La inadecuada regulación de la práctica de la prueba en las garantías jurisdiccionales
The inadequate regulation of the practice of evidence in jurisdictional guaranteesContenido principal del artículo
El derecho constitucional, como rama del derecho público, busca garantizar los derechos fundamentales a través de la Constitución de la República del Ecuador, que establece varias acciones jurisdiccionales para proteger los derechos humanos. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) regula estas garantías, pero presenta limitaciones respecto a la práctica de pruebas, un elemento clave para asegurar el debido proceso y la justicia. El objetivo de este estudio fue realizar un análisis exhaustivo referente a la normativa que se refiere a la prueba en las garantías jurisdiccionales, donde se abordará principalmente como la inadecuada regulación de la práctica de la prueba afecta la garantía del derecho al debido proceso. Los resultados mostraron las condiciones para la práctica de la prueba dentro de las audiencias de garantías jurisdiccionales a efectos de contar con una normativa que garantice seguridad jurídica, equidad y eficacia en la administración de justicia constitucional.
Constitutional law, as a branch of public law, seeks to guarantee fundamental rights through the Constitution of the Republic of Ecuador, which establishes several jurisdictional actions to protect human rights. The Organic Law on Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control (LOGJCC) regulates these guarantees, but presents limitations regarding the taking of evidence, a key element in ensuring due process and justice. The objective of this study was to conduct a comprehensive analysis of the regulations regarding evidence in jurisdictional guarantees. It will primarily address how the inadequate regulation of the taking of evidence affects the guarantee of the right to due process. The results revealed the conditions for the taking of evidence within jurisdictional guarantee hearings in order to have regulations that guarantee legal certainty, equity, and effectiveness in the administration of constitutional justice.
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Detalles del artículo
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