justas, entre otros derechos, lo cual, ayuda a que los trabajadores no sean víctimas de injusticias laborales. En otras palabras, los trabajadores, gracias a las garantías establecidas por la Constitución, tienen derecho a estabilidad en su empleo, acceso a la seguridad social y remuneraciones justas, lo que ayuda a protegerlos de posibles abusos y asegura un trato equitativo en el ámbito laboral.
Mientras que la justicia ordinaria se rige por un conjunto de normas y principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, los códigos legales aplicables como el Código Orgánico General de Procesos y el Código Penal, y otras leyes específicas que regulan los distintos ámbitos del derecho, como el Código del Trabajo para el ámbito laboral o el Código Civil para asuntos civiles (Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 2008).
Uno de los principales papeles que desempeñan los tribunales constitucionales es la protección de derechos de los individuos en un estado de derecho, estas entidades jurídicas se encargan de garantizar que los principios y normas dictados en la Constitución sean cumplidos (Vinueza, 2021). Tal es así que, la justicia ordinaria se encuentra configurada por los derechos constitucionales, siendo el debido proceso, el más importante por cuanto garantiza, la aplicación de todos los demás derechos constitucionales y legales. Esto significa que al asegurar que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de manera justa y conforme a la ley, el debido proceso protege todos los derechos y garantías fundamentales establecidos por la Constitución (Bustamante y Molina, 2023).
Por otro lado, están los contratos colectivos establecidos por la OIT como un acuerdo establecido entre trabajadores y empleadores de una empresa, sector o lugar; donde mediante resolución premeditada participan de forma directa en una negociación que busca el bienestar común.
Según Cavas (2022) el propósito de este contrato, es regular aspectos que tengan que ver con salarios, vacaciones, relación laboral y demás. Autores como, Flores et al. (2020) explican que las condiciones que se establecen en un contrato colectivo no deben ser ni mayor ni menor favorable a lo que la ley laboral estipula, de lo contrario se consideraría automáticamente nula. Significando que, el contrato colectivo debe tener beneficios tanto para los trabajadores como para los empleadores de los sindicatos; siendo: salarios justos, horarios laborales razonables, seguridad laboral, respeto a los derechos laborales y acciones que promuevan una mejor calidad de vida.
Los principios constitucionales son reglas fundamentales que se encuentran en la Constitución y que guían como se aplican todas las leyes en un país. En Ecuador, estos principios como la igualdad, la justicia y la dignidad humana son esenciales para asegurar que los derechos de los trabajadores, como tener un trabajo digno y bien pagado, estén protegidos. La Constitución garantiza que todas las leyes laborales sigan estos principios, asegurando que los trabajadores reciban un trato justo y equitativo (Ramírez y Vallejo, 2022). Asimismo, La Constitución Ecuatoriana es la encargada de resguardar la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, lo cual permite que las compañías emitan contratos justos y equitativos, puesto que al no cumplir con los principios que se establecen, el contrato sería anulado (Vinueza et al., 2021).
En palabras de Molina y Romero (2023) en el contexto de los contratos colectivos, la justicia ordinaria se encarga de resolver disputas y aplicar sanciones conforme a la ley, mientras que la justicia constitucional se ocupa de qué las acciones gubernamentales se ajusten a los principios fundamentales en la Constitución. También, este autor acota que los contratos colectivos establecen las condiciones laborales como salarios y horarios y se deben cumplir con la ley laboral para ser válidos.
De esta manera, es importante comprender como ambos sistemas de justicia colaboran para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales y asegurar una correcta práctica de la justicia en la contratación colectiva. Desde esta perspectiva, es esencial rememorar que los derechos que se manifiestan acerca de los trabajadores como “irrenunciables e intangibles y que será considerada nula toda estipulación en contrario” (Vinueza et al., 2021, p.3). Esta idea es de acuerdo con lo estipulado en el artículo 326 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 del Código de Trabajo. Es decir que, para que exista una adecuada implementación en contratos laborales o diferentes situaciones relacionadas con el trabajo es fundamental que la legislación sea rígida en este aspecto.
Relación entre la justicia ordinaria laboral y justicia constitucional laboral
La justicia ordinaria y constitucional desde un contexto laboral en Ecuador se relacionan directamente con el fin de proteger y velar por los derechos y garantías de los trabajadores, ya que existe complementación entre la justicia ordinaria y constitucional puesto que garantiza que las decisiones tomadas en el aspecto judicial respeten los derechos principales propuestos en la constitución. En caso de violación de estos derechos, la Constitución establece garantías jurisdiccionales, como la acción de protección, que permite a los trabajadores reclamar judicialmente el respeto de sus derechos.
