Debido proceso en audiencias de flagrancia por contravenciones de tránsito en Ecuador

• Resumen
• Abstract

El estudio analiza la tensión entre la celeridad del procedimiento expedito para contravenciones de tránsito en flagrancia y las garantías del debido proceso en Ecuador. Su objetivo fue identificar las vulneraciones asociadas con la ausencia de un acusador técnico institucional, contrastar el modelo ecuatoriano con soluciones de Colombia y Chile y formular una reforma basada en el Modelo de Dirección Judicial Pasiva-Garante. Se aplicó un enfoque cualitativo, de tipo jurídico-documental y diseño analítico-comparado, mediante revisión de normas, doctrina, jurisprudencia y tres actas de audiencias de Guayaquil correspondientes a 2026. Los resultados muestran que la falta de una parte acusadora favorece la intervención judicial probatoria, debilita la imparcialidad objetiva y puede conferir al parte policial un peso incompatible con la presunción de inocencia; sin embargo, la celeridad no es por sí misma contraria a las garantías. Se concluye que el artículo 645 del COIP requiere salvaguardas institucionales: representación técnica, tiempo mínimo de preparación, contradicción del parte y controles de registro y supervisión.

This study examines the tension between the expeditious procedure for traffic infractions committed in flagrante delicto and due-process guarantees in Ecuador. Its objective was to identify violations associated with the absence of an institutional technical prosecutor, compare the Ecuadorian model with safeguards adopted in Colombia and Chile, and formulate a reform based on the Passive-Guarantor Judicial Management Model. A qualitative, legal-documentary approach and an analytical-comparative design were applied through a review of legislation, doctrine, case law, and three hearing records from Guayaquil dating from 2026. The findings show that the absence of an accusing party encourages judicial evidentiary intervention, weakens objective impartiality, and may give the police report a weight incompatible with the presumption of innocence; nevertheless, speed is not inherently inconsistent with due process. The study concludes that Article 645 of the Comprehensive Organic Criminal Code requires institutional safeguards, including technical representation, minimum preparation time, adversarial testing of the police report, and recording and oversight mechanisms.