La facultad del Estado para regular el ejercicio del derecho a recurrir
The power of the State to regulate the exercise of the right of appealContenido principal del artículo
El derecho a recurrir es un derecho fundamental inherente a la persona humana, reconocido en diversos niveles normativos. El objetivo del estudio es comprender la facultad del Estado ecuatoriano para regular el ejercicio del derecho al recurso. El enfoque seleccionado es cualitativo, del paradigma interpretativo y método hermenéutico. Se adopta el método documental jurídico, basándose en una revisión sistemática de bibliografía fundamental relacionada con el tema. Los resultados muestran que, en consonancia con el principio de convencionalidad, el Estado ecuatoriano tiene la facultad de regular el derecho a recurrir, siempre y cuando se respeten los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos por la CIDH. Las conclusiones señalan que los precedentes de la Corte Constitucional han aceptado ciertas regulaciones sobre el derecho a recurrir, manifestando que no es un Derecho absoluto y le otorga la facultad al legislador para poder limitarlo. Aunque el derecho a interponer recursos está protegido, las limitaciones deben ser cuidadosamente valoradas para proteger otros derechos.
The right to appeal is a fundamental right inherent to the human person, recognized at various regulatory levels. The objective of the study is to understand the power of the Ecuadorian State to regulate the exercise of the right to appeal. The selected approach is qualitative, of the interpretive paradigm and hermeneutic method. The legal documentary method is adopted, riterio a systematic review of fundamental riterioa related to the topic. The results show that, in line with the principle of conventionality, the Ecuadorian State has the power to regulate the right to appeal, as long as the riterio of legality, necessity and proportionality established by the IACHR are respected. The conclusions indicate that the precedents of the Constitutional Court have accepted certain regulations on the right to appeal, stating that it is not an absolute right and grants the legislator the power to limit it. Although the right to appeal is protected, limitations must be carefully considered to protect other rights.
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