En el caso de que un trabajador considera que sus derechos han sido vulnerados por la justicia ordinaria, puede recurrir a la justicia constitucional a través de acciones extraordinarias de protección. Además, la Corte Constitucional puede revisar y anular sentencias de la justicia ordinaria que no cumplan con los estándares constitucionales, asegurando una protección efectiva de los derechos laborales (Páliz, 2023).
Para ilustrar lo anterior, se toma en consideración el tema de la desigualdad laboral, siendo un problema común en Ecuador, ya que Pincay (2022) explica que los campos laborales en este país son los menos competitivos en Latinoamérica. principalmente en el aspecto de indemnizaciones por despido. Con respecto a esto, en el Código del trabajo en su artículo número 188 se establece que:
“Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo. - El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y siguiente escala: Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de remuneración; y, de más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración” (p. 65- 45)
Esto significa que, la Constitución de Ecuador protege a los trabajadores frente a despidos injustificados, asegurando que no queden desamparados. Establece un marco legal que garantiza una compensación justa a través de indemnizaciones determinadas por ley. Esta protección busca equilibrar la relación laboral, ofreciendo seguridad y apoyo económico a los trabajadores en caso de que el empleador termine el contrato sin causa justificada, contribuyendo a la estabilidad y dignidad laboral.
Desde este punto, la Defensoría Pública del Ecuador (2023) explica también que ambas vías actúan en paralelo, con la justicia constitucional enfocándose en la defensa de derechos constitucionales y la justicia ordinaria en la resolución de conflictos laborales específicos, esto quiere decir que, a pesar que la justicia constitucional y la justicia ordinaria operan simultáneamente cada una cuenta con propósitos distintos.
Discusión
Contraste entre la justicia ordinaria laboral y la justicia constitucional laboral
De acuerdo con la Defensoría Pública del Ecuador (2023) la justicia ordinaria laboral se ocupa de resolver conflictos específicos relacionados con el trabajo, como disputas sobre salarios o despidos. Por otro lado, la justicia constitucional laboral se centra en proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente cuando estos derechos han sido violados. La elección entre usar la justicia ordinaria o la constitucional depende del tipo de derecho que se vea afectado y si ya existe una decisión previa en la justicia ordinaria.
Asimismo, Domínguez (2023) confirma que la justicia constitucional se distingue de la justicia ordinaria porque tiene la responsabilidad exclusiva de abordar y resolver directamente las garantías jurisdiccionales constitucionales. Esta tarea es una función específica, constante, y permanente de la justicia constitucional, lo que la diferencia de la justicia ordinaria, que maneja otros tipos de casos. Gracias a esto es posible la revisión de las leyes para asegurarse de que no contradigan la Constitución. Si se encuentra que una ley (o parte de ella) va en contra de lo que establece la Constitución, la justicia constitucional tiene la autoridad para declararla inconstitucional. Esto significa que la ley, o la parte que se considere inconstitucional, pierde su validez y no puede ser aplicada, porque la Constitución es la norma suprema y todas las leyes deben estar en conformidad con ella.
Comprender esta diferenciación es esencial, ya que la elección entre una u otra depende del tipo de derecho afectado y de la existencia de decisiones previas en la justicia ordinaria. Argumentar sobre este tema puede centrarse en la importancia de elegir la vía adecuada para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales, considerando que cada sistema judicial tiene su propio enfoque y competencias específicas. Esto está en concordancia con lo expresado por Abad (2015) acerca de la justicia ordinaria, ya que, aplicado para casos laborales, esta modalidad procesal es permite la agilización de inconvenientes o disputas, a diferencia del procedimiento ordinario. Esto significa que los trámites son de plazos más cortos y menos complejos, lo cual es apropiado para la para la resolución de problemas protección de derechos de los trabajadores.
Asimismo, la tutela judicial efectiva en los contratos colectivos se refiere a la garantía que tienen los trabajadores y empleadores de acceder a un sistema judicial que proteja sus derechos dentro del marco de la negociación colectiva. Este concepto es fundamental en el derecho laboral, ya que asegura que cualquier conflicto relacionado con los contratos colectivos sea resuelto de manera justa y equitativa. Esto queda demostrado a través de la existencia de la Sala Especializada de lo Laboral, la misma que se encuentra en una sección específica dentro de la Corte Nacional de Justicia, y los casos a tratar son resueltos por medio de casación en materia laboral (Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 2008).
Con respecto a la tutela efectiva en los contratos colectivos, el Código de trabajo (2020), en el artículo 220 especifica:
Art. 220.- Contrato colectivo. - es un acuerdo formal entre empleadores y sindicatos que establece las condiciones laborales generales. Este pacto define las bases para los contratos individuales de trabajo futuros, asegurando que las condiciones acordadas colectivamente se apliquen a todos los contratos individuales celebrados entre el empleador y los trabajadores representados por el sindicato.
Complementando lo anterior, la firma de un contrato colectivo y la intervención en conflictos colectivos deben ser gestionadas por un comité de empresa, que es un grupo de trabajadores que representa a más del 50% de los empleados y que cuenta con al menos 30 miembros.
Es importante destacar que La Corte Constitucional del Ecuador (en adelante CCE) ha emitido la sentencia N° 2238-17-EP/21 de fecha 24 de noviembre de 2021, dentro del caso N° 2238-17-EP. En esta sentencia se refiere a una acción extraordinaria de protección en la cual el accionante menciona que el contrato colectivo de trabajo habría sido aplicado por sobre su contrato individual de manera retroactiva, al respecto la CCE en su análisis menciona a la seguridad jurídica y determina que: la seguridad jurídica es un derecho constitucional transversal que irradia a todo el ordenamiento jurídico, el mismo que desprende que los individuos deben tener un respaldo jurídico estable y coherente, que le permita tener una visión clara de los lineamientos que serán aplicados. Dicho texto, debe ser analizado de manera estricta por autoridades del poder público; brindando la seguridad de que el caso no será alterado evitando arbitrariedad jurídica (Corte Constitucional del Ecuador, 2021)
Además, la Corte Constitucional del Ecuador (2021) en esta sentencia reconoce “que los derechos de los trabajadores deben ser interpretados conforme el principio de favorabilidad” (p.9) esto según lo establecido en los artículos 325 y 326 de la Constitución y normas supra nacionales, por consiguiente, le corresponde a la justicia ordinaria, en base a los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos, determinar cuál es el monto de indemnización que les corresponde recibir a los trabajadores en conflictos individuales y colectivos de trabajo.
CONCLUSIONES
La justicia ordinaria laboral y la justicia constitucional laboral en Ecuador funcionan como un sistema integrado para garantizar los derechos de los trabajadores y resolver conflictos. Mientras que la justicia ordinaria se encarga de aplicar el Código del Trabajo y otras leyes laborales en casos específicos, la justicia constitucional actúa como un mecanismo de supervisión y protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esta complementariedad entre ambos sistemas judiciales es significativa, puesto que permite a los trabajadores acceder a múltiples vías para hacer valer sus derechos. Los trabajadores pueden acudir a la justicia ordinaria para reclamar incumplimientos contractuales o solicitar indemnizaciones, mientras que la justicia constitucional les brinda la posibilidad de presentar acciones de protección cuando consideren que se han vulnerado sus garantías constitucionales.
Sin embargo, esta relación entre la justicia ordinaria y constitucional también enfrenta desafíos. Uno de ellos es la necesidad de clarificar los límites de competencia entre ambos sistemas para evitar conflictos y asegurar una aplicación coherente de la ley. Por lo cual, se requieren esfuerzos continuos para fortalecer la relación entre la justicia laboral ordinaria y la justicia constitucional, a fin de dilucidar las competencias y garantizar que las decisiones judiciales se traduzcan en mejoras tangibles en las condiciones de trabajo y en el respeto a la dignidad de los trabajadores.
Asimismo, la tutela judicial efectiva en los contratos colectivos no solo garantiza la protección de los derechos laborales, sino que también fomenta un entorno de confianza y colaboración entre empleadores y trabajadores. Al establecer un marco legal claro y accesible, se promueve la estabilidad en las relaciones laborales, lo que a su vez contribuye a un clima organizacional más saludable y productivo. La participación activa de los comités de empresa en la negociación y resolución de conflictos refuerza la importancia de la representación colectiva, asegurando que las voces de los trabajadores sean escuchadas y consideradas en el proceso. En última instancia, esta tutela judicial efectiva es un pilar esencial para el desarrollo de un sistema laboral justo y equitativo, donde los derechos de todos los actores involucrados sean respetados y defendidos.
Es importante destacar que la interacción entre la justicia ordinaria laboral y la justicia constitucional laboral en Ecuador presenta un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores al momento de ejercer una tutela judicial efectiva en la protección de derechos sindicales por cuanto ambas buscan garantizar que los derechos laborales sean respetados y protegidos. Además, se determina que los jueces ordinarios deben considerar siempre las sentencias constitucionales desde el primer nivel, obviando trámites dilatorios que vulneran los derechos sindicales, con la finalidad de dejar atrás la práctica que, en ocasiones mal intencionada, por el simple hecho de desconocer los derechos sindicales adquiridos; puesto que, la justicia ordinaria cumpliría los principios de tutela judicial efectiva y expedita.
CONFLICTO DE INTERESES. Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.
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