Inconstitucionalidad de la prohibición de sustituir la prisión preventiva en el Ecuador
Unconstitutionality of the prohibition to substitute pre-trial detention in EcuadorBarra lateral del artículo
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La prisión preventiva constituye la medida cautelar más restrictiva del derecho a la libertad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El estudio tuvo por objetivo analizar la inconstitucionalidad de la prohibición de sustituir la prisión preventiva por otras medidas cautelares, en infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años. La investigación fue cualitativa con diseño jurídico-dogmático, empleando análisis documental de sentencias constitucionales, normativa nacional y doctrina especializada mediante una matriz de análisis de contenido. Los resultados evidenciaron que el 100 % de los principios constitucionales examinados resultaba vulnerado por la prohibición, identificando tres causas principales de inconstitucionalidad y dos sentencias posteriores que consolidaron la doctrina constitucional. Se concluyó que la Sentencia 8-20-CN/21 restauró la potestad jurisdiccional del juez como garante constitucional, desplazando el automatismo punitivo hacia un modelo cautelar ponderado y dinámico.
Pre-trial detention constitutes the most restrictive precautionary measure regarding the right to liberty within the Ecuadorian legal system. The objective of this study was to analyze the unconstitutionality of the prohibition against substituting pre-trial detention with alternative measures for offenses punishable by imprisonment exceeding five years. The research followed a qualitative approach with a legal-dogmatic design, employing documentary analysis of constitutional rulings, national legislation, and specialized legal doctrine through a content analysis matrix. The results evidenced that 100% of the constitutional principles examined were infringed by this prohibition, identifying three main causes of unconstitutionality and two subsequent rulings that consolidated constitutional doctrine. It was concluded that Judgment No. 8-20-CN/21 restored the jurisdictional authority of the judge as a constitutional guarantor, shifting from punitive automatism toward a balanced and dynamic precautionary model.
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