Reparación integral de las víctimas frente a formalismos procesales: Responsabilidad civil ante accidentes de tránsito

• Resumen
• Abstract

Este artículo analiza, desde una perspectiva constitucional, jurisprudencial y comparada, la legitimidad de condicionar el ejercicio de la acción civil de reparación integral a la existencia de una sentencia penal condenatoria, en casos de accidentes de tránsito con resultado de muerte. Se toma como caso emblemático la Sentencia No. 1714-19-EP/23 de la Corte Constitucional del Ecuador, en la que se validó la decisión de la Corte Nacional de Justicia que rechazó una demanda civil por ausencia de condena penal. Se emplea un enfoque jurídico mixto que combina el método dogmático, jurisprudencial, derecho comparado y análisis empírico mediante la aplicación de una escala de Likert a 42 operadores jurídicos. Los resultados evidencian una contradicción entre la práctica judicial ecuatoriana y el principio constitucional de reparación integral. Se concluye que la exigencia de sentencia penal constituye una barrera inconstitucional al acceso a la justicia de las víctimas, y se proponen reformas normativas.

This article analyzes, from a constitutional, jurisprudential, and comparative perspective, the legitimacy of conditioning the exercise of a civil action for comprehensive reparation on the existence of a criminal conviction in cases of traffic accidents resulting in death. It takes as an emblematic case Judgment No. 1714-19-EP/23 of the Constitutional Court of Ecuador, which upheld the decision of the National Court of Justice that rejected a civil claim for lack of a criminal conviction. A mixed legal approach is used, combining dogmatic methods, jurisprudential methods, comparative law, and empirical analysis by applying a Likert scale to 42 legal practitioners. The results reveal a contradiction between Ecuadorian judicial practice and the constitutional principle of comprehensive reparation. It concludes that the requirement for a criminal conviction constitutes an unconstitutional barrier to victims' access to justice, and regulatory reforms are proposed.