La prueba digital en el proceso civil ecuatoriano: ¿estamos preparados jurídicamente?
Digital evidence in ecuadorian civil proceedings: ¿are we prepared from a legal standpoint?Contenido principal del artículo
La incorporación de la prueba digital en el proceso civil ecuatoriano constituye uno de los principales desafíos del derecho procesal contemporáneo. Aunque el Código Orgánico General de Procesos reconoce la validez de los documentos electrónicos como originales, persisten vacíos normativos en torno a su admisión, verificación y valoración, especialmente respecto al artículo 202. El objetivo del estudio consistió en Analizar los vacíos normativos y procedimentales del artículo 202 del Código Orgánico General de Procesos en relación con la prueba digital, y determinar su impacto en la seguridad jurídica dentro del proceso civil ecuatoriano. El Método utilizado fue una investigación cualitativa de carácter descriptivo y exploratorio, basada en el método bibliográfico-documental, revisión doctrinal, normativa y jurisprudencial, así como entrevistas a tres jueces de las ciudades de Santo Domingo y Quevedo. La información fue sometida a análisis inductivo para identificar categorías relacionadas con autenticidad, valoración y control procesal de la prueba digital. Los resultados muestran que, aunque existe un reconocimiento general de la prueba digital, su aplicación es limitada y carece de criterios uniformes. La regulación vigente resulta superficial y no establece protocolos técnicos claros, lo que incrementa la discrecionalidad judicial y afecta la seguridad jurídica. Se concluye que el artículo 202 presenta un alcance declarativo insuficiente frente a las exigencias tecnológicas actuales. Se propone fortalecer el marco normativo mediante reformas que incorporen mecanismos obligatorios de verificación técnica, articulación interinstitucional y registro digital estandarizado, con el fin de consolidar un sistema probatorio confiable y acorde con los principios del debido proceso.
The incorporation of digital evidence into Ecuadorian civil proceedings constitutes one of the main challenges of contemporary procedural law. Although the General Organic Code of Procedures recognizes the validity of electronic documents as originals, regulatory gaps persist regarding their admission, verification, and evaluation, especially with respect to Article 202. The objective of this study was to analyze the regulatory and procedural gaps in Article 202 of the General Organic Code of Procedures in relation to digital evidence and to determine its impact on legal certainty within Ecuadorian civil proceedings. The method used was a qualitative, descriptive, and exploratory investigation, based on a bibliographic-documentary method, a review of legal doctrine, regulations, and jurisprudence, as well as interviews with three judges from the cities of Santo Domingo and Quevedo. The information was subjected to inductive analysis to identify categories related to the authenticity, evaluation, and procedural control of digital evidence. The results show that, although there is general recognition of digital evidence, its application is limited and lacks uniform criteria. The current regulations are superficial and lack clear technical protocols, which increases judicial discretion and undermines legal certainty. It is concluded that Article 202 has insufficient declaratory scope in the face of current technological demands. It is proposed that the regulatory framework be strengthened through reforms that incorporate mandatory mechanisms for technical verification, inter-institutional coordination, and standardized digital registration, in order to consolidate a reliable evidentiary system consistent with the principles of due process.
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