Proporcionalidad de la pena por delitos contra fauna silvestre en peligro de extinción en Chimborazo, Ecuador
Proportionality of punishment for crimes against endangered wildlife in Chimborazo, EcuadorContenido principal del artículo
La protección de la fauna silvestre es un tema crucial, pero a menudo se subestima el impacto ambiental de los delitos contra ella. Este estudio analizó la proporcionalidad de las penas impuestas por delitos relacionados con la fauna terrestre en peligro de extinción, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. Se utilizó una investigación básica y documental, complementada con entrevistas a jueces y fiscales, así como encuestas a abogados. Se revisaron dos sentencias emblemáticas: los casos de la mona Estrellita y el cóndor Arturo, concluyendo que las penas no eran proporcionales al daño causado a estas especies en peligro. Los jueces y fiscales coincidieron en que las sanciones del artículo 247 del COIP no reflejan adecuadamente la gravedad del delito, y muchos casos no son denunciados, quedando archivados en el Ministerio del Ambiente. Se recomendó reformular el artículo 247 para incrementar las penas específicamente para delitos contra fauna silvestre terrestre en peligro de extinción. Las encuestas indicaron que las penas deberían oscilar entre 3 y 5 años.
The protection of wildlife is a crucial issue, but the environmental impact of wildlife crimes is often underestimated. This study analyzed the proportionality of penalties imposed for crimes related to endangered terrestrial wildlife, according to Ecuador's Comprehensive Organic Criminal Code (COIP). Basic and documentary research was used, complemented by interviews with judges and prosecutors, as well as surveys of lawyers. Two emblematic sentences were reviewed: the cases of the monkey Estrellita and the condor Arturo, concluding that the penalties were not proportional to the damage caused to these endangered species. Judges and prosecutors agreed that the penalties in Article 247 of the COIP do not adequately reflect the seriousness of the crime, and many cases are not reported, being filed in the Ministry of the Environment. It was recommended that Article 247 be reformulated to increase penalties specifically for crimes against endangered terrestrial wildlife. Surveys indicated that sentences should range from 3 to 5 years
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