Derecho a la consulta previa caso Sarayaku análisis judicial e impacto en pueblos indígenas
Right to prior consultation in the Sarayaku case: judicial analysis and impact on indigenous peoplesContenido principal del artículo
La consulta previa, libre e informada (CPLI) constituye un derecho fundamental de los pueblos indígenas, sin embargo, su aplicación en Ecuador presenta serias limitaciones, como se evidenció en el caso del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. A pesar de la sentencia internacional a su favor, persisten vacíos sobre cómo los procedimientos judiciales garantizan efectivamente este derecho colectivo. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto del litigio internacional Sarayaku en la garantía de la CPLI y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Se utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa, que incluyó el análisis documental de sentencias y normativas, encuestas tipo Likert aplicadas a 291 comuneros, y entrevistas semiestructuradas. Los hallazgos revelan que el 42 % percibe ausencia de garantías procesales y el 43 % considera insuficientes las reparaciones. Se concluye que la falta de implementación plena de la CPLI debilita la legitimidad judicial, por lo que se propone una ley orgánica y un ente autónomo de supervisión.
Prior, free, and informed consultation (PFIC) is a fundamental right of indigenous peoples. However, its implementation in Ecuador has serious limitations, as evidenced in the case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku. Despite the international ruling in their favor, there remain gaps in how judicial proceedings effectively guarantee this collective right. This research aimed to evaluate the impact of the Sarayaku international litigation on guaranteeing FPIC and protecting the rights of indigenous peoples. A qualitative and quantitative methodology was used, including documentary analysis of rulings and regulations, Likert-type surveys applied to 291 community members, and semi-structured interviews. The findings reveal that 42% perceive a lack of procedural guarantees and 43% consider reparations to be insufficient. It is concluded that the lack of full implementation of CPLI weakens judicial legitimacy, and therefore an organic law and an autonomous supervisory body are proposed.
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