Perspectivas jurídicas sobre la inconstitucionalidad de la apelación del acuerdo ministerial MDT-2024-041 en Ecuador

• Resumen
• Abstract

El procedimiento de visto bueno laboral en Ecuador ha experimentado transformaciones significativas tras la promulgación del Acuerdo Ministerial MDT-2024-041 y su reforma, que introdujeron una instancia adicional de apelación administrativa dentro del mismo órgano administrativo, alterando la estructura tradicional que reservaba la revisión exclusivamente al ámbito judicial. El objetivo de este estudio es analizar perspectivas jurídicas sobre la inconstitucionalidad de la apelación del Acuerdo Ministerial MDT-2024-041 en Ecuador. Se recurrió a una metodología cualitativa y hermenéutica que articuló análisis normativo, doctrinal y entrevistas a nueve inspectores de trabajo, jueces laborales y el Director regional de Manabí. Los hallazgos revelan que la judicatura reconoce exclusivamente las resoluciones emitidas por los inspectores de trabajo como válidas, desestimando las dictadas por los directores regionales, evidenciando la falta de eficacia real de la nueva figura. Por lo que, se concluye que la apelación administrativa es incompatible con el marco constitucional ecuatoriano y requiere reforma urgente para restablecer la coherencia del sistema de protección laboral.

The labor approval procedure in Ecuador has undergone significant transformations following the enactment of Ministerial Agreement MDT-2024-041 and its reform, which introduced an additional administrative appeal process within the same administrative body, altering the traditional structure that reserved review exclusively for the judicial sphere. The objective of this study is to analyze legal perspectives on the unconstitutionality of the appeal process under Ministerial Agreement MDT-2024-041 in Ecuador. A qualitative and hermeneutical methodology was used, combining normative and doctrinal analysis and interviews with nine labor inspectors, labor judges, and the Regional Director of Manabí. The findings reveal that the judiciary recognizes only resolutions issued by labor inspectors as valid, dismissing those issued by regional directors, demonstrating the lack of real effectiveness of the new procedure. Therefore, it is concluded that the administrative appeal process is incompatible with the Ecuadorian constitutional framework and requires urgent reform to restore the coherence of the labor protection system.