La ética jurídica su impacto en el sistema penal ecuatoriano: necesidades y desafíos

• Resumen
• Abstract

La corrupción judicial en Ecuador socava la legitimidad del Estado de derecho y la confianza ciudadana. Este estudio analiza la influencia de la ética profesional y la moral jurídica del abogado en los actos de corrupción dentro del sistema penal ecuatoriano entre julio de 2024 y mayo de 2025. El equipo de investigación aplicó un enfoque cualitativo-documental que integró jurisprudencia, expedientes disciplinarios del Consejo de la Judicatura, informes institucionales, doctrina especializada y un análisis comparado con los modelos disciplinarios de Colombia y España. Los resultados muestran que en ese período 138 jueces perdieron su cargo: 45 por error inexcusable y 93 tras la entrada en vigor de la Ley de Integridad Pública. Estos datos revelan un régimen sancionador reactivo, politizado y opaco. Con base en estos hallazgos, el estudio propone crear una Comisión Nacional de Ética Jurídica autónoma, extender la figura del error inexcusable a los abogados litigantes, implementar auditorías éticas periódicas y establecer un registro público de sanciones. Estas medidas buscan transformar la ética jurídica de un ideal abstracto en un estándar operativo efectivo.

Judicial corruption in Ecuador undermines the rule of law and public trust. This study analyzes how lawyers’ professional ethics and legal morality influence acts of corruption in Ecuador’s criminal justice system between July 2024 and May 2025. The research team used a qualitative-documentary approach that combined jurisprudence, disciplinary case files from the Judicial Council, institutional reports, specialized legal doctrine, and a comparative analysis of disciplinary models in Colombia and Spain. Findings show that 138 judges lost their positions during this period 45 for inexcusable error and 93 after the Public Integrity Law took effect. These figures expose a reactive, politicized, and opaque disciplinary regime. Based on this evidence, the study proposes establishing an autonomous National Commission on Legal Ethics, extending the inexcusable error standard to litigating attorneys, conducting periodic ethical audits, and creating a public registry of sanctions. These measures aim to turn legal ethics from an abstract ideal into an effective operational standard.