Admisibilidad de la prueba digital en los procedimientos judiciales según la normativa ecuatoriana
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Este estudio analiza si la normativa ecuatoriana sobre la admisibilidad de pruebas digitales en los procesos judiciales es suficiente y adecuada para garantizar su validez y fiabilidad. Se examinan las percepciones de las partes procesales respecto a la legislación vigente, que incluye el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. Además, se investigan los desafíos que enfrentan los operadores de justicia y las partes involucradas al presentar o solicitar pruebas digitales, considerando los aspectos técnicos y jurídicos que influyen en su admisibilidad. El estudio utiliza un enfoque descriptivo y comparativo, analizando la normativa ecuatoriana en contraste con la de otros países. Los resultados muestran que existen vacíos normativos y la necesidad de reformas para mejorar la regulación y gestión de las pruebas digitales en el sistema judicial ecuatoriano. Se concluye que es urgente la implementación de una reforma normativa que regule de manera más precisa la admisibilidad de pruebas digitales y que la capacitación de los profesionales del derecho en este campo es fundamental para garantizar la correcta aplicación de la normativa.
This study analyzes whether Ecuadorian regulations on the admissibility of digital evidence in judicial proceedings are sufficient and adequate to ensure its validity and reliability. It examines the perceptions of the procedural parties with respect to the current legislation, which includes the General Organic Code of Proceedings, the Comprehensive Organic Criminal Code and the Law of Electronic Commerce, Signatures and Data Messages. In addition, the challenges faced by justice operators and the parties involved when presenting or requesting digital evidence are investigated, considering the technical and legal aspects that influence its admissibility. The study uses a descriptive and comparative approach, analyzing Ecuadorian regulations in contrast with those of other countries. The results show that there are regulatory gaps and the need for reforms to improve the regulation and management of digital evidence in the Ecuadorian judicial system. It is concluded that it is urgent to implement a normative reform that regulates more precisely the admissibility of digital evidence and that the training of legal professionals in this field is essential to ensure the correct application of the regulations.
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