Protección Integral de la Niñez en Ecuador a través de métodos alternativos de solución de conflictos

• Resumen
• Abstract

El presente artículo examina la funcionalidad de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) en el derecho de familia ecuatoriano, enfocándose en su adecuación al principio del interés superior del niño, reconocido en normas nacionales e internacionales. Algunos de los mecanismos como la mediación y la conciliación promueven soluciones ágiles y pacíficas, su uso en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes exige criterios técnicos rigurosos, control judicial efectivo y acompañamiento psicosocial. A través de un análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial, se identifican vacíos normativos, riesgos potenciales y buenas prácticas aplicables. Se concluye que los MASC deben ser aplicados desde un enfoque garantista, que asegure la participación efectiva del niño, niña o adolescente y la tutela integral de sus derechos. La investigación resalta la necesidad de una normativa específica y de una formación especializada para operadores jurídicos, con el fin de asegurar la protección sustantiva de la niñez y adolescencia en los procesos de resolución alternativa.

This article examines the functionality of alternative dispute resolution methods (ADR) in Ecuadorian family law,
focusing on their adequacy to the principle of the best interests of the child, recognized in national and international
standards. Some of the mechanisms such as mediation and conciliation promote agile and peaceful solutions, their
use in cases involving children and adolescents requires rigorous technical criteria, effective judicial control and
psychosocial support. Through a doctrinal, normative and jurisprudential analysis, regulatory gaps, potential risks
and applicable good practices are identified. It is concluded that ADR should be applied from a guarantee approach,
which ensures the effective participation of the child and the comprehensive protection of his or her rights. The
research highlights the need for specific regulations and specialized training for legal operators in order to ensure the
substantive protection of children and adolescents in ADR processes.