La acción de protección frente a la desvinculación de servidores públicos en Ecuador: reglas y motivación judicial
Constitutional protection action against the dismissal of public servants in Ecuador: legal rules and judicial reasoningContenido principal del artículo
El artículo analiza la procedencia de la acción de protección frente a la desvinculación de servidores públicos en Ecuador, con énfasis en su relación con la jurisdicción contencioso-administrativa. Se desarrolló una investigación cualitativa, documental y jurídico-hermenéutica, basada en el análisis de la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y jurisprudencia constitucional relevante, especialmente las sentencias 2006-18-EP/24 y 556-20-EP/24. El análisis diferencia la regla general de competencia contencioso-administrativa de los supuestos excepcionales asociados con afectaciones graves a la dignidad o autonomía, discriminación o urgencia. Los resultados evidencian que esta regla no implica la exclusión automática de la garantía por razón de la materia, sino que exige valorar las circunstancias del caso y motivar la idoneidad y eficacia de la vía ordinaria. Se concluye que la decisión judicial debe considerar los hechos, los derechos alegados y la respuesta jurisdiccional disponible, evitando tanto la sustitución indiscriminada de los mecanismos ordinarios como su aplicación formalista.
The article examines the admissibility of the constitutional protection action in cases involving the dismissal of public servants in Ecuador, with particular emphasis on its relationship to administrative litigation jurisdiction. A qualitative, documentary, and legal-hermeneutic study was conducted based on an analysis of the Constitution, the Organic Law on Jurisdictional Guarantees and Constitutional Review, and relevant constitutional case law, particularly Judgments No. 2006-18-EP/24 and No. 556-20-EP/24. The analysis distinguishes the general rule of administrative litigation jurisdiction from exceptional circumstances involving serious violations of dignity or autonomy, discrimination, or urgency. The findings show that this rule does not entail the automatic exclusion of the constitutional guarantee on subject-matter grounds; rather, it requires an assessment of the circumstances of each case and a reasoned determination of the suitability and effectiveness of the ordinary judicial remedy. It is concluded that judicial decision-making must take into account the facts, the rights invoked, and the available judicial remedy, thereby avoiding both the indiscriminate substitution of ordinary legal mechanisms and their formalistic application.
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