El desistimiento según el Código Orgánico General de Procesos y su diferencia con lo regulado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

• Resumen
• Abstract

En este artículo se revisa la figura jurídica del desistimiento conforme lo regulado en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y sus particularidades conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). El objetivo de este estudio es identificar diferencias y similitudes que estos instrumentos jurídicos tienen dentro del sistema judicial del país. Se empleó el método dogmático bajo el enfoque cualitativo. Los resultados consisten en un desglose del desistimiento según el COGEP y LOGJCC detallando el contenido de los artículos relacionados. Se concluyó que mientras que en la justicia ordinaria impera el principio dispositivo, el proceso puede concluir por la mera voluntad del accionante, en la constitucional éste se ve condicionado a la tutela de los derechos constitucionales, en donde las y los juzgadores asumen un rol activo, pudiendo incluso proseguir la contienda judicial si se evidencia la existencia de una real violación de derechos

This article reviews the legal figure of withdrawal as regulated in the General Organic Code of Proceedings (COGEP) and its particularities under the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control (LOGJCC). The objective of this study is to identify differences and similarities that these legal instruments have within the country's judicial system. The dogmatic method was used under a qualitative approach. The results consist of a breakdown of the withdrawal according to the COGEP and LOGJCC detailing the content of the related articles. It was concluded that while in ordinary justice the dispositive principle prevails, the process can be concluded by the mere will of the plaintiff, in constitutional justice it is conditioned to the protection of constitutional rights, where the judges assume an active role, and can even continue the judicial process if there is evidence of a real violation of rights